En el contexto de un nuevo evento Black Friday, es importante que las y los ciudadanos tengan en cuenta sus derechos y las obligaciones de las empresas a la hora de comprar por Internet. Entre sus deberes, las empresas deben informar el costo total de la compra o servicio, además de sus términos y condiciones, sus dimensiones, el color, el peso, el número de unidades que lo componen, el material, las restricciones de uso y los cuidados relevantes.
Un dolor entre las personas que compran por Internet es el despacho. Por esta razón, el Reglamento de Comercio Electrónico obliga a las empresas a informar el valor, modalidad y fecha en que el producto estará disponible para su retiro si corresponde; o rango de tiempo que tardará su entrega o despacho, detallando si se trata de días hábiles o corridos.
Otro aspecto relevante de este Reglamento, es que las empresas están obligadas a informar la inexistencia de stock de los productos, es decir, establece el deber de informar que no existen unidades disponibles antes de la compra, con el propósito de poner fin a la anulación de venta por falta de stock.
Por esta razón, el Sernac fiscalizará que todas las empresas, adheridas o no al evento, cumplan al pie de la letra la Ley del Consumidor y el Reglamento de Comercio Electrónico, para lo cual estaremos revisando los sitios web, junto con analizar los reclamos, las alertas ciudadanas y las menciones en las redes sociales. Aunque, las empresas saben perfectamente cuáles son los estándares que deben cumplir.
A esto se suma que las empresas asociadas a este evento cumplen con estándares definidos por la Cámara de Comercio de Santiago y el llamado a las empresas es a cumplir con estos requisitos y a las y los consumidores a preferir las tiendas que garantizan sus derechos.
Es importante que los sitios web funcionen correctamente y las empresas informen y respeten el stock y cumplan con las condiciones ofrecidas, ya sea, respecto de las características de los productos como del plazo del despacho.
Finalmente, este tipo de iniciativas permiten a los consumidores acceder a productos y servicios a precios más convenientes, pero para que sea una oportunidad y no una decepción, es necesario que las ofertas sean realmente eso y no se trate de precios inflados.
Una maniobra siniestra
Una investigación llevada a cabo por el periódico CIPER publicó los detalles de un encuentro entre dos abogados, uno de los cuales es un reconocido letrado, Luis Hermosilla, y un cliente, el empresario Daniel Sauer. Durante esta reunión, se revelaron una serie de antecedentes que evidencian la existencia de prácticas corruptas, particularmente sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la CMF. Incluso en la misma conversación, uno de estos abogados admite que los actos de los cuales están hablando podrían ser constitutivos de delitos.
Es tan delicado el contenido de ese audio que seguramente estamos presenciando solo una pequeña parte de lo que parece ser una oscura red de corrupción que posiblemente revele nuevos aspectos y afecte a más personas.
Este caso plantea varias facetas para analizar. Una vez más surge el tema de la corrupción, que este año nos ha impactado particularmente con el caso de los convenios, donde millones de pesos destinados a satisfacer las necesidades de las personas más vulnerables han sido desviados hacia fundaciones creadas por militantes de partidos políticos. También resulta interesante examinar la validez de las grabaciones obtenidas durante una reunión privada por uno de los participantes. Es probable que la defensa argumente que se trata de una prueba ilegal, sin relevancia en el contexto de un proceso penal. Sin embargo, existe un consenso en gran parte de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de que, para que se configure un delito y se declare la ilicitud de la prueba, la grabación debe haber sido realizada por un tercero y no por los asistentes a la reunión. Por otro lado, el interés general de combatir la corrupción debería primar sobre la expectativa de privacidad de los imputados.
Sin embargo, quiero dejar de lado el ámbito estrictamente jurídico en esta columna y en cambio, enfocarme en la relativización ética de aquellos que se ven involucrados en estos actos de posible corrupción. Resulta insultante e inverosímil observar cómo la abogada Villalobos se quejaba de la delincuencia que hoy azota a Chile cuando ella misma podría estar implicada en actos de soborno. ¿Será capaz de comprender que, si se demuestra que ha cometido esos actos, también se considerará una delincuente? Por otro lado, en una declaración pública, Luis Hermosilla señala al país que ha sido víctima de una maniobra siniestra. Su estrategia es defender su postura y mostrarse ofendido por la divulgación del audio, pero no menciona en ningún momento el contenido de la conversación donde se habla expresamente de la necesidad de manejar "cajas negras" para pagar servicios a funcionarios públicos fuera de la legalidad.
La corrupción es un problema grave, es uno de los fenómenos más perjudiciales para la democracia, la economía y los derechos humanos. Cuando la corrupción comienza a extenderse en todos los espacios del Estado y de la sociedad, hablamos de corrupción sistémica, de la cual es casi imposible escapar. La grabación de la conversación entre Hermosilla, Villalobos y Sauer constituye otra señal que nos advierte una vez más que la corrupción continúa infiltrándose en diferentes áreas de la Administración, la política y la economía. Es esto lo verdaderamente siniestro y algo que como sociedad debemos combatir.
