En junio de 2022, Chile dio un paso adelante en su compromiso medioambiental al adoptar la Ley Marco de Cambio Climático, proyectando alcanzar cero emisiones al 2050. Como resultado, en el Índice de Desempeño del Cambio Climático 2023, elaborado por la organización alemana Germanwatch, Chile avanzó del noveno al sexto lugar. Dicho índice compara la protección climática de 63 países y la Unión Europea, responsables de más del 90% de las emisiones globales. A pesar de las áreas de mejora, como el uso de energía, nuestro país ha destacado en energías renovables y emisiones.

No obstante, el desafío persiste. Chile ha experimentado dos décadas de crecimiento económico moderado, y ahora se enfrenta al reto de simultáneamente impulsar su economía y combatir el cambio climático. Pero, lejos de ser un obstáculo, la lucha climática puede ser un motor de crecimiento, especialmente dada la importancia de recursos como el cobre, litio e hidrógeno verde en la transición energética global.

Las recientes políticas gubernamentales lo demuestran. En 2023, el Gobierno aumentó la inversión en ciencia e innovación en un 13,3%, enfocándose en la descarbonización y diversificación productiva. Además, se han establecido fondos significativos para promover sectores emergentes, como la industria del litio e hidrógeno verde, y se están adoptando estrategias flexibles que involucran tanto al sector público como al privado.

El sector agropecuario de Chile enfrenta particularmente los efectos del cambio climático. Aunque es el único sector que consistentemente absorbe dióxido de carbono, también presenta oportunidades de mitigación. Organismos como la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias trabajan en fortalecer la respuesta sectorial frente al cambio climático.

No obstante, los impactos del cambio climático en Chile son vastos. Afectan desde la agricultura y la pesca, pasando por el turismo y la salud, hasta la infraestructura. Cada uno de estos sectores enfrenta retos y oportunidades únicos en el contexto de una economía en evolución y un clima cambiante.

Si bien Chile ha tomado pasos significativos, la urgencia de actuar es palpable. El cambio climático es uno de los principales desafíos globales actuales y, aunque su origen y soluciones puedan ser debatidos, su existencia y repercusiones son innegables. Es esencial que Chile, junto a la comunidad internacional, continúe su camino hacia una economía sostenible, resiliente y equitativa. Las oportunidades son inmensas y el potencial de Chile para liderar en este escenario, indiscutible.

A poco de iniciar la discusión en el Congreso del Presupuesto Nacional 2024, resulta inevitable aventurar los efectos del denominado "Caso Convenios" en la próxima discusión parlamentaria.

Cabe indicar, sin embargo, que algunas de esas medidas ya han sido aplicadas, para el caso de los gobiernos regionales. La circular N°20 de la Dirección de Presupuestos estableció una serie de condicionantes para la firma de convenios entre los Gores y las organizaciones no gubernamentales; experiencia acreditada, boletas de garantías, concordancia con el propósito y origen de las organizaciones, son algunas de ellas.

Casi como un modo de complemento con lo anterior, el Consejo Regional envió una clara señal en el último pleno al rechazar una medida que había implementado el propio Gobierno Regional respecto a la revisión de todos los proyectos que habían sido priorizados para asignaciones directas.

De acuerdo con lo expresado por los consejeros la revisión de los primeros dos proyectos dio cuenta de la imposibilidad de corresponder a la medida. Escaso tiempo de estudio, desconocimiento de la formulación, falta de asesoría para complementar decisiones, fueron algunos de los argumentos esgrimidos para postergar la tarea.

Sin embargo, con las medidas implementadas por la circular, y a falta de un nuevo procedimiento, las dificultades para evaluar iniciativas de asignación directa parecen solo postergarse, pero no resolverse. Ante el incremento de recursos y de instituciones que postulan a los fondos anualmente, la estructura de los gobiernos regionales parece insuficiente ante la gran carga administrativa que demandaría una revisión detallada. Es de esperar, por tanto, que la discusión presupuestaria permita viabilizar una solución que, ponga por delante, la necesidad de mejorar la fiscalización y los criterios de asignación de todo tipo de recursos públicos.