Desde el Palacio de La Moneda reaccionaron a la molestia en el Congreso por la ausencia del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD), en dos citaciones de la comisión investigadora del Caso Convenios.

Después de faltar a las sesiones, surgió la discusión sobre si es o no un funcionario público, ya que al serlo estaría obligado a participar, pero como está contratado a honorarios, se instaló la duda.

En el mismo oficialismo hubo diferencias, ya que un sector defendió al militante de Revolución Democrática, mientras que otros se sumaron a la molestia.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, comentó que "no hay ningún impedimento, él no está obligado a asistir".

"La razón de su consulta tiene que ver con su ex cargo como subsecretario de Desarrollo Regional y en esa condición, va a responder todas las consultas que se han formulado, por escrito", añadió.

En la misma línea, el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló en radio Pauta que el jefe de asesores "es una persona contratada a honorarios".

"La Contraloría ha calificado históricamente a los honorarios y ha señalado que no son funcionarios públicos. Sin perjuicio -esto es relevante- que en su condición de tales, presten servicio al Estado y estén sometidos a ciertas obligaciones públicas", añadió.

Luego, el titular de Justicia detalló que "por eso en ocasiones son calificados como agentes públicos, es decir, tienen algunas obligaciones en temas de probidad, por ejemplo".

Desde la bancada de diputados de la UDI respondieron a las ausencias de Crispi con una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, donde acusaron que la actitud del jefe de asesores es una "afrenta y una actitud ofensiva" al Congreso.

El texto luego afirma que "en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2024 presentaremos una indicación para rebajar a $1 peso la partida correspondiente a la Presidencia de la República -de la cual depende el señor Crispi-, respondiendo así a la afrenta y a la actitud ofensiva de su gobierno con el Congreso Nacional".

"Constituye una señal equívoca y confusa que involucra a toda la administración de Gobierno, puesto que dicha 'estrategia' estuvo avalada -lamentablemente- por el propio ministro de Justicia, señor Luis Cordero", selló la bancada.

Por su parte, el presidente de la UDI, Javier Macaya, criticó que Crispi "no ha tenido respeto por la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados".

Acudir a contraloría

Ayer los diputados Guillermo Ramírez, Juan Manuel Fuenzalida y Felipe Donoso presentaron un requerimiento a Contraloría solicitando que se pronuncie sobre si Crispi es o no empleado fiscal, pero además determinar el tipo de financiamiento del abogado Luis Hermosilla, representante legal del jefe de asesores por la investigación del Ministerio Público.

"En el evento que el ente contralor determine que el señor Miguel Crispi no ostenta la calidad de funcionario público, solicitamos tenga a bien pronunciarse sobre el financiamiento de la defensa legal de dicho servidor, que asumirá el abogado Luis Hermosilla", dice el texto que ingresaron al ente fiscalizador.

Diputados del oficialismo también habían mostrado su molestia con la situación de Crispi e incluso Raúl Soto (PPD) y Marcos Ilabaca (PS) apoyaron la idea del oficio a Contraloría.

El ministerio de Defensa anunció ayer a través de sus redes sociales que esta tarde se espera el arribo al país del primer vuelo de la Fach con chilenos evacuados desde la zona de guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

La ministra Maya Fernández escribió que "ya están embarcando en Madrid los compatriotas que retornan en el Boeing 737 de la Fach" y que el comandante en jefe de la institución castrense le confirmó que el arribo ocurrirá a las 17.00 horas.

Los evacuados, que son 78 y abordaron el cuarto vuelo con chilenos rescatados desde Israel, serán recibidos en el grupo 10 de la Fuerza Aérea por la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá; la ministra (s) de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente; la propia Maya Fernández y el comandante en jefe de la Fach, Hugo Rodríguez.

Poco antes, la Cancillería chilena hizo "un llamado al inmediato cese de los bombardeos indiscriminados contra la franja de Gaza y la urgente apertura de un corredor humanitario que permita hacer llegar suministros esenciales a la población y la evacuación de los heridos".

El número de muertos causados por los bombardeos israelíes en Gaza bordea los 2.000, mientras que el saldo de víctimas de lado israelí causado por el ataque de Hamás se mantiene de momento en torno a 1.400.

"El uso de la fuerza indiscriminada, por parte de todos los actores involucrados, sólo refuerza la actual escalada de violencia y causa mayor sufrimiento a las personas, afectando las vidas de civiles inocentes", añadió el comunicado de la Cancillería.

El Gobierno respaldó además el llamado del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, sobre "la situación de los niños israelíes que han sido secuestrados por Hamas y los niños palestinos y sus madres que permanecen en la Franja de Gaza, exigiendo que los primeros sean liberados de forma inmediata y que a los segundos se les permita salir a través de la frontera con Egipto".