El condicionamiento de matrículas y la suspensión de alumnos en colegios y liceos surge como una medida que hoy evidencia un progresivo aumento, en medio del reconocido clima de violencia y creciente indisciplinas en el sistema de educación escolar a lo largo del país.

Una medida de la que dio muestras el municipio de Santiago en septiembre pasado, con la expulsión de 30 alumnos y la cancelación de matrículas de otros 30 estudiantes.

Para Sahira Aguirre, presidenta de la Asociación Comunal de Centros de Padres y Apoderados de establecimientos municipales de Antofagasta, este tipo de medidas resultan necesarias en casos de mayor gravedad. "Creo que deben seguir tomando las medidas que consideren los protocolos, porque es necesario para tener un orden cuando ya se merece una cancelación de matrícula. Aunque en realidad pareciera que no se aplica, porque hay apoderados que reclaman que la víctima tiene que irse del colegio y el agresor queda. Muchas veces no se concretan, porque es algo que hay que investigar, ver la situación del alumno y la familia; como también para que el alumno no pierda clases también".

"Estas son medidas necesarias, en casos más graves; pero el problema es que van a otros colegios donde va a ocurrir lo mismo. Es una situación compleja, que hay que analizar bien. Ahora, además, como a los niños no se les puede decir nada, creo que eso mismo incide en que haya tantos profesores con licencia médica", opina Aguirre.

De acuerdo a datos de la Superintendencia de Educación, en 2022 se registraron 28 medidas disciplinarias en la Región de Antofagasta. Una cifra que pasó de dos casos en el primer trimestre a 19 en el cuarto trimestre del mismo año. Del total, uno de estos casos correspondió a condicionalidad de matrícula y cinco a cancelaciones de matrículas de párvulo y/o estudiante.

Mientras que este año, se registran 13 medidas disciplinarias durante el primer y segundo trimestre en la región. De estas, dos corresponden a condicionalidad de matrícula y tres a expulsiones

Desde la Seremi de Educación informaron que cuando este tipo de medidas disciplinarias se adoptan bajo la ley denominada Aula Segura, el Departamento Provincial de Educación -perteneciente a la Seremi de Educación- acompaña al estudiante en su reubicación en otro establecimiento educacional.

Esta norma, promulgada en diciembre de 2018, establece este tipo de sanciones. "El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley", dice parte de la ley Aula Segura.

Jonathan Galleguillos, delegado del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación del Instituto Superior Comercio Jerardo Muñoz Campos (Isca), coincide en que este tipo de sanciones resultan pertinentes en casos que afectan a la comunidad escolar.

En abril pasado ocurrió una masiva y violenta riña al interior del establecimiento, que finalizó incluso con algunos alumnos en la Tercera Comisaría de Antofagasta por estos desmanes. "Yo creo que cuando ya se agotaron todas las instancias de diálogo, como se ha hecho en el establecimiento, por la situación que pasó hace algunos meses; y se han adoptado esas expulsiones, al final sí ha mejorado el clima en el establecimiento. Porque lo que uno pretende es que esté bien la mayoría de los estudiantes. Por lo mismo, ha mejorado el clima acá significativamente", indica Galleguillos, quien recuerda que tras ese episodio los docentes del Isca iniciaron una movilización por los frecuentes episodios de maltrato escolar en el recinto.

"Ahí se aplicó la norma Aula Segura y se expulsó a varios estudiantes. Después de ese episodio ha bajado mucho la violencia de los estudiantes en el establecimiento. Si bien aún hay algunos focos, no es como la violencia de aquel momento", explica.

Condiciones externas

Para Galleguillos, como representante gremial del Isca, factores externos inciden en la indisciplina y violencia escolar que puede finalizar con la expulsión o cancelación de matrículas. "Yo creo que no hay grandes problemas con esos estudiantes. En realidad, lo que gatillan estas situaciones de violencia, por lo general, son situaciones externas. Comienzan afuera, donde ellos tienen problemas en los lugares donde viven, en las fiestas en las que se encuentran. Ese tipo de problemas externos revientan acá, porque la mayoría de las veces pasa por eso. Uno trata de mantener el clima de aprendizaje en el liceo, pero hay factores que escapan de los establecimientos; y si bien es cierto las expulsiones han ayudado en cierta manera a enfrentar el tema de los estudiantes que son más problemáticos, cuando uno llega a ese es punto porque ya se agotaron todas las instancias de diálogo".

"Sin embargo, aún así no es una solución, porque al final expulsar a un niño es solamente sacarlo de un establecimiento para ponerlo en otro y no se solucionan los problemas de fondo. Eso es lo que también se debe atacar. Lamentablemente, como que todo se centra en la expulsión, y necesitamos otro tipo de medidas también de intervenciones en torno a los estudiantes", puntualiza Galleguillos.

Acogiendo la preocupación de las vecinas y vecinos del sector La Chimba, la diputada de Avancemos Chile, Yovana Ahumada, presentó un proyecto de ley con el que por medio de una modificación al Código Penal, busca aumentar las penas para quienes provoquen incendios en vertederos, ex vertederos o zonas desérticas que se encuentren cercanas a zonas pobladas. Esto debido a que son las familias más humildes, quienes principalmente sufren a raíz del riesgo que significa perder su vivienda y también respirar el humo tóxico que muchas veces emana de estos siniestros.

Por esta razón, la parlamentaria antofagastina, indicó que "a raíz de los hechos que hemos estado viviendo últimamente en el sector de La Chimba, donde se han producido reiteradas quemas de basura provocadas por personas inescrupulosas, es que hemos ingresado un proyecto que busca sancionar de manera más gravosa este tipo de delitos, aumentando las penas en presidio mayor en cualquiera de sus grados, para que los responsables paguen con cárcel".

"Es importante que luego de escuchar a los vecinos, podamos avanzar legislativamente y es por eso que he levantado este proyecto, que coincide con lo planteado por el consejero regional, Fabián Ossandón, y espero tener una buena acogida por parte del Ejecutivo y de la Comisión de Constitución. Las autoridades debemos dar señales claras, para proteger a las familias y castigar más severamente a quienes no dudan en poner riesgo las vidas de los inocentes. Esa es la dura realidad que viven los habitantes del sector La Chimba, quienes hasta el día de hoy enfrentan una preocupación constante y sin solución a este grave problema", concluyó la diputada Yovana Ahumada.