El jefe de los asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, la mañana del lunes se presentó ante la Comisión Investigadora del Caso Convenios de la Cámara Baja. Su presencia se logró tras varios intentos fallidos, dimes y diretes entre el Ejecutivo y diputados, sumándose la Contraloría, lo que finalmente posibilitó conocer la versión de quien tuvo un grado de participación en dos hechos puntuales de la investigación.

Interesaba conocer el procedimiento adoptado durante su labor como subsecretario de Desarrollo Regional para visar el trabajo de la Fundación Procutura, en el proyecto mejoramiento de fachadas en Antofagasta y también si tenía conocimientos de los convenios entre Democracia Viva y el Minvu, en el que están involucrados exmilitantes de su colectividad política.

Lo primero lo zanjó con aclarar que fue una comisión la que visó a Procultura y que este proyecto venía del gobierno anterior.

Aseguró que durante su ejercicio rechazó una solicitud de mayores recursos para dicho proyecto. Algo que fue desmentido por el Gobierno Regional, aclarando que no hubo solicitud de aumento de fondos, sino que se solicitó la remesa que debía entregar Subdere para la ejecución como contraparte al programa de mejoramiento de fachadas. Es decir, fue impreciso.

Sobre Democracia Viva, reconoció que días antes que estallara el caso (más de una semana) se enteró, pero que fue a nivel de rumor y que por ello no avisó al Presidente Boric. Mala asesoría.

Tras su paso por la comisión, según parlamentarios, quedaron más dudas que certezas y la tardanza con que llegaron hoy se ven de poca importancia, porque fueron de relativo aporte.

Claramente cumplió con el objetivo natural de blindar al Presidente, en el sentido que Boric no supo del caso hasta que estalló y si alguien pensaba que su asesor (Crispi) estaba en conocimiento, sí lo estuvo pero por medio de un rumor.

Entonces la reflexión es que la dilación en su presentación ante los diputados surtió efectos, porque el daño del caso Convenios para el Gobierno fue absorbido y mitigado, y los efectos colaterales controlados a su debido momento.

La Ley 21.472 de agosto 2022, conocida como PEC 2, estableció un mecanismo de estabilización de tarifas eléctricas para clientes regulados (residenciales, comerciales e industriales pequeños). Para estos efectos creó un fondo de US$ 500 millones financiado a través de un nuevo cargo a clientes que se aplica hasta el año 2032, donde el 80% recae en clientes libres, principalmente mineros. Cada vez que el fondo baja de US$ 500 millones se reactiva el cargo, por lo tanto, el pago total puede ser muy superior a ese monto.

Si bien la ley se refiere a un "pago adicional dentro del cargo por servicio público", para los clientes libres en realidad se trata de un impuesto. Esto, porque no financia un servicio del sistema eléctrico, como son el presupuesto del Coordinador, del Panel de Expertos y de los estudios de franja, que eran los usos del cargo antes del cambio de ley, sino que se destina a financiar una deuda tarifaria de terceros, que son los clientes eléctricos regulados, con sus empresas suministradoras.

Así, al tratarse jurídicamente de un impuesto, la ley no debió aprobarse en los términos en que se hizo. La necesidad de financiar el congelamiento tarifario motivado por el estallido social y la posterior pandemia, junto con el hecho de que el cargo-impuesto es transitorio, posiblemente llevaron a soslayar ese cuestionamiento jurídico.

No está de más aclarar que los clientes libres no han sido beneficiados por congelamientos tarifarios. Al revés, estos clientes han cumplido cabalmente sus contratos de suministro eléctrico, debiendo asumir aumentos sustanciales de costos originados por la regulación. El impuesto de la Ley PEC 2, disfrazado de cargo por servicio público, no hace más que agudizar el encarecimiento de la electricidad, perjudicando la competitividad de actividades como la minería e industria, y dificultando la reducción de emisiones asociada a la electrificación de sus consumos energéticos.

Apoyamos la pronta normalización de las tarifas de los clientes regulados y que las empresas eléctricas involucradas reciban lo que establecen sus contratos. También apoyamos que esta normalización tarifaria se haga teniendo en consideración a las personas más vulnerables. Por igual motivo, vemos con preocupación los atrasos de la autoridad en dictar decretos tarifarios e implementar la Ley PEC 2, dado que agudiza el problema y hace que la solución sea más difícil.

Para los clientes libres, entre ellos las empresas mineras, tener que pagar un cargo-impuesto eléctrico por más de US$ 400 millones -el 80% del fondo de US$ 500 millones- es abiertamente injusto. No hay razones para que el segmento de los clientes libres deba financiar un problema tarifario entre los clientes regulados y las empresas eléctricas que los abastecen, muchas de ellas tanto o más grandes que algunos clientes libres y mineros. Es además frustrante que, habiendo comenzado el cobro del cargo-impuesto, el problema del rezago tarifario no tenga una solución. Queda la sensación de que a la minería y a los demás clientes libres se les está obligando a aportar a un fondo sin fondo.

La autoridad debe resolver a la brevedad la creación de un subsidio permanente para sectores vulnerables que cuente con financiamiento público, tal como se hace en el agua potable. Además, debe definir una trayectoria creíble de normalización tarifaria, donde las brechas con los costos de suministro sean igualmente financiadas por fondos públicos. Los subsidios a clientes regulados no debieran ser soportados por las empresas eléctricas que los abastecen, y menos aún por los clientes libres que son ajenos a un problema tarifario que creó la misma autoridad.