El próximo 17 de diciembre de 2023, Chile se enfrentará a una de las encrucijadas políticas más relevantes de su historia contemporánea: el plebiscito para una nueva constitución. A medida que se acerca la fecha, las señales que entregan las encuestas de opinión pública anticipan un panorama complejo, donde las divisiones profundas y la polarización política podrían desencadenar un segundo resultado adverso. Desde la óptica de las ciencias políticas, es imperativo desentrañar las causas y consecuencias potenciales de un eventual fracaso.

La inminente incapacidad de acuerdos, reflejada en la dinámica actual de la Convención Constitucional, no es un fenómeno aislado. Responde a estructuras políticas y prácticas que privilegian posturas radicales que resisten compromisos. Históricamente, los sistemas políticos que caen en la trampa de la polarización y fragmentación tienden a experimentar dificultades en procesos de cambio institucional significativo.

La polarización no sólo dificulta el consenso, sino que también puede engendrar una dialéctica de antagonismo que debilita la textura democrática de la sociedad. El predominio de posiciones extremas desalientan el compromiso, dificultan la construcción de coaliciones amplias y entorpecen el diálogo y la construcción de pactos duraderos.

Si la polarización y la incapacidad de acuerdos prevalecen, generando un rechazo ciudadano al proyecto constitucional, podríamos enfrentar una profunda crisis de confianza. Los períodos históricos de desilusión colectiva pueden llevar al desencanto democrático, la profundización de erosión de las instituciones y el surgimiento de movimientos populistas o radicales que ofrecen soluciones fáciles a los retos actuales de la sociedad.

Por otro lado, una frustración generalizada podría revitalizar movimientos y tensiones sociales, evidenciando la desconexión entre la clase política y las demandas ciudadanas. La percepción de que las élites políticas son incapaces de alcanzar acuerdos, y que los intereses partidistas prevalecen sobre el bien común, profundiza el escepticismo hacia las instituciones. En un contexto donde la democracia representativa enfrenta cuestionamientos a nivel global, un golpe en la confianza ciudadana puede tener repercusiones a largo plazo en la estabilidad y el desarrollo del país.

La ciencia política, en su análisis constante de fenómenos y tendencias, nos brinda herramientas para comprender y anticipar desafíos. Chile se encuentra en una encrucijada que pone a prueba la robustez de su tejido democrático y su capacidad para renovarse institucionalmente.

El plebiscito del 17 de diciembre es más que una votación; es un termómetro del estado de la democracia chilena y de su capacidad para evolucionar. Los desafíos anticipados requieren de liderazgos lúcidos, dispuestos a priorizar el bien común sobre intereses sectoriales, así como reinventar nuevas formas de hacer política en pro del futuro del país.

El Presidente Gabriel Boric entregó el proyecto de presupuesto 2024, marcando una hoja de ruta para el futuro de Chile. Los principales enfoques de este presupuesto se orientan hacia la seguridad, la migración y la probidad, aunque también abordan otras áreas críticas como la salud, la vivienda y la educación.

La seguridad es un pilar fundamental en este presupuesto. En un mundo donde la paz social y sentirse protegidos son esenciales, el enfoque en combatir la delincuencia común y controlar el crimen organizado es crucial. La seguridad no solo es un requisito para el bienestar de los ciudadanos, sino que también es fundamental para atraer inversiones y promover un entorno propicio para el crecimiento económico.

Asociado a ello, está la migración. La gestión en esta área es esencial para garantizar un flujo ordenado de personas y para evitar el ingreso de delitos importados. El presupuesto prevé recursos para fortalecer los controles migratorios y garantizar que quienes ingresen al país lo hagan de manera legal y regulada.

Mientras que la probidad es un principio básico en la administración pública. El presupuesto busca asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente, reduciendo los abusos y malos manejos. Esto es esencial para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales.

La próxima etapa será la discusión parlamentaria, donde se espera que los representantes de la comunidad sean capaces de canalizar las necesidades y preocupaciones de sus electores. La construcción de un presupuesto equitativo y efectivo es un proceso colaborativo que requiere la participación de todos los sectores de la sociedad.

En última instancia, este presupuesto para el año 2024 busca sentar las bases para un Chile más seguro, equitativo y próspero.

Los últimos tres años han sido difíciles para la economía mundial por la afectación que hemos tenido de covid-19. Éstas y otras dificultades han golpeado a un gran porcentaje de empresarios de diversos rubros que hacen crecer la economía nacional y a la vez generan oportunidades de empleo en cada uno de sus negocios.

Hoy las cifras dan cuenta de una especial reactivación económica, que no necesariamente tiene que ver con el cobre. Y es que el valor de las exportaciones no cobre-litio acumulados desde enero hasta julio del 2023 alcanzaron los US$3.269 millones, un 23,9% respecto a igual periodo el año anterior.

Asimismo, hay que destacar el caso de exportaciones de bienes no cobre-litio, que sumaron US$3.266 millones, con una variación de 23,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras que los servicios totalizaron US$3millones, lo que representa una variación de un 13,8%.

Cifras alentadoras pero que siguen necesitando un nuevo esfuerzo de la institución, y es que en el primer semestre se registraron 1.505 empresas exportadoras de ProChile que realizaron envíos por US$15.608 millones en los primeros 6 meses del año, alcanzando un avance de 48% en la meta propuesta para este 2023. Estas mismas empresas también aportaron 394.499 puestos de trabajo, que también viene en directo beneficio para la economía local, regional y nacional.

Por eso es tan importante promover, facilitar y fortalecer el posicionamiento de nuestra industria en el exterior, destacando el desarrollo tecnológico y la innovación que hace más eficiente y competitiva la oferta exportable. Aquí es donde florecen las alianzas y los apoyos, especialmente del Gobierno Regional de Antofagasta que permitido fomentar la identificación y la internacionalización de la innovación de nuestra región.

Es aquí donde la función de ProChile se concreta y se ve reflejada en números y es que las exportaciones de las empresas usuarias de ProChile ascendieron a US$1.625 millones, lo que representa una variación de un 32,0% respecto del año anterior en este mismo mes. Mientras que el sector con mejor desempeño entre los beneficiarios fue otras actividades mineras con envíos por US$718 millones, demostrando el alto crecimiento de 139,6%.

Algo natural considerando que somos la principal región exportadora de cobre a nivel mundial y que las principales empresas proveedoras de soluciones a la minería han adquirido una reconocida trayectoria a nivel internacional, esa experiencia que poseen los empresarios les otorga un valor agregado y un respaldo que los vuelve más competitivos a nivel mundial.

Por eso estamos convencidos que, con el trabajo que se realiza diariamente, aportamos para reactivar la economía nacional e internacional, apoyando a las empresas chilenas en la promoción, diversificación y estímulo de las exportaciones de bienes y servicios a nuevos mercados, lo que pretendemos sea a través de ProChile por mucho tiempo más.