"Me ha provocado muchos dolores de cabeza" dice Gilda Gómez, vecina cuyo caso se hizo conocido durante el fin de semana, al denunciar la ocupación ilegal de su casa en Calama. "Realmente nunca imaginé que me iba a pasar. Uno lo ve de lejos, que les pasaba a otras personas, no a uno", comenta.
La situación fue publicada por el diputado Sebastián Videla (ind. - P. Liberal), quien el fin de semana aprovechó de recordar que la nueva Ley de Usurpaciones endurece las sanciones ante casos como este. Dicha normativa ya fue publicada en el Diario Oficial el viernes pasado.
"Hemos solicitado que el Gobierno rápidamente pueda generar una campaña comunicacional para que la Ley de Usurpaciones logre dar solución a los problemas que tienen cientos de propietarios", menciona Videla a este Diario. Y señala que, con la nueva legislación, se espera dar una pronta respuesta a "un montón de personas que sufren esto a diario".
La casa de la infancia
Gilda actualmente vive en Antofagasta, pero creció en Calama, justamente en la vivienda afectada. "Mi papá adquirió esa casa y se fue construyendo paso a paso, lentamente, como se hacía antaño", dice en conversación con este medio. Por este valor emocional, nunca se le cruzó por la mente vender el inmueble, por lo que fue destinado al arriendo para generar recursos.
Nunca tuvo mayores problemas con los habitantes pasados, más allá de cuentas impagas que luego se solucionaban. Hasta que en 2019 "llegó un ciudadano extranjero a preguntarme si yo arrendaba la casa", cuenta. Al poco tiempo de arrendarle la vivienda empezaron los conflictos: "cumplía intermitentemente con los pagos".
A lo anterior se sumó las complicaciones de salud que sufrió uno de sus hijos, lo que la llevó a enfocarse completamente en él. "No podía ir a Calama. Las prioridades se deben establecer, y primero estaba mi hijo", explica Gilda.
Subarriendo
Pasó mucho tiempo para que la vecina pudiera volver a concentrarse en la casa de Calama. "Empiezo a molestar a este tipo para que me pague, pero no daba respuesta a nada". Indagando, Gilda finalmente se entera que la persona a quien le arrendó su hogar estaba preso. "De adentro (del centro penitenciario) me llamaba y me decía que no me preocupara, que se iba a poner al día".
Pero no era la única sorpresa. La vecina también supo que a quien le arrendaba el inmueble subarrendó a otras personas, también extranjeros, quienes subdividieron y, además, montaron un taller mecánico en su interior.
"La vecindad me llamaba porque hacían fiestas afuera. Cerraban las calles, impedían que los vehículos pasaran. Y en el sector viven adultos mayores", comenta Gilda.
Fue el sábado cuando la vecina, junto a carabineros y el diputado Videla, llegaron al domicilio: "cuando llegamos todo era una tacita de leche" ante la presencia de las autoridades, asegura Gilda.
"Yo lo único que quiero es recuperar mi casa, porque tiene un valor emocional de nuestra infancia con mis hermanas y mis padres. Quiero recuperar mi casa, y quiero apoyar a mis vecinos. No es posible que ellos tengan esa calidad de vida", concluye Gilda.
La ley
El proyecto, originalmente ingresado en 2021 - y que se convirtió en un punto de tensión entre el oficialismo y la oposición -, establece tres tipos de delitos de usurpaciones. El primero considera una pena de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años) a máximo (3 años y 1 día a 5 años) para quienes ocupen total o parcialmente un inmueble con violencia o intimidación.
El segundo tipo establece ocupaciones sin violencia, pero que hayan provocado daños en el domicilio. Por ejemplo, en el caso de que el deterioro sea entre 1 y 4 UTM (máximo $255.840), la pena será de presidio menor en su grado mínimo, que va desde los 61 hasta los 540 días. Mientras, si los daños fueran entre 4 a 40 UTM (máximo $2.558.400), la condena será de presidio menor en su grado mínimo a medio, cuyo máximo es de tres años. Finalmente, si el inmueble sufrió averías superiores a las 40 UTM, la persona podría ser condenada a presidio menor en su grado medio.
Finalmente, en el caso de que la usurpación fuera sin violencia ni daños, la pena será de presidio menor en su grado mínimo, o multa entre 6 a 10 UTM (máximo $639.600).
En cuanto los campamentos, la normativa excluye a quienes viven en un domicilio registrado en el Catastro Nacional de Campamentos.