Exseremi afirma que Presidencia recibió en junio informe sobre FDV y reaviva críticas a rol de Miguel Crispi
CASO CONVENIOS. Transversalmente, parlamentarios de la región catalogaron de "gravísimas" las afirmaciones las que pondrían en duda las conclusiones de la comisión investigadora.
En medio de los allanamientos a las dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y a los rumores de la posible detención del fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, el exseremi del ramo Carlos Contreras emitió ayer una sorpresiva declaración pública, que remeció al oficialismo.
En la misiva, entregada a través de una agencia de comunicaciones, Contreras reiteró haber "siempre dicho la verdad" y sostuvo que La Moneda tuvo conocimiento desde el 7 de junio sobre el convenio entre la cartera y Democracia Viva.
"Respecto a hechos nebulosos, aclaro que, de acuerdo a mi conocimiento, el día 7 de junio del presente año, Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva". En el documento, añadió, "se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario. Digo esto, para evidenciar que siempre se actuó con transparencia y seriedad".
Y acotó que "el informe contaba con información recopilada y analizada durante semanas, por lo que el tema nunca se ha tratado de un 'rumor', como dijo en su minuto el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi".
Lo anterior hace referencia a lo expresado por Crispi a inicios de noviembre ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. En la instancia, el jefe del Segundo Piso señaló que el Presidente Gabriel Boric "se enteró el 16 de junio", y que, en su caso, el 7 de junio "tomé conocimiento de un rumor, donde señalaban que había una situación en Antofagasta, donde Daniel Andrade tenía una participación que tenía un vínculo con el seremi de Vivienda".
En el comunicado, el extitular local de Vivienda sostuvo que "en este mismo informe se señala que los funcionarios a nivel regional y nacional de asentamientos precarios, jurídica y administración, siempre dieron por adecuados los procedimientos. Es decir, estos procesos fueron propuestos, gestionados y aprobados por las autoridades y jefaturas pertinentes. Fue en este escenario donde a los seremis se nos exigió cumplir y ejecutar el presupuesto asignado anteriormente".
Sumamente grave
Las palabras de Contreras no pasaron inadvertidas entre los parlamentarios locales.
El diputado José Miguel Castro (RN), quien presidió la comisión investigadora en la Cámara por los casos de convenios, comentó que "esto es sumamente grave, porque quiere decir que no era simplemente un rumor, sino que había información cierta, un informe. Sí es que fuese verdad esta información, eso quiere decir que La Moneda sabía antes y que Miguel Crispi mintió en la comisión de convenios".
En esa línea, el parlamentario aseveró que se exigirá al Presidente Gabriel Boric "retirar a este funcionario (Miguel Crispi)" esto porque, aseguró, "no puede haber una persona que haya encubierto" y que deje "entredicho a todas las demás exposiciones que se hicieron por parte de ministros, subsecretarios, etcétera. Lo importante aquí es que de una vez por todas digan la verdad y no sigan mintiendo".
En la solicitud de mayor transparencia, también coincidió el diputado Jaime Araya (ind. - PPD): "Es una información muy delicada que pone en tela de juicio las declaraciones que se advirtieron por varios personeros en la comisión investigadora que acaba de emitir su informe a la Cámara de Diputados".
Araya agregó que "espero que esta situación pueda ser esclarecida por la Fiscalía, que es fundamentalmente el organismo llamado a investigar y aclarar esto".
Su par Sebastián Videla (ind. - P. Liberal) también catalogó de "gravísimas" las palabras del otrora seremi de Vivienda: "Es tiempo que La Moneda sea transparente y diga las cosas reales, como son, y de una vez por todas sepamos los responsables y la justicia haga su trabajo, con las personas involucradas que han jugado con la plata de todos los chilenos y especialmente de los nortinos".
"Es lamentable darnos cuenta de que han querido, de alguna manera, reírse de cada uno de los chilenos. Yo creo que aquí todos los involucrados, ya sea por acción u omisión, deben hacerse responsable, y esto debe significar costos políticos para más de alguno", afirmó la diputada Yovana Ahumada (ind. - Avancemos Chile).
En tanto, la diputada Catalina Pérez (RD) declinó emitir comentarios.
Alguien miente
El abogado querellante en la causa, y presidente regional de la UDI, Pablo Toloza, también reaccionó ante las declaraciones y afirmó que oficiarán al Ministerio Público para indagar en el intercambio de oficios entre la Presidencia y la seremi Minvu.
"Hemos solicitado que el Ministerio Público que oficie a la Presidencia de la República a objeto que remita todos los oficios que ha recibido, ya sea de carácter reservado o público, de parte de la seremí de vivienda de Antofagasta durante el año 2023 y de igual manera estamos solicitando que se oficie a las seremí de Vivienda a objeto que remita todos los oficios, independiente su carácter reservado o no, que haya remitido durante este año a la Presidencia de la República. Lo señalado por el seremi Carlos Contreras es de la mayor gravedad. Acá alguien está mintiendo y se requiere necesariamente una información transparente y total".
No recibió el informe
Ante esto, y también través de un breve comunicado, el abogado de Crispi, Guillermo Chahuán, desmintió los dichos de Contreras. "Señalar que Miguel Crispi, a quien represento, no se referirá a los dichos del señor Contreras, ni a la estrategia de defensa de éste en el contexto de una investigación penal en curso dirigida su contra", comenzó indicando Chahuán en su escrito. Según afirmó, "Miguel Crispi asistió a la comisión investigadora sobre el Caso Convenios donde respondió durante más de tres horas a las preguntas de los honorables parlamentarios. Su presentación en dicha comisión se ajusta plenamente a los hechos: no recibió el informe señalado".