Históricamente la compra de una vivienda se ha consagrado como una de las mayores aspiraciones o logros para las familias chilenas, sobre todo en los sectores de más bajos recursos, porque se considera un activo que sirve de respaldo económico para alguna situación de emergencia o un bien que asegura el futuro de los hijos.

Sin embargo, las personas que hoy acceden a comprar un bien raíz son cada vez menos y la única solución que les queda es arrendar. Hace 20 años sólo el 13% de los hogares alquilaba, hoy esa cifra se ha duplicado. Las razones que explican este incremento son múltiples, pero lo cierto es que la complejización del escenario inmobiliario, con un aumento sostenido en el precio de las propiedades -suscitado por el alza en los costos de producción- dejan a todos los actores involucrados en este mercado, tanto oferentes como demandantes, en una situación desfavorable.

Y a futuro el panorama parece no ser muy auspicioso: la desaceleración de nuevos proyectos, llevará a una escasez de oferta, lo cual disparará aún más el costo de las propiedades.

Otra tendencia que cobra fuerza y que consolida el mercado del arriendo es la aparición de los multifamily, grupos que se focalizan en la creación de proyectos exclusivamente para alquiler y que podrían aplastar para siempre a los denominados "inversionistas hormiga".

Algunas de las razones que complicaría la participación de este tipo de inversor son las dificultades para acceder a unidades más caras y a las condiciones más restrictivas de las instituciones financieras.

Y si las exigencias de la banca se tornan difíciles para las personas que buscan invertir en un inmueble, lo son aún más para aquellos que requieren financiamiento para comprar su casa propia.

Precisamente, para fomentar el acceso al crédito y dinamizar el mercado inmobiliario, una de las medidas que consideró el Plan de Emergencia Habitacional del actual gobierno, fue la garantía estatal que cubre el 10% del pie para adquirir la primera vivienda (FOGAES).

Sin embargo, la iniciativa, hasta el momento, no ha tenido una buena recepción. Y aunque aún es pronto para realizar balances, creo que la principal causa que explicaría la falta de interés por el FOGAES, es la escasa capacidad de ahorro de las familias. Según nuestros datos, en el primer trimestre de este año, el 65% de las personas que cotizaban una vivienda, no tenían nada ahorrado o tenían menos del 10% para el pie, y para usar este beneficio, un requisito es tener liquidez.

Otro dato para la causa: más del 80% de las personas que buscan un hogar en nuestra red de sitios, se interesa en propiedades con subsidio. Unidades que están por debajo de las 2.500 UF. El FOGAES apunta a propiedades de hasta 4.500 UF.

Una de las alternativas que quizás podría romper el camino sostenido del alza de arrendatarios, es potenciar una política de subsidios que realmente cubra los costos actuales de las viviendas y así cumplir con uno de los anhelos más preciados de las familias del país: convertirse en dueños de una propiedad.

Transcurridos los casi cinco días que abarcaron las celebraciones de Fiestas Patrias en la región, y dejando de lado los balances de seguridad y accidentes por parte de las autoridades, los masivos festejos observados ponen en debate uno de los problemas comunes más complejos de resolver para los habitantes de la capital regional; la convivencia entre el interés público y el respeto al descanso y seguridad de particulares.

Son estas celebraciones, aquellas que despiertan la participación masiva de personas, las que dejan al descubierto la falta de espacios públicos adecuados para el desarrollo de actividades que generan un gran interés popular. Llama la atención que, por décadas, la capital regional no ha logrado resolver el problema de crear un espacio común que permita la congregación abierta y masiva de habitantes para la realización de celebraciones de alta convocatoria. Lugares como el Estadio Regional o intentos como las Ruinas de Huanchaca resultan hoy improbables de repetir y descartados por la experiencia.

Más en el fondo, es en estas circunstancias que se evidencia la falta de planificación urbana que adolece la capital regional desde hace más de una década. Generar y construir un espacio común que permita el desarrollo de espectáculos masivos requiere de un trabajo de largo plazo que oriente y estimule el desarrollo orgánico de la ciudad.

No se trata solo de falta de suelo proyectos, es también el retraso de la actualización del plano regulador y la falta de una agenda pública que de continuidad a iniciativas más allá de las administraciones de turno.

No es difícil pronosticar que de no conjugarse dichas voluntades, los errores y las fallas en la implementación y fiscalización seguirán repitiéndose y que los más perjudicados, una vez más, serán los vecinos que sentirán vulnerados sus derechos y desconfiando de la capacidad de regulación de las instituciones y sus autoridades.