Fundación Democracia Viva (FDV) respondió a la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en agosto pasado y reiteró al Primer Juzgado Civil de Antofagasta su solicitud de reintegrar al fisco sólo $294 millones de los $391.768.516 que exige el CDE.

Esto, luego que el Ministerio de Vivienda (Minvu) en julio pusiera término anticipado a los tres convenios suscritos el año 2022 con la fundación liderada por Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez, los cuales estaban dirigidos a proyectos de campamentos por un total de $426 millones.

En su respuesta a la demanda del CDE, la FDV señala que deben "devolver la suma de $294.384.230, que es el monto de dinero no rendido, y obviamente no ejecutado, en razón del término anticipado de los Convenios", según publicó el medio Ex -Ante.

Asimismo, el mismo medio agregó que "la diferencia de $97.384.286 fue rendida y ejecutada en cumplimiento de los convenios y que por ende las actas de liquidaciones aprobadas".

Pero la fundación encabezada por el exRD también enfrenta una investigación penal.

Arista penal

Recordemos que el 1 de septiembre, y tras la publicación del informe de la investigación especial que realizó Contraloría General en la seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta, el cual constató una serie de irregularidades.

Dentro de estas: falta de exigencia de planes de trabajo, de control y monitoreo en la ejecución de los convenios y que al menos 12 personas que fueron contratadas por los organismos receptores de fondos para la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios (PAP), desarrollaban actividades propias de esta secretaría, el CDE interpuso una querella criminal contra el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras y Daniel Andrade, ambos como autores del delito de fraude al fisco, "sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante el curso de la investigación penal que sigue el Ministerio Público".

Según detalló el CDE en esa oportunidad en un comunicado, la acción del Consejo, presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, "se funda en antecedentes que se han podido recabar y que dan cuenta de una serie de ilícitos cometidos por el exseremi, quien sin considerar el marco regulatorio existente para la asignación de recursos para el Programa de Campamentos (actual PAP), o la revisión técnica de los antecedentes por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) encargados en la región, inició directamente un proceso de selección de las entidades receptoras y la distribución de los recursos".

El escándalo de FDV estalló en junio tras los cuestionamientos a eventuales conflictos de interés en este millonario traspaso desde la Seremi del Minvu, liderada en ese entonces por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez hacia la fundación encabezada por la expareja de la parlamentaria, la cual no contaba con experiencia en el área.

Luego de esto, las investigaciones se extendieron hacia 12 regiones del país, en el marco del Caso Convenios.

La investigación en curso que lleva adelante el Ministerio Público por el caso FDV, se encuentra bajo reserva.

En tanto, fuentes consultadas por este Diario ligadas al caso indicaron que se estarían desarrollando las últimas diligencias y que se podría estar próximo a citar para audiencia de formalización.

Esto, considerando, según las mismas fuentes, que ayer el Juzgado de Garantía de Concepción realizó la formalización de Camila Polizzi y de otros cuatro detenidos de la arista Fundación En Ti del Caso Convenios, dado a conocer después que FDV.

Asimismo, ya hay 11 detenidos en otras regiones por el caso Convenios.