Agencias

El Gobierno se sumó ayer al llamado urgente a un cese al fuego en la Franja de Gaza e instó a Israel a cumplir las leyes que regulan los conflictos armados y a ejercer su defensa "en el marco del derecho internacional humanitario".

"Chile respalda las declaraciones formuladas con fecha 29 de octubre por parte del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), indicando que Israel debe cumplir las obligaciones legales que emanan de las leyes que regulan los conflictos armados", indicó en un comunicado la Cancillería.

"La legítima autodefensa de un Estado no autoriza el ataque a civiles y siempre debe ser ejercida en el marco del derecho internacional humanitario", añadió el texto.

En los bombardeos que Israel lleva a cabo sobre Gaza desde el pasado 7 de octubre, cuando fue atacado por terroristas islámicos de Hamás, han muerto más de 8.500 personas y más de 21.000 han resultado heridas, según el ministerio de Salud gazatí.

El Ejército israelí bombardeó ayer el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, matando a entre 50 y 145 personas, según distintas fuentes.

Entre las víctimas, según el Ejército israelí, estaría Ibrahim Biari, comandante del Batallón Central Jabaliya de Hamás y quien fue uno de los mandos responsables del ataque terrorista del 7 de octubre contra Israel, que dejó al menos 1.400 muertos y más de 230 secuestrados por la milicia.

El Gobierno pidió asimismo "redoblar los esfuerzos para lograr una tregua de las hostilidades, la protección y resguardo de civiles inocentes y el urgente ingreso de ayuda humanitaria" en Gaza, al tiempo que exigió la liberación "inmediata" de los secuestrados por Hamás.

Con cerca de 500.000 personas, Chile es el mayor refugio de la comunidad palestina fuera del mundo árabe, una migración que se inició a finales del siglo XIX, cuando centenares de palestinos escaparon primero de la dominación otomana, y que se incrementó en el siglo XX con la ocupación israelí.

"Chile reconoce el derecho del Estado de Israel y del Estado de Palestina de coexistir en paz, dentro de fronteras seguras acordadas mutuamente e internacionalmente reconocidas, en conformidad a lo establecido en las resoluciones adoptadas por Naciones Unidas", concluyó el comunicado.

Una mujer de 51 años fue detenida ayer en Coronel, Región del Biobío, por estar en posesión de 6,21 gramos de fentanilo, el peligroso opioide también conocido como "droga zombie".

La PDI informó que el fentanilo estaba mezclado con ketamina y que la detenida, que fue dejada en prisión preventiva durante los tres meses que dure la investigación tras ser formalizada por tráfico de drogas, teníaademás en su casa cannabis sativa, pasta base de cocaína y dinero en efectivo obtenido por la venta de sustancias ilícitas.

La mujer vive en la población Nuevo Amanecer y el fiscal de Análisis Criminal, Felipe Calabrano, dijo que la mezcla de estas sustancia ilícitas es "nueva en el mercado nacional".

El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, manifestó su preocupación por el decomiso de fentanilo en la zona, pues hace menos de una semana fue detenido Raúl Emilio Muñoz, de 56 años, en el paso fronterizo de Pino Hachado, en La Araucanía.

En ese lugar, funcionarios de Aduanas descubrieron que uno de los pasajeros de un bus que provenía de Argentina con destino a Concepción, portaba tres frascos con un líquido que no declaró y que resultaron ser 320 gramos de la "droga zombie".

Una vez que se ha aprobado el proyecto constitucional y se anuncie el plebiscito, se plantea la pregunta de qué será lo relevante a la hora de decidir si aprobarlo o no.

Tres son los criterios posibles que surgen del debate que se ha sostenido durante todos estos años. Y se los describe bien cuando se compara el proyecto con la carta de 1980 (que seguiría vigente si el primero se rechaza).

El primero es atingente al origen de las reglas.

Una de las razones que solio esgrimirse para rechazar la constitución de 1980 (que se intenta reemplazar) fue lo que se ha llamado su origen ilegítimo o, dicho de otro modo, el hecho que haya sido producida en dictadura, sin los habituales mecanismos mediante los que se forma la voluntad popular. Una constitución, se dice, es la manera en que la comunidad política se regula a sí misma, se somete a su propia voluntad general y no a una voluntad ajena a la suya. Desde este punto de vista, la constitución del 80 carecía de legitimidad. Es lo que dijo el presidente Gabriel Boric cuando argumentó en favor del proyecto de la Convención: cualquier cosa -declaró- es mejor que una constitución hecha por cuatro generales.

Así entonces desde ese mismo punto de vista no cabe duda de que, sea cual fuere el contenido del proyecto que ha elaborado el Consejo, es mejor que la carta de 1980 cuando se atiende a la forma en que ha sido producido.

En consecuencia, si se trata de comparar, bajo ese respecto, la carta de 1980 con el proyecto recién salido del Consejo, la conclusión es solo una: el proyecto del Consejo posee plena legitimidad de origen.

El otro criterio ya no dice relación con el origen de la carta constitucional, sino con su contenido.

Lo que se observa en este caso es que el contenido del proyecto presenta en general cuatro características que lo diferencian de la constitución de 1980: consagra derechos sociales de realización progresiva bajo una regla de responsabilidad fiscal; establece que los bienes que subyacen a esos derechos sociales (en cuestiones como salud, educación o pensiones) serán financiados con rentas generales (es decir, por impuestos) pero serán proveídos por instituciones estatales o privadas, ambas gratuitas, de manera que las personas puedan elegir entre ellas; y, en fin, establece un sistema político que disminuye la proliferación de partidos y evita su fragmentación.

El tercer criterio es el espacio que deja a la política o, si se prefiere, a la deliberación democrática.

Por definición las reglas constitucionales consagran alternativas más o menos rígidas, que escapan al juego de la política cotidiana. En este aspecto el proyecto constitucional es mucho más rígido (alguien dirá que más estable en el tiempo) cuando se atiende a las dificultades que posee su reforma). En otras palabras, el proyecto sustrae de la política inmediata importantes cuestiones de política pública, como es el diseño para satisfacer derechos sociales.

Como el papel de la prensa no debe ser aconsejar el voto sino dar razones para que lo decida de acuerdo a su discernimiento, quizá esos criterios le sean útiles.