Reforma previsional
Uno de los nudos de la reforma previsional del Gobierno refiere a la separación de la industria en dos partes: la primera en quienes administren los fondos previsionales y la segunda en quienes gestionan los temas administrativos, como el pago de las pensiones, tramitación de pensiones, certificados, trámites generales, etc.Lo primero que es importante considerar es que la propuesta propiamente tal no mejora las pensiones. Los argumentos del Gobierno sobre las eficiencias ganadas están llenos de dudas, son aventurados y todo podría terminar costando más a los chilenos. Pero quizás lo peor es la de atacar a una de las principales virtudes de la capitalización individual, que es la gestión operativa, de probada eficiencia, con los tres retiros previsionales y sus casi 30 millones de solicitudes ejecutadas.
Es importante concentrarse en las propuestas que de verdad aumenten las pensiones: incrementar el porcentaje de cotización mensual, generar incentivos para retrasar la pensión o mejorar la política de inversión para obtener mayor rentabilidad en el largo plazo.
Eduardo Jerez Sanhueza
Norma en campo dunar
La normativa del Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar, instrumento publicado en el Diario Oficial del 13/12/2002, establece para su zona V3, en donde se localizan los edificios afectados por los socavones, que la superficie predial mínima es de 2.000 m2, que el frente predial mínimo es 35 metros y que las alturas máximas para las edificaciones aisladas se determinan de acuerdo a las rasantes establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), con un distaciamiento de 7 metros al deslinde y con un coeficiente máximo 0,30 de ocupación de suelo .
Los edificios que tengan más de 7 metros de altura que se emplacen en terrenos con pendiente igual o superior a 29° tienen que ser escalonados o aterrazados, con un distanciamiento mínimo de 4 metros al deslinde y en ambos tipos de edificaciones se contempla una densidad neta máxima de 1.300 habitantes por hectárea, vale decir, 325 viviendas por hectárea. Para estas edificaciones se contempla un coeficiente máximo 0,60 de ocupación de suelo.
Se percibe que los autores del PRC de Viña del Mar privilegiaron con normas más permisivas las edificaciones escalonadas, que por razones obvias, se asientan mucho mejor en las dunas, pero observando el lugar de los hechos, se aprecian unos 3 o 4 edificios aislados y solo uno escalonado, emplazados todos ellos en un territorio en pendiente que supera los 29°.
Patricio Herman
Profesionalización
Luego de 16 meses de la promulgación de la ley de profesionalización, la Dirección del Trabajo proactivamente realizó un programa nacional de fiscalización a los clubes de Primera y Ascenso, y los resultados son claros: casi el 70% fue multado por diversas infracciones. Lo grave es que aún hay clubes que están en incumplimiento con la exigencia de contratación escriturada de por lo menos el 50% de sus jugadoras este primer año, pero lo inaceptable son las multas por no cumplir estándares mínimos para que cualquier trabajadora se desempeñe en sus labores: no entregar ropa de trabajo, no contar con servicios higiénicos para las jugadoras, no pagar las cotizaciones ni suprimir los factores de peligro en el lugar de trabajo, no tener duchas, entre muchas otras. No nos vamos a cansar de decir que las jugadoras somos trabajadoras del fútbol. Lo que se espera de las Sociedades Anónimas Deportivas es lo mínimo: que cumplan con las leyes, el Código del Trabajo y que, como mínimo, no profundicen más las brechas de género en la industria.
Los clubes perdieron 200 millones de pesos en multas, millones que podrían haber ido a disminuir esa brecha.
Camila García
Ley para la Naturaleza
Después de más de 13 años de tramitación y tras ser aprobada por el Congreso en junio pasado, la Ley para la Naturaleza fue finalmente publicada en el Diario Oficial.
Pero con una ley no basta. Nuestra naturaleza requiere también de grandes acuerdos, involucramiento social y decisión política. Los diagnósticos, metodologías, herramientas, experiencias, personas convencidas y líderes comprometidos ya existen; si no, no tendríamos ley.
Entonces, ¿qué falta? Que la sociedad se empodere y se ponga delante de quienes llevan años empujando la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Aún no existe un gran acuerdo transversal para construir, con overol puesto, una nueva institucionalidad que salga del papel y llegue al territorio (incluido el mar), comunicando lo ya construido, estableciendo prioridades, gradualidad y una forma de trabajo transparente a toda prueba, basada en el conocimiento técnico, la experiencia y la colaboración a largo plazo.
Falta una decisión política transversal para generar acuerdos y una trayectoria para la biodiversidad que trascienda los períodos gubernamentales, que logre ampliar significativamente el marco presupuestario estatal, incorpore nuevos mecanismos de financiamiento, establezca mecanismos de pago permanentes en servicios ambientales, garantice mejores condiciones laborales y descentralice la gestión de la biodiversidad.
Fernando Aizman Sevilla
