Las alternativas de La Moneda para salvar el veto presidencial a la ley de usurpaciones
INVESTIGACIÓN. El Gobierno tiene hasta hoy para presentar las observaciones las cuales apuntarán a modificar la "autotutela" y la graduación de las penas.
Hoy vence el plazo para que el Ejecutivo presente el veto presidencial a la ley de usurpaciones que fue aprobada por el Senado el pasado 30 de agosto. El camino para llegar a un consenso con la oposición y convencer al oficialismo - especialmente al Frente Amplio y al Partido Comunista - ha sido cuesta arriba para La Moneda.
Las principales preocupaciones del Gobierno radican en como quedó estipulada la "autotutela" ya que a su juicio una persona apoyada por terceros, y sin auxilio de las policías, podría ocupar cualquier herramienta u arma para defenderse ante una usurpación de manera indefinida en el tiempo.
Asimismo, otro interés del Ejecutivo es modificar como quedaron definidas las penas.
En la normativa aprobada por el Congreso se establece que cuando hay violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, se aplicara´ una pena de "presidio menor en su grado medio a máximo" (541 días a 5 años). Mientras que si no hay situaciones de violencia o fuerza, también se aplicará el presidio menor, pero "en su grado mínimo a medio" (61 días a 541 días). Cabe recordar que la normativa vigente no contempla penas de cárcel en el caso de usurpaciones, sólo multas para quienes lo ejecuten ya sea de forma violenta o no violenta.
Si bien se zanjó que se requiere una pena mayor a la que hoy existe en el Código Penal, la graduación de estas fue parte de la negociación para buscar el apoyo de los parlamentarios del PC y FA, incluso la propuesta que se ingresará hoy podría incluir una redacción para que la norma señale que puede haber penas desde una multa hasta presidio, donde el juez podrá evaluar caso a caso qué sanción aplicar.
Asimismo, podrían quedar sin penas de presidio las tomas no violentas con el objetivo de captar la adhesión de los parlamentarios oficialistas.
Oposición
No obstante, la bancada de la UDI de Cámara informó que estarían dispuestos a apoyar un veto si es que se cumplen una serie de condiciones: Primero que se mantenga el carácter de delito de la usurpación. Segundo, que sea un delito permanente en el tiempo. Asimismo, que exista la legítima defensa para los propietarios.
Según detalló el diputado Henry Leal (UDI) habría disposición para establecer una gradualidad en la pena, manteniendo el carácter de delito y que tenga sanciones privativas de libertad.
Trámite legislativo
A través de esta herramienta, el Presidente de la República puede agregar elementos a la ley, lo que se conoce como el veto aditivo; si se reemplaza parte del proyecto se trata de un veto sustitutivo y se elimina parte de la ley es un veto supresivo. La estrategia que utilizaría el Ejecutivo sería realizar una sustitución no total, con el objetivo de cambiar algunos aspectos específicos de la legislación.
Las correcciones que haga el Jefe de Estado deben tener directa relación las ideas matrices de la iniciativa y deben ser sometida a votaciones separadas en ambas Cámaras, partiendo por la instancia que dio origen al texto, que en este caso sería el Senado.
Posteriormente, la Cámara revisora resuelve, en caso de rechazo de alguna observación, si se insiste o no en la mantención de la parte que fue objeto de enmiendas.
Si se rechazan las observaciones del Presidente, ambas Cámaras podrían insistir en la aprobación del mismo, con el acuerdo de los 2/3 de los diputados y senadores. Si es que se rechazan las observaciones y no se alcanza un acuerdo, no habría legislación en la materia en cuestión.