Redacción

Este lunes se cumple un año de la entrada en vigencia de la Ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (RNDPA), coloquialmente conocida como "Ley papitos corazón", que busca regularizar los pagos de esta obligación legal a padres y madres que no tienen la tuición de sus hijos para que el otro progenitor tenga recursos en los gastos derivados de la crianza. Con motivo de este aniversario, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género dio a conocer las cifras que arroja la fiscalización al cumplimiento de esta normativa en todo el país.

Seis meses después de la puesta en marcha del Registro, el 20 de mayo de 2023 comenzó a operar el mecanismo de pago efectivo de pensiones, creado por la Ley de Responsabilidad Parental. Desde entonces, ambas normativas se complementan: el RNDPA crea incentivos para el pago de deudas a través de sanciones a la morosidad y la ley de Responsabilidad Parental establece un mecanismo de pago efectivo de las pensiones de alimentos adeudadas en el país.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, la cantidad de registros para pago de pensiones al miércoles 15 de noviembre recién pasado es de 194.582, lo que corresponde a 175.353 padres y madres (algunos tienen más de una causa). De ellos, 166.620 se encuentran en calidad de deudores y 4.976 son deudores reincidentes.

La deuda total en pesos (sin contar las deudas que se han determinado en UTM por los tribunales) alcanza los 95.338 millones de pesos.

También se reveló que del total de deudores, 161.115 son hombres (equivalentes al 97%) y 5.505 son mujeres (3%). Y en cuanto a los beneficiarios, es decir los niños que deben recibir la pensión por parte de sus padres, en total son 224.070, de los cuales 107.592 son hombres y 116.477 son mujeres. Además, 10.994 tienen alguna discapacidad.

Se destaca que desde que rige el sistema, 19.229 deudas se han cancelado ya sea porque se pagó la el monto adeudado o porque las partes alcanzaron un acuerdo de pago.

Solo el 25% paga

Ante estas cifras, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, apuntó que "gracias a la voluntad transversal del Congreso y al compromiso de múltiples instituciones involucradas, hoy nuestro país cuenta con una mejor institucionalidad para el cumplimiento de las pensiones alimenticias. Esta institucionalidad ha generado un cambio de conciencia respecto a un problema histórico en Chile, como es el no pago, como es el abandono parental".

Sin embargo, detalló que "por cada 10 deudores que van ingresando al registro, hay 2,5 que pagan. Esto no es suficiente. Estamos hablando de recursos esenciales para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y estamos hablando de miles de hogares que termina liderando una mujer sola que no recibe el aporte que esos niños y niñas merecen y por lo tanto, caen en el endeudamiento, el empobrecimiento y más".

Orellana llamó a que sigamos formalizando la deuda ante tribunales de familia, porque los acuerdos de palabra no sirven para los mecanismos que hemos desarrollado".

Finalmente, anunció que "el Presupuesto 2024 incluye entre sus recursos más dotación, es decir, más funcionarios para los tribunales de familia a nivel nacional y también más y mejor conexión con el sistema financiero, para que no solo el registro siga en vigencia, sino para que también logremos mejorar la implementación de nuestra ley de pago efectivo".

Con el objetivo de aportar en la comprensión de la propuesta constitucional que se votará el 17 de diciembre, a partir de mañana este medio publicará el análisis, capítulo por capítulo, del texto emanado del Consejo Constitucional.

Las publicaciones abordarán la revisión de la propuesta de Constitución Política de la República de Chile que será sometida a un plebiscito de salida para cerrar este segundo proceso.

Los textos estarán elaborados por académicos y expertos de la Universidad de los Andes. El decano de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios, José Ignacio Martínez Estay, explica que "para la elaboración de esta guía informativa sobre el proyecto de nueva Constitución hemos contado con el apoyo del equipo de investigadores de Polis, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes. En las sucesivas entregas de esta guía, el lector encontrará los antecedentes más relevantes del proyecto que será plebiscitado el próximo 17 de diciembre, incluidas las principales diferencias e innovaciones respecto de la actual Constitución".

Al final de cada publicación se incorporará además un código QR a través del cual se podrá acceder a los artículos completos del capítulo que ha sido analizado, lo que permitirá al lector complementar la información.

Los dos primeras revisiones corresponden al capítulo 1, Fundamentos del Orden Constitucional, que aparecerá mañana, y al capítulo 2, Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, que será incluido el lunes.

La Superintendencia de Salud ingresó ayer un recurso de aclaración a la Corte Suprema para entender el alcance de la instrucción que deberá dictar el organismo a las isapres para la aplicación del fallo por primas GES, y además solicitó una prórroga de seis meses para la entrada en vigor de la sentencia.

La aplicación del fallo es inminente, luego de que el máximo tribunal rechazara todas las apelaciones de las aseguradoras.

La sentencia tiene un alcance general y dejó sin efecto el alza de las primas GES que concretó la industria en octubre de 2022, obligando a restituir los precios del periodo anterior y exigiendo la devolución de los cobros en exceso, cuya ejecución ya fue postergada del plazo inicial impuesto por la Suprema.

Hace unos días el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, advirtió que de concretarse el fallo las aseguradoras no podrían mantener sus coberturas más de tres meses.

En el texto ingresado se pide aclarar "si el efecto colectivo tiene el alcance para que esta Superintendencia de Salud proceda a dictar una instrucción general que permita dar aplicación práctica y oportuna a aquellos afiliados que, no obstante encontrarse beneficiados por la sentencia en materia de GES, no han judicializado sus casos".

En caso de que la respuesta sea afirmativa, consulta si "esta Superintendencia puede dictar las instrucciones dentro del plazo de seis meses".