Mientras el caso de Democracia Viva suma más antecedentes a su historial, el de Fundación ProCultura y el Gobierno Regional abrió un nuevo capítulo. Esta vez con una reclamación de ilegalidad presentada por la organización en contra del Gore ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Según el recurso de 27 páginas, la reclamación de ilegalidad de la fundación se funda en el término anticipado unilateral -el 20 de septiembre- del programa denominado "Recuperación de fachadas zona de conservación histórica" por parte del Gobierno Regional. Según el texto, el programa "siguió estrictamente la tramitación que nuestra legislación contempla para estos casos, asociada al desarrollo de iniciativas ante el Banco Integrado de Proyecto, BIP", y que la organización "no ha incurrido en incumplimiento alguno, y por lo demás, en su oportunidad, se encontraba llana a seguir cumpliendo con sus obligaciones".
En ese sentido, el recurso sostiene que ProCultura "desde el primer momento manifestó su intención de continuar con la ejecución del convenio hasta su término natural", y que "se mostró disponible para llegar a un mutuo acuerdo, en el entendido que el éxito del proyecto requiere siempre de la disposición de la contraparte a colaborar, de lo contrario ello será muy difícil".
Además, la fundación argumenta que "el acto que es objeto del presente reclamo de ilegalidad nos parece además incompatible con los actos propios que el mismo Gobernador Regional de Antofagasta (Ricardo Díaz) había realizado públicamente hasta hace muy pocas semanas antes de poner término al convenio, no sólo a partir de las múltiples resoluciones citadas a lo largo de este escrito, sino además en instancias ante el CORE, en las que -a propósito del cuestionamiento efectuado respecto de otras fundaciones- siempre el Gobernador Regional señaló su plena conformidad con el proyecto adjudicado a ProCultura, la legitimad de éste, su transparencia y su ejecución".
Y se añade que lo anterior "no se condice con la intempestiva decisión de poner término al mismo, en circunstancias que se encontraba toda su implementación en regla y al día, y que se encontraban a disposición alternativas adecuadas para dar cumplimiento cabal al proyecto comprometido" por ambas partes.
En resumen, ProCultura solicita a la corte que "acoja a tramitación el reclamo deducido y, en definitiva, declare que el acto impugnado es ilegal y reconozca el derecho a la indemnización de los perjuicios ocasionados a nuestra representada", y se determina que este "monto se determinará en un juicio posterior, bajo las reglas del juicio sumario".
El programa "Recuperación de fachadas zona de conservación histórica, Antofagasta", según se define en la página de ProCultura, era un proyecto "de recuperación del valor patrimonial del centro histórico de la ciudad mediante la metodología de capacitación en oficios de restauración patrimonial, también conocida como Escuela Taller. Las personas capacitadas son luego contratadas y remuneradas para aplicar lo aprendido en el proceso de recuperación de fachadas. El programa incluye también el desarrollo de los lineamientos de intervención para la zona de conservación histórica".
El Gobierno Regional puso término al convenio en septiembre de este año, fundamentando la decisión en el retraso de los trabajos estipulados, y pidió el pago de la garantía (superior a $370 millones). El traspaso de fondos a ProCultura para el arreglo de las fachadas generó críticas por el alto monto adjudicado, $629 millones.
Reacciones
Dentro del Consejo Regional, el recurso tuvo variadas reacciones. Para el consejero Gustavo Carrasco (ind. - PPD), "hoy debe ser la justicia la que debe resolver de acuerdo a los antecedentes que tenga. Si ProCultura considera que existe una ilegalidad, está en su derecho de acudir a las instancias pertinentes, sin perjuicio que obviamente el Gobierno Regional debe trasparentar y entregar todos los antecedentes que dan cuenta de cómo el proceso fue llevado a cabo para determinar el fin anticipado del convenio".
Coincide el consejero Fabián Ossandón (ind. - P. Radical), y complementa: "Lo que a la ciudadanía le interesa es que los recursos económicos de la región no se despilfarren y sean responsablemente invertidos en proyectos que resuelvan los problemas".
Para el consejero Víctor Guzmán (PC), "ProCultura está en su derecho a reclamar lo que crea pertinente", y manifiesta que, a su juicio, "el proyecto se desvirtuó y nunca cumplió con los objetivos señalados desde el principio".
"Los informes técnicos presentados por ProCultura, y los que fueron analizados junto al Core, profesionales de Gore y dicha fundación, dan cuenta del no cumplimiento del tiempo y forma de lo presentado inicialmente al Consejo Regional", comenta Carolina Moscoso (PSC), razón por la que se definió "dar termino anticipado a dicho convenio".
En tanto, la consejera Katherine San Martín recalca que "este tipo de recursos parecen manotazos de ahogado en medio de una situación que se complica cada vez más. ProCultura estaba también en la seremi de Vivienda, y no olvidemos que últimamente el exseremi (Carlos) Contreras ha reconocido que se forzó el otorgamiento de recursos a fundaciones, y eso por intermedio" de Verónica Serrano, tía del jefe del segundo piso, Miguel Crispi.
Mientras, su par Dagoberto Tillería (UDI) sentencia: "Indicar que ellos cumplieron (con el programa) es a lo menos una expresión temeraria, pues los hechos dicen todo lo contrario". Esto porque, argumenta, "no existe a la fecha ninguna fachada pintada ni siquiera, edificio seleccionado y aprobado por la comunidad".
"A lo menos en su ejecución, fue un proyecto altamente deficiente, que no cumplió las expectativas en tiempo y forma", concluye.