Consejero atacameño Iván Galleguillos destaca participación de las comunidades indígenas en la elaboración de la Estrategia Minera Región de Antofagasta 2023-2050
ETAPA FINAL. La entrega oficial de la EMRA para el bienestar y vínculación con los territorios será realizada el próximo 5 de octubre en una ceremonia donde participarán expertos de la OECD y autoridades nacionales.
Continuando con la puesta en marcha de la Tercera Misión OECD y la etapa final de este proceso, que se concluirá con la entrega oficial de la Estrategia Minera Región de Antofagasta (EMRA) 2023-2050, por parte de los expertos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) quienes ejecutaron esta iniciativa.
La EMRA ha sido liderada por el Gobierno Regional de Antofagasta y coordinada técnicamente por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte (IPP UCN).
El actual consejero atacameño Iván Galleguillos Morel analizó este proceso y la participación que han sostenido y seguirán manteniendo las comunidades indígenas dentro del instrumento estratégico regional, que será entregado oficialmente en una actividad planificada para este 5 de octubre en la explanada de las Ruinas de Huanchaca, a las 10:30 horas.
En el marco de la entrega de la Estrategia Minera Región de Antofagasta, ¿qué le parece que este nuevo instrumento haya incluido las demandas, sugerencias y solicitudes de la comunidades?
-Es importante que se incluyan nuestros temas, en esta línea parto de la base de la autonomía de las comunidades reconocida tanto en la legislación nacional, como por ejemplo la Ley Indígena o el convenio 169 de la OIT. Si bien somos comunidades autónomas e independientes, tenemos aspiraciones, anhelos o propuestas comunes, por lo que necesitamos ser parte y estar presentes en este proceso, ya que contamos con el conocimiento ancestral de nuestro territorio y hábitat y con nuestra propia cosmovisión. Podemos contribuir en este proceso común, en plantear aquellos aspectos que requieren una mayor protección por parte de nuestras autoridades y señalar aquellos temas más sensibles, apoyando una propuesta justa y con sentido de multiculturalidad.
De acuerdo a lo recabado en la Segunda Misión en terreno y esta puesta en marcha hacia la Tercera, los equipos del IPP UCN y GORE han vuelto a los territorios para contar con sus apreciaciones sobre este proceso y su aprobación, ¿qué espera sobre dicho proceso?
-Este proceso es muy relevante para nosotros, necesitamos en primer lugar comprenderlo cabalmente en su diagnóstico, su eventual ejecución y resultados esperados, ya que es un instrumento nuevo en donde todas las partes intervinientes estamos aprendiendo durante el proceso. Nosotros plateamos a esta comisión, el poder contar con un borrador del instrumento para informarnos y tener una participación acorde a lo establecido en el convenio 169 de la OIT.
Este documento tendrá una proyección hasta el año 2050, por lo que se requiere unir las voluntades de todos los partícipes de este proceso; no obstante, las comunidades actualmente tienen necesidades que requieren una acción el día de hoy y que sea concreta por parte de nuestras autoridades. Puesto que el Estado, los gobiernos regionales y comunales deben darle a la Ley Indígena el realce y significación que tiene para el mundo indígena, en donde existen consejeros, que son los representantes de todos los pueblos originarios, los que fueron electos democráticamente.
¿Qué opina sobre la diferenciación de este proceso con los anteriores?, al aunar al sector público, privado y a la sociedad civil y conformar un Nuevo Pacto Social que busca trabajar en conjunto en pos del territorio y sus habitantes.
-Nosotros queremos validar este documento, siempre y cuando nos represente, respetando nuestra autonomía, tradiciones, cultura y cosmovisión. Estamos participando hasta concretar un resultado que sea positivo para todas las partes. Creemos que este tipo de instancias son relevantes, pero no son suficientes para sentirnos completamente respaldados o que se concreten respuestas y acciones, como por ejemplo la necesidad de contar con agua potable en las comunas de San Pedro de Atacama.
Como indicó el Presidente Gabriel Boric en su discurso que pronunció en nuestra región, no es posible que en pleno siglo 21 y en una zona donde se concentra un sector minero importante, no cuente con luz o agua potable.
Esperamos que esto no se convierta en una mesa más, sino que contemos con resultados concretos hacia las comunidades indígenas, sobre temas medio ambientales, salud, desarrollo, agua potable, educación y qué mejor que este proceso para que podamos expresar nuestros legítimos requerimientos y que exista un desarrollo con identidad cultural, y protección a todos los temas mencionados.
Luego de entregar esta estrategia regional en octubre, necesitará ser regulada mediante una gobernanza territorial, ¿cuál debería ser el foco principal de ésta?
-Yo creo que en las gobernanzas deben participar todas las personas, organizaciones que tengan el legítimo derecho a opinar y participar en sus decisiones como el mundo empresarial, el mundo indígena, las municipalidades, entre otros.
Las comunidades cuentan con el Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que exige al Estado consideraciones especiales a las comunidades, sobre todas sus demandas y forma de ver y habitar el territorio.
Esperamos que estas deudas históricas sean solucionadas, como la no extracción de aguas de los ríos parta fines productivos-industriales, que se declaren las napas subterráneas como agotadas, que se revise el distrito minero, porque finalmente queremos contar con una estrategia minera que sea coherente con la situación territorial. En base a eso tenemos que ver si las propuestas de las comunidades y de este consejero indígena, estarán plasmadas en el documento final. Es por esto que necesitamos convenios y trabajar en proyectos que apoyen las reales necesidades de las comunas con una gobernanza que las regule.
Desde su rol como consejero nacional, ¿cómo podría apoyar este proceso regional?
-En mi rol como consejero indígena y representante del pueblo Lickan Antay, que fui electo por un periodo de cuatro años, dentro de mis responsabilidades está velar por los derechos de las comunidades, apoyando este proceso, convocando a las comunidades, participando y escuchado la postura de cada una de éstas, sin perder de vista su propia autonomía y posición final respecto al proceso.
Para mí este proceso es muy importante, no podemos dejar pasar esta oportunidad de ser parte de un plan estratégico como éste, todos los procesos son importantes y requieren de un esfuerzo extra por parte de sus dirigentes, por ende no podemos restarnos, estemos de acuerdo con él o no. En lo personal insto a que todas las comunidades participen de este desarrollo, la idea siempre va a ser -sin perder la cosmovisión- poder levantar sus necesidades y preocupaciones, para que sus legítimos intereses se vean contemplados en este documento.
"Si bien somos comunidades autónomas, tenemos aspiraciones o propuestas comunes, por lo que necesitamos ser parte y estar presentes en esta iniciativa regional". "No podemos dejar pasar esta oportunidad de ser parte de un plan estratégico como la EMRA. Todos los procesos son importantes y requieren de un esfuerzo extra de sus dirigentes".