A través de los tiempos las distintas comunidades humanas han adoptado diversas formas de organización de la vida en común, la res publica, muchas veces trasladando o depositando en instituciones, órganos o autoridades públicas el ejercicio de ciertas facultades o potestades relacionadas con la vida en sociedad.

Así entonces surgen los Estados, sus gobiernos, organismos y autoridades públicas, mandatados para el ejercicio de estas potestades públicas en pos del bien común. Estos objetivos de bien común justifican la renuncia o limitación de ciertas libertades e incluso derechos individuales, los cuales ceden en favor del interés colectivo. Luego, existe una delicada interacción entre el ejercicio de las potestades públicas y eventuales limitaciones a las libertades o derechos individuales de los ciudadanos, sólo justificadas en el logro del interés general o bien común. En definitiva, se ha entendido como potestades públicas aquel poder-deber, otorgado por la Constitución o la ley, a un órgano público, para servir a las personas y promover el bien común, atendiendo las necesidades públicas y fomentando el desarrollo del país.

Relacionado con aquello, mencionar que una de las tareas principales de todo texto constitucional dice relación con la regulación de tales potestades públicas y de los órganos u autoridades llamadas a su ejercicio. En efecto, y atendido el principio de juricidad, tales órganos y autoridades sólo podrán ejercer aquellas Potestades Públicas que expresamente les han sido conferidas por la legislación vigente, implicando su contravención la nulidad de derecho público de sus actuaciones.

Luego, el ejercicio de las potestades públicas por parte de las autoridades y organismos del Estado se configura como verdaderas obligaciones y/o cargas de actuaciones, ya que mediante su debido y oportuno cumplimiento se satisfacen los objetivos y necesidades de interés colectivo que han justificado su otorgamiento, por lo que su ejercicio no se configura como meras facultades discrecionales o de oportunidad, sino como verdaderas obligaciones públicas destinadas al interés general.

En lo que interesa, la legislación vigente establece expresamente las autoridades u órganos públicos responsables de la fiscalización, control y denuncia de las infracciones a las normas de transporte terrestre de carga en Antofagasta; recayendo aquello, especialmente, en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Carabineros de Chile y la Municipalidad de Antofagasta. En los lamentables y reiterados accidentes de tránsito en Avenida Salvador Allende, es posible concluir que el Estado, a través de sus autoridades y órganos, no ha dado debido y oportuno cumplimiento a sus obligaciones de fiscalización y control de la normativa relativa al transporte terrestre de carga.

Atendido los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y coordinación de los órganos de la Administración del Estado, todas las entidades antes nombradas han debido implementar medidas y acciones coordinadas y eficaces de fiscalización y sanción de las infracciones a tal legislación, siendo del caso que los reiterados accidentes sólo constatan la inexistencia o ineficacia de tales medidas o acciones. La autoridad de transporte determinó la prohibición de circulación de todo tipo de vehículo por la citada arteria, medida que afecta y limita derechos de los conductores que no tienen vinculación alguna con los accidentes y/o el transporte terrestre de carga; es decir, se encuentra desprovista de toda justificación y proporcionalidad. Además, si la normativa vigente no ha sido eficazmente fiscalizada, ¿quién asegura que la nueva normativa sí lo será?

La selección chilena de fútbol, que recientemente nos brindó tantas alegrías con su "generación dorada", hoy enfrenta uno de los capítulos más oscuros de su historia. En su último compromiso, sufrió una derrota inapelable de 3-0 ante Venezuela, un equipo al que solíamos vencer o, al menos, rescatar empates.

La realidad actual es muy distinta. Los pocos integrantes de la generación dorada que aún forman parte del equipo nacional están lejos de su mejor nivel. Los años en el deporte han dejado su huella, y el rendimiento en el campo de juego ya no es el mismo.

Lamentablemente, esta situación era previsible. Ya en la pasada clasificatoria para la cita mundial, quedó claro que no había un recambio generacional adecuado o que el nivel de los jóvenes talentos emergentes estaba por debajo del de otras selecciones sudamericanas.

La raíz del problema radica en la dirigencia del fútbol chileno, que no ha invertido lo suficiente en la formación de nuevos talentos. No ha entendido que no se puede depender exclusivamente de las figuras del momento. El fútbol requiere de procesos a largo plazo, y desafortunadamente, estos procesos han estado ausentes.

La falta de inversión en la cantera y la formación de jóvenes futbolistas ha tenido un costo. La generación dorada, que nos llevó a vivir momentos inolvidables en las canchas de todo el mundo, está llegando al final de su ciclo. Es hora de mirar hacia el futuro y comenzar a construir un equipo competitivo una vez más.

El desafío para la dirigencia del fútbol chileno es claro: apostar por el desarrollo de talentos desde las edades más tempranas, invertir en infraestructura deportiva y fomentar la pasión por el fútbol en las nuevas generaciones. Solo así podremos esperar que la selección chilena vuelva a brillar en los escenarios internacionales.

La "generación dorada" nos dio razones para soñar, y es responsabilidad de todos construir el camino hacia un futuro en el que la selección chilena pueda seguir brindándonos alegrías en el deporte rey.