Avenida Salvador Allende y potestades públicas
Luis Bastías Eyzaguirre , Abogado
A través de los tiempos las distintas comunidades humanas han adoptado diversas formas de organización de la vida en común, la res publica, muchas veces trasladando o depositando en instituciones, órganos o autoridades públicas el ejercicio de ciertas facultades o potestades relacionadas con la vida en sociedad.
Así entonces surgen los Estados, sus gobiernos, organismos y autoridades públicas, mandatados para el ejercicio de estas potestades públicas en pos del bien común. Estos objetivos de bien común justifican la renuncia o limitación de ciertas libertades e incluso derechos individuales, los cuales ceden en favor del interés colectivo. Luego, existe una delicada interacción entre el ejercicio de las potestades públicas y eventuales limitaciones a las libertades o derechos individuales de los ciudadanos, sólo justificadas en el logro del interés general o bien común. En definitiva, se ha entendido como potestades públicas aquel poder-deber, otorgado por la Constitución o la ley, a un órgano público, para servir a las personas y promover el bien común, atendiendo las necesidades públicas y fomentando el desarrollo del país.
Relacionado con aquello, mencionar que una de las tareas principales de todo texto constitucional dice relación con la regulación de tales potestades públicas y de los órganos u autoridades llamadas a su ejercicio. En efecto, y atendido el principio de juricidad, tales órganos y autoridades sólo podrán ejercer aquellas Potestades Públicas que expresamente les han sido conferidas por la legislación vigente, implicando su contravención la nulidad de derecho público de sus actuaciones.
Luego, el ejercicio de las potestades públicas por parte de las autoridades y organismos del Estado se configura como verdaderas obligaciones y/o cargas de actuaciones, ya que mediante su debido y oportuno cumplimiento se satisfacen los objetivos y necesidades de interés colectivo que han justificado su otorgamiento, por lo que su ejercicio no se configura como meras facultades discrecionales o de oportunidad, sino como verdaderas obligaciones públicas destinadas al interés general.
En lo que interesa, la legislación vigente establece expresamente las autoridades u órganos públicos responsables de la fiscalización, control y denuncia de las infracciones a las normas de transporte terrestre de carga en Antofagasta; recayendo aquello, especialmente, en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Carabineros de Chile y la Municipalidad de Antofagasta. En los lamentables y reiterados accidentes de tránsito en Avenida Salvador Allende, es posible concluir que el Estado, a través de sus autoridades y órganos, no ha dado debido y oportuno cumplimiento a sus obligaciones de fiscalización y control de la normativa relativa al transporte terrestre de carga.
Atendido los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y coordinación de los órganos de la Administración del Estado, todas las entidades antes nombradas han debido implementar medidas y acciones coordinadas y eficaces de fiscalización y sanción de las infracciones a tal legislación, siendo del caso que los reiterados accidentes sólo constatan la inexistencia o ineficacia de tales medidas o acciones. La autoridad de transporte determinó la prohibición de circulación de todo tipo de vehículo por la citada arteria, medida que afecta y limita derechos de los conductores que no tienen vinculación alguna con los accidentes y/o el transporte terrestre de carga; es decir, se encuentra desprovista de toda justificación y proporcionalidad. Además, si la normativa vigente no ha sido eficazmente fiscalizada, ¿quién asegura que la nueva normativa sí lo será?