Eliminar la legítima defensa privilegiada o autotutela, modificar las penas de cárcel y un cambio a la restitución de bienes fueron los puntos del veto presidencial a la Ley de usurpaciones, enviados al Congreso por el Gobierno pasadas las 21:00 horas del viernes, ya que el plazo se terminó a la medianoche de ayer. La normativa ya fue aprobada por el Legislativo, razón por la que ahora el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), deberá revisar el texto del Ejecutivo, cerrado sin acuerdo.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que "se saca todo este régimen especial que fomentaba la autotutela y que permitía que las personas pudieran, por sus propias manos, con armas, con terceros, en cualquier momento, ir a hacer reivindicación de su bien".

No obstante, "se hizo salvaguardando que el delito se mantenga como un delito permanente y que, en todo momento, puedan actuar las policías", detalló la secretaria de Estado.

En segundo lugar, se modificaron las penas "para hacerlas graduales", señaló la ministra: en los casos de "usurpación con violencia e intimidación, se deja la pena que propuso el Parlamento", es decir, "presidio menor en su grado medio a máximo", a diferencia de cuando "sí hay daño en las cosas. Ahí se establece igual pena de cárcel, pero en un grado inferior, queda presidio menor en su grado medio".

"En el caso de la usurpación pacífica, donde no hay violencia e intimidación a las personas y tampoco hay violencia en las cosas, (...) lo que se establece es que el juez va a definir si hay pena de cárcel, que en este caso sería presidio menor en su grado mínimo, o hay multa", señaló la titular de Interior.

La tercera observación del veto firmado por el Presidente Gabriel Boric es "que hay instrumentos por los cuales los propietarios pueden pedir que le restituyan el bien cuando está judicializado el caso". A esto se agregó la "restitución anticipada", con que "se pide que se entregue para disponer del bien cuando hay un proceso judicial en curso", explicó Tohá.

La ministra añadió que "no está cerrado un acuerdo. Hubo harto esfuerzo por lograrlo, pero al final había algunos temas en que no había realmente un entendimiento común, particularmente respecto a cómo debe sancionarse la pena pacífica".

La titular de Interior dijo ayer en Mega que, sin embargo, "había acuerdo en subir penas de cárcel, en la tramitación legislativa se fueron incorporando nuevos temas que lo transformaron en un proyecto que terminó en un formato muy peligroso, porque establecía la autotutela".

Más tarde, desde La Moneda, la ministra vocera, Camila Vallejo, defendió el veto presidencial diciendo que "se estaba desvirtuando esto y estaba abriendo paso a generar una especie de ley de la selva, la ley del más fuerte para enfrentar este tipo de delitos".

Agregó que como se trata de "un veto supresivo, si no se aprueba se mantiene la norma general, que es la que existe hoy día", y dijo que "es importante apelar al sentido común, porque en estos debates no podemos seguir cayendo en el populismo penal".

"presiones del pc"

La bancada de diputados RN envió una carta al Presidente donde afirman que su propuesta "socava" la agenda de seguridad, y "resulta desconcertante la forma en que se gestó este veto y las presiones formuladas desde el PC y el FA". Tohá luego aclaró que "no soy comunista".

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), prevé que "vamos a tener un gran debate" legislativo y, "en términos personales, hubiese preferido tener penas (formuladas en el veto) en todo el tipo de delitos. Yo considero que una toma es violenta sólo por el hecho de ser toma, no hay que necesariamente violentar los bienes materiales, digamos".

"un antes y un después"

El senador Evópoli por La Araucanía, Felipe Kast, quien había impulsado antes del veto la conformación de una mesa de trabajo para la promulgación de la ley, dijo que "una vez más el Presidente Boric junto a la ministra Tohá, se ponen del lado de los delincuentes (...) Ellos desnaturalizaron el corazón del proyecto y claramente no se podría buscar un acuerdo".

Para Kast, quien preside la Comisión de Seguridad del Senado, el veto "marca un antes y un después en las discusiones que voy a tener con el gobierno".