El Servicio Electoral (Servel) denunció al Partido Comunes por la no rendición administrativa de 142 millones de pesos que entregó el Fisco en 2020 y 2021 a la campaña de la excandidata a gobernadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva, quien es investigada por la Fiscalía por presunto fraude.

La colectividad respondió ayer en un comunicado que "el grueso de la denuncia corresponde al 2021, periodo en que suceden hechos (...) sobre un eventual fraude de subvenciones en contra de la exmilitante de nuestro partido, Karina Oliva, y su directiva central liderada por el exmilitante Jorge Ramírez, expulsados por el Tribunal Supremo de nuestra colectivad y hoy investigados por el Ministerio Público".

Junto con reiterar la voluntad de colaborar con el Servel y la Justicia, Comunes indicó que sabía de la acción del órgano electoral y que "en el corto plazo" interpondrá acciones legales para "esclarecer cualquier tipo de irregularidad que pueda existir respecto del uso de fondos públicos en esos años".

Desde la oposición, la diputada Camila Flores (RN) dijo en Cooperativa que "han pasado ya varios años, por lo tanto que el Ministerio Público comience rápidamente con las formalizaciones que correspondan y se haga justicia. Y que, en este caso y en todos los casos que sean características como este, se apliquen las penas máximas, porque la ciudadanía eso espera, que la ley sea igual para todos y no que existan posiciones de privilegio para algunos por el hecho de ser políticos".

Según La Tercera, uno de los testigos que ya habría declarado en calidad de imputado sería Diego Corvalán, militante de Comunes, quien habría confesado que la ONG Chile Movilizado habría recibido 120 millones de pesos por informes copiados a una consultora.

Según el mismo medio, la denuncia en Fiscalía es del 28 de septiembre y dice que "han transcurrido 217 días del plazo de presentación de los estados financieros del año 2021 y el colectivo (Partido Comunes) no ha presentado la rendición del balance (...). Se advierte que las operaciones descritas, correspondientes al aporte fiscal entregado entre los años 2020 y 2021, ascienden a $ 142.686.823 que no se encuentran acreditados a la fecha, por lo que podrían revestir carácter de delito".