Cuando pareció que el año cerraría sin novedades respecto al avance en las distintas indagatorias en el denominado caso Convenios, que está presente en casi la totalidad de las regiones del país, la jornada del miércoles se conoció la detención y la imputación de delitos para 5 personas involucradas en la investigación del Biobío. Allí la Fiscalía Anticorrupción acusa delitos como de estafa, uso malicioso de documento oficial, usurpación de identidad, lavado de activos y fraude al fisco.

En paralelo, ayer se conoció del allanamiento de las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en Santiago, proceso enmarcado en las indagatorias provenientes de la región de Tarapacá. Entrada y registro en busca de información solicitada por la Fiscalía y que no fue entregada en los tiempos definidos.

Mientras que en Antofagasta, fuentes allegadas a la investigación anticipan que prontamente se conocerán las formalizaciones para los principales imputados, el exseremi Carlos Contreras y el expresidente de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade.

El Gobierno responde y reitera que las reparticiones públicas, como el Minvu, han prestado activa colaboración en todas las investigaciones judiciales. Versión que se vio empañado con la última declaración pública del exseremi del Minvu de Antofagasta, Carlos Contreras, quien aseguró que La Moneda, o al menos el jefe de los asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, recibió un documento con la información el 7 de junio de este año, nueve días antes que estallara el caso. Es decir, no se enteró "por un rumor".

Y no es solo cosa de saber antes o después, porque el enterarse con antelación obligaba tomar decisiones inmediatas y si ello no ocurrió. Aquí las interpretaciones pueden ser varias, pero ninguna favorable al Gobierno ya sea por inacción, negligencia u ocultamiento.