La crisis de la educación pública en la región de Atacama, se ha convertido en una especie de faro de alerta para las demás regiones, en particular las de la zona norte del país donde alcaldes y concejales han tomado decidida acción sobre las dudas que genera la instalación e implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

La semana pasada la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile (Amunochi) expresó su preocupación ante lo que calificó como "deficiencias" en la implementación del SLEP en los establecimientos educativos de la macrozona norte.

Cabe indicar que Amunochi que representa 22 comunas, sostiene que la actual situación ha llevado a que los municipios asuman responsabilidades derivadas de un proceso mal diseñado, que, según la asociación, es primordialmente responsabilidad del Mineduc.

En la región, los municipios de Calama, Tocopilla y María Elena se han sumado a las críticas respecto a la implementación, aduciendo desconocimiento del estado de avance del servicio y de las dificultades logísticas que implican la administración de una jurisdicción que va desde Ollagüe a Tocopilla y que abarca San Pedro de Atacama.

Entre las medidas de mejoramiento propuestas por los alcaldes se encuentra una de los cambios más largamente añorados por profesores, el financiamiento de acuerdo a la matrícula anual, en reemplazo de la subvención por asistencia y descentralizar las unidades de atención educacional y funcional en cada comuna, no limitándolas solo a las capitales provinciales.

La crisis de Atacama y las incertidumbre del proceso futuros en la región obligan al Ejecutivo y Legislativo a observar con mayor atención estos procesos que inciden en unos de los aspectos claves en la cotidianidad de cientos de familias. Es de esperar que la necesidad de modificación -un consenso de todos los actores del sector- se puedan realizar con racionalidad, atendiendo la urgencia e impacto de tamaño desafío.

En 2017, con SQM muy golpeada por los escándalos políticos y con la amenaza de quedarse sin cuota de litio dentro de seis años, el entonces timonel de CORFO Eduardo Bitrán enfrentó la adecuación de los contratos con alto poder de negociación. Obtuvo condiciones tributarias sumamente ventajosas para el Estado, impuso que ni Julio Ponce ni sus hermanos o hijos podrían ser directores hasta 2030 y estableció varias otras condiciones que solo una empresa muy presionada podría aceptar. Entre ellas, que hasta el 25% del litio fuese vendido a precio preferente a compañías encargadas de añadir valor.

¿Y cuál es el descuento? El precio promedio calculado sobre el 20% de menor valor exportado en los últimos seis meses. Si el precio es estable, no es gran cosa, pero si se pega corcoveos como los que vimos en 2022 puede hacer una diferencia enorme.

Dado que el litio mueve tanta, pero tanta plata (US$ 8.237 mil millones en el extraordinario 2022, casi el 9% del total exportado por Chile), vender a precio rebajado implica dejar muchísimo arriba de la mesa, tanto para los accionistas como para el Estado.

¿Vale la pena hacerlo a cambio de los beneficios eventuales de avanzar hacia la producción de cátodos en Chile? Difícil saberlo. Al menos sabemos que no es casualidad que nunca surgieran en forma espontánea plantas de cátodos por estos pagos y solo aflorara el interés a partir de que el Estado insistió en dar este empujón. El desierto de Atacama yace extremadamente lejos de los puntos donde se ensamblan las baterías completas, de las que el cátodo es una parte, y son muchos otros minerales los requeridos además del litio. El tiempo dirá si los beneficios son mayores a los costos. Ojalá así sea.

Sí podemos adelantar una cosa. Dado que es mucho lo que estamos dejando de percibir vía royalty por entregar litio a precio preferente, debemos cerciorarnos de que obtendremos las mejores propuestas disponibles, y la fórmula para ello es más vieja que el hilo negro: una licitación abierta, que permite a los interesados competir y a los convocantes escoger de una sola vez la propuesta más conveniente del menú. Corfo, por el contrario, optó por el mecanismo de ventanilla abierta: a medida que los interesados han ido presentado propuestas, las cuotas se han ido asignando, sin garantizar que no vendrán mejores ofertas en el futuro, ni que habría sido preferible dejar la licitación desierta para invertir esos impuestos en, por ejemplo, infraestructura educacional para las regiones del norte. Es como rematar una pieza de Dalí sin esperar a que se llene la sala, o escoger un plato de un menú del que solo conocemos las primeras dos páginas porque el resto aún no se imprime.

Incluso con una licitación en verdad competitiva no hubiese sido posible estar seguros de si las iniciativas de generación de valor agregado reportarán bienes más valiosos que los que podríamos haber obtenido a cambio de los impuestos que dejamos de recaudar por el menor royalty a partir del precio preferente con el que se asignan estos cupos. La gran diferencia es que cobijaríamos la convicción de que hicimos todo lo posible.