Exautoridades divididas ante asesoría de Marco Antonio Díaz a campamento
POLÉMICA. Exintendentes y exgobernadora, explicaron sus posturas frente a la defensa que realiza el abogado y que detuvo desalojo de la toma "Villa Mujeres".
Opiniones encontradas, genera entre diversas exautoridades de la región, la actual asesoría legal que lleva adelante el exintendente de Antofagasta, el abogado y militante RN Marco Antonio Díaz, respecto de la defensa de un nuevo asentamiento irregular en el sector norte alto de la ciudad.
Se trata de la toma "Villa Mujeres Cabeza de Familia", la cual el exintendente evitó que fuese desalojada por Bienes Nacionales, el 22 de junio del 2022, cuando llegó hasta el terreno (ubicada en el sector norte alto de la ciudad, a un kilómetro del cementerio Parque del Recuerdo), indicando que todavía quedaba por resolver la interposición de una acción judicial en la Corte Suprema, respecto de un recurso de protección previo.
De acuerdo a lo establecido por Marco Antonio Díaz (en entrevista con este medio, el 16 de octubre de 2023), lo que se buscó con dicha acción "fue colaborar con los recursos administrativos que buscaban detener el desalojo, mientras no se realizará un catastro de las familias (...) mujeres, adultos mayores y niños que, previo a una medida tan drástica como un desalojo, requieren poder acceder a algunos beneficios o políticas públicas".
Dicha intervención, según reconoció el mismo Díaz, ha evitado el desalojo hasta el día de hoy, a la espera de lo que resuelva el máximo tribunal del país.
Críticas
Las acciones del exintendente, han generado una serie de reacciones, algunas apoyando el libre ejercicio de la profesión, mientras otras cuestionan la consecuencia de la exautoridad, quien pasó de intentar reducir los asentamientos, a defenderlos.
Sobre el punto, el exintendente Pablo Toloza (UDI), explicó que "respecto al tema de Marco Antonio, es algo netamente profesional de él, de su oficina. Él tendrá que determinar si efectivamente, ser parte de la defensa o no, corresponde (...) Marco Antonio ejerció su función de intendente en el segundo gobierno del Presidente Piñera, y desde entonces han transcurrido los plazos establecidos en la ley, para que Marco Antonio Díaz pueda realizar los ejercicios dentro de su profesión, como estime conveniente y él lo está haciendo ahora en condición de abogado. Pienso que hay que separar las aguas, absolutamente. Una cosa fue su trabajo, sus acciones como intendente y otra muy distinta es su ejercicio profesional, y por tanto, él tiene el derecho de tener y tomar los clientes que él estime conveniente hacer".
En la misma línea, el exintendente Jorge Molina (PPD), manifestó que "el abogado Marco Antonio Díaz, en este trabajo que está realizando, está actuando como abogado y no como exintendente. Como abogado, él está en la plena libertad de ejercer su profesión como estime pertinente, distinta es la valoración que la ciudadanía o el gremio del Colegio de Abogados haga respecto de su desempeño profesional, de tal manera que en mi opinión como exintendente, no tengo nada que decir a lo que él haga. Respecto de su actuación como abogado, creo que hay un tema muy delicado con el uso de espacios públicos, que es un punto que él deberá explicar en el desempeño de su función como abogado".
Molina agregó que "lo moral queda para las iglesias, para los centros filosóficos. En los intereses públicos hay que ver cómo se daña el interés público o cómo se defiende el interés público, cuál es el interés publico que está defendiendo; entonces en el caso del abogado Díaz ¿es el uso de un bien fiscal, o una connotación de apoyo a las familias que necesitan vivienda?, ese es un tema interesante, porque además se vincula con la discusión pendiente en el parlamento sobre ley de usurpación".
Consecuencia
Un poco más contrario a la opinión de las exautoridades, se mostró el exintendente Arturo Molina (DC), al sostener que "si bien es bueno separar las aguas y pienso que no hay ningún problema en ejercer la profesión, sí creo que, en este caso en particular, hay un conflicto de intereses en cuanto a que él, como intendente estuvo viendo el tema de campamentos, y ahora como abogado, está defendiendo uno. Entiendo los cobros que está haciendo por el trabajo, de acuerdo a lo que ha salido a la opinión pública, y por ello, en mi opinión, no me parece prudente (...) no se trata de doble moral, sino de consecuencia. Cuando uno ha estado en algún cargo de autoridad, tiene que distinguir en qué negocios puede y no puede estar. Hay que entender que al final del día, el cargo siempre te sigue acompañando, a los concejales, a los alcaldes, yo fui alcalde de Calama hace muchos años y aún me saludan por eso, lo mismo por intendente, claro, uno ya no lo es más, pero como lo fuiste, tienes que guardar la compostura. Ser consecuente con lo que uno dijo que iba a ser y está haciendo", sostuvo Molina.
Consultada al respecto, la exgobernadora provincial Fabiola Rivero (Indp.), manifestó que "creo que el problema es un tema de derechos humanos, pero no de la forma que lo está planteando. Las personas están en un riesgo inminente al edificar en un espacio que no está remediado para asentamientos, existiendo un riesgo aluvial evidente. Además, es importante que la Fiscalía investigue los delitos que se cometan en el contexto de dicha toma. Tanto la venta ilegal de terrenos, la usurpación, hurtos de energía eléctrica, agua potable y las amenazas. En ese sentido, considero jurídicamente un error el plantear defensas administrativas de una situación que de base, es antijurídica y frente a ese punto no existen matices ni diferentes interpretaciones. Las tomas de terrenos son una ilegalidad".
La también académica complementó que "las reflexiones morales son siempre personales. Sin embargo, es el pueblo quien evalúa la mayor o menor coherencia de las conductas de quienes están en posición de poder".