La abogada Leonarda Villalobos declaró durante 13 horas por el escándalo de corrupción que la vincula a ella, con el ahora exdefensor del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, el también abogado Luis Hermosilla; y Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF -ambas empresas bajo la lupa de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) por operaciones irregulares-, quienes están en calidad de imputados por el posible delito de soborno a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la propia CMF, de acuerdo a un audio conocido esta semana y que, según se supo ayer, habría sido grabado por Villalobos.

El Ministerio Público recibió el lunes una grabación en un archivo rotulado "N3m3s1s", por WhatsApp y desde un celular proveniente de Reino Unido. Este audio se hizo público la noche siguiente, cuando el medio Ciper Chile publicó las casi dos horas donde Hermosilla, Sauer -acusado de estafa por un centenar de integrantes de la comunidad israelí en Chile -y Villalobos se refieren a millonarios pagos a funcionarios del SII.

El Diario Financiero (DF) accedió ayer a la declaración de Villalobos en la Fiscalía, donde reconoció haber grabado la conversación y enviarla a un contacto, que sería el exsocio de Sauer, Rodrigo Topelberg, quien demandó al factoring del primero.

Sauer acusó a Topelberg de comprar este audio, frente a lo cual su oficina señaló que "desmentimos tajantemente que algún miembro del equipo legal de Rodrigo Topelberg haya comprado o divulgado el audio en cuestión, lo cual no responde más que a una estrategia que busca desviar la atención de las estafas cometidas por él (Daniel Sauer) y su hermano (Ariel)".

Villalobos, asimismo, habría negado la existencia de pagos a funcionarios públicos, es decir, el delito de soborno, pese a que en la grabación difundida se explicitan hasta los montos que recibirían personas del SII, donde a uno en particular le deberían "$10 millones", lo cual es materia de investigación.

Los dineros se habrían fijado "en abril", aunque la grabación sería de junio, con el objetivo, según lo revisado por DF, de obtener dinero de un cliente de Hermosilla y Villalobos, esta última casada con un ahora exasesor de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, el profesor de historia Luis Angulo.

Estos antecedentes permitieron el allanamiento de las oficinas de Hermosilla y del SII, mientras, al cierre de esta edición, se espera un operativo de esta índole en la CMF.

"hay un pago"

El hermano y abogado de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, ayer también concurrió a la Fiscalía Oriente, y al salir afirmó que su pariente está "muy golpeado" por el audio: "Imagínense que a todo abogado que está conversando un caso complicado le pongan una grabación sin conocimiento de él y además se filtre por la prensa, imagínense las cosas que encontraríamos".

"Yo no conozco otro caso similar, todo indica que hay un tercero que le paga a una persona que es abogado para que grabe una reunión, para que ese tercero, que es de interés contrario, con el cual están peleando, tenga acceso a eso", agregó Hermosilla.

Durante la jornada, La Tercera publicó que Villalobos inventó chats de WhatsApp y un informe sicológico para quedarse con la custodia de sus hijos.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó ayer que "nunca me había pasado recibir amenazas de autoridades electas democráticamente", luego de que en la víspera el diputado Frank Sauerbaum (RN) dijo que van a "exigir la expulsión inmediata de 12.000 personas. (...) Si no, se va a exponer a una acusación constitucional".

La autoridad reconoció que "efectivamente tenemos que mejorar en materia de expulsiones, no porque haya amenazas, sino porque es una necesidad" en materia de control fronterizo.

Su par de la Segegob, Camila Vallejo, agregó que "estamos hablando de una especie de ultimátum de un partido que era oficialista en el periodo de Gobierno anterior y, en ese Gobierno, las expulsiones fueron alrededor de 1.300 en cuatro años, y hoy día se nos pide en un mes expulsar 12.000".

La ministra sostuvo que "hay que ser razonable y realista cuando se hace la crítica, porque no podemos exigirle a otro que haga todo lo que no fuimos capaces de hacer. Eso es lo que está haciendo un partido que fue de Gobierno en el periodo anterior", en referencia a la administración del ex Presidente Sebastián Piñera.

Para las expulsiones, detalló la secretaria de Estado, "se requieren muchos recursos, pero además es una capacidad logística que en un mes no se puede desarrollar", junto con citar la aprobación de proyectos de Ley en esta materia. "Si queremos tomarnos en serio el problema de la seguridad, hagamos propuestas serias".

El presidente de RN, Rodrigo Galilea, explicó a Emol que la petición de acusación constitucional contra Tohá "fue una declaración de la bancada de diputados. (...) Nosotros preferimos institucionalmente como partido pedirle al Presidente (Gabriel Boric) que haga una evaluación de estrategias, de personas, de quién tiene dedos para el piano y quién no, en una tarea tan compleja como esta", donde "todo indica que esto se está más bien saliendo aún más de control".