Gobierno logra avance en ley corta de isapres: planes no podrán bajar del 7%
SALUD. La Comisión de Salud del Senado aprobó por unanimidad esta disposición, primer paso en la búsqueda de solución a la crisis de las aseguradoras privadas, así como el fin de los excedentes. Adelanto de ajuste ICSA generó críticas oficialistas.
Ayer se inició la votación en particular de la ley corta de isapres en la Comisión de Salud del Senado y se avanzó en un factor clave: fue aprobado por unanimidad que el umbral del precio del plan de isapres sea, como mínimo, de 7%.
Esta medida se encontraba entre las indicaciones que el Gobierno ingresó hace algunas semanas y se trataba además de una de las propuestas que había sido recomendada por el comité técnico en el informe que elaboró para la Comisión de Salud.
La norma aprobada establece que todos los afiliados a isapres tendrán la obligación de aportar el 7% de las remuneraciones imponibles. Quienes cuenten con un plan en el que su aporte sea inferior al 7% (ahora es cerca del 27% de los afiliados) tendrán que alcanzar ese umbral y podrán optar a mayores beneficios. La nueva normativa terminaría con los excedentes por este concepto, porque quienes pactan un plan por debajo del 7% pagan de todos modos ese porcentaje, pero se les devuelve la diferencia en excedentes o incluso en efectivo.
El texto aprobado dice que "al momento de celebrar un contrato de salud, las Instituciones de Salud Previsional no podrán ofrecer planes cuyos precios sean inferiores al valor de la cotización legal para salud del afiliado, calculada sobre el monto promedio de los últimos seis meses de la remuneración, renta o pensión, según sea el caso".
Tras la votación, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que "dado que estas personas están pagando por un plan que tiene un costo menor, lo que se propone en la indicación es que se le tienen que ofrecer servicios adicionales para justificar el que ahora su plan va a costar lo que es la cotización legal, al menos".
Adelanto de ICSA
Sin embargo, otra medida anunciada por el Gobierno generó serias críticas. Se trata de la propuesta para mitigar la crisis de las isapres que consiste en adelantar de manera excepcional el ajuste del Índice de Costos de Salud (ICSA) para comunicarse en febrero e implementarse en abril.
La medida se añadió a la ley del reajuste al sector público que se tramita en la Cámara y pasará por las comisiones de Hacienda y Salud, idea que algunos legisladores interpretaron como un "salvataje" para la industria, hecho que se quería evitar a como dé lugar. Algunos advirtieron contradicciones con el fallo que dictó la Suprema y advirtieron que no era buena idea mezclar el tema del salario del sector público con las dificultades que atraviesan las aseguradoras.
El presidente de la comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), aseguró estar de acuerdo con la iniciativa, pero es crítico respecto a que no se comprometen aspectos como la discriminación: "Es indispensable cambiar el sistema discriminatorio de sexo, edad y enfermedad, que ha sido clave en la judicialización de todos estos años, y reducir el costo de las licencias médicas a través de una reforma profunda. Eso es inevitable a nuestro juicio, que se coloque muy rápidamente en la discusión, porque si no, termina siendo sólo el doble apaleo al bolsillo del mismo afiliado que viene saliendo de una larga situación judicial con fallos favorables".
La presidenta de la comisión de Hacienda de la Cámara, Gael Yeomans (CS), dijo en Radio Universo que "uno esperaría más coordinación" en este tema, mientras que el senador Juan Ignacio Latorre (RD) sostuvo que el adelantar el ICSA es "es una medida concreta que no resuelve todo el problema".
Se entregó borrador de pacto fiscal
El Gobierno presentó el borrador del "Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal" a los partidos políticos, que contará con seis pilares para recaudar el 2,7% del PIB. Los ejes del pacto final son las necesidades de gasto; compromisos de reforma pro transparencia; medidas pro crecimiento; principios para un sistema tributario moderno; fiscalización de obligaciones tributarias; y mecanismos de seguimiento y evaluación.