La propuesta incorpora un capítulo específico sobre medio ambiente, que en el actual Constitución no existe. El artículo 10 del proyecto, relativo a los fundamentos del orden constitucional, consagra el deber del Estado de proteger el medio ambiente.
a• Desarrollo y sustentabilidad.
A lo largo de la propuesta se encuentran distintas referencias a las ideas de desarrollo y sustentabilidad. Asimismo, en distintos artículos se hace hincapié en la obligación de considerar las necesidades y expectativas de las generaciones actuales y futuras (artículo 206 y 207). Esto se complementa con mandatos destinados a que los avances económicos deben apuntar a un "mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas", lo que incluye "medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente" (artículo 207, inciso 3°).
b• Mayor atención constitucional a las realidades regionales y locales.
La propuesta incluye directrices con la idea de atender las realidades regionales y locales: dispone que el desarrollo tiene que ser "armónico, solidario y sustentable del territorio nacional" (artículo 211). Esta frase es reiterada en otros puntos de la propuesta (por ejemplo, en los artículos 126, 127 y 145).
c. Acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en materia ambiental.
La propuesta reconoce explícitamente como derechos constitucionales el acceso a la justicia, a la información y a la participación ciudadana en materias ambientales. Estos derechos estaban reconocidos en el Acuerdo de Escazú, que es vinculante para Chile. Las personas podrán acceder a las informaciones que requieran en materia medioambiental, y tomar parte en los procedimientos administrativos en que se adopten decisiones con posibles impactos en el ambiente (por ejemplo, en el marco del otorgamiento de autorizaciones o de la evaluación de impacto ambiental). A su vez, podrán dirigirse a los tribunales para impugnar actos administrativos o para exigir la reparación de daños ambientales. El alcance, las condiciones y las limitaciones al ejercicio de estos derechos serán definidas por la ley, la que deberá ajustarse a los requisitos impuestos por las normas internacionales en la materia.
d. Sobre la acción constitucional de tutela en materia ambiental.
Al igual que en el texto constitucional hoy vigente, la propuesta contempla el recurso de protección, que en materia medioambiental ampara el derecho a vivir en un medioambiente (art. 26.1) sano y libre de contaminación.
e. Derechos y deberes del Estado y de las personas en materia ambiental.
Distintos artículos establecen deberes del Estado en materia ambiental, en particular modo en relación con el cambio climático (212), con el cuidado, preservación, conservación de la naturaleza y de su biodiversidad (artículos 10; 16, N° 21 y 206), con los animales (artículo 37, inciso 8°) o con la gestión de los residuos (artículo 210). Muchas de las normas mencionadas reiteran el contenido de leyes vigentes o compromisos internacionales que Chile suscribió. El cambio estaría en su reconocimiento a nivel constitucional y en el énfasis en la biodiversidad. El deber de tutelar la preservación de la naturaleza ya estaba contemplado en la Constitución actual. La propuesta encomienda a la ley la tarea de definir más concretamente estos deberes.
En el artículo 16, N° 21, se reconoce el "derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, que permita la sustentabilidad y el desarrollo". El cambio es que la propuesta introduce el adjetivo "sano" y la referencia a la sustentabilidad y al desarrollo.
Además, la propuesta constitucionaliza el deber de las personas de proteger el medio ambiente, de prevenir la generación de daño ambiental y de reparar eventuales daños ambientales causados (artículo 37, inciso 3°). En este caso también la definición de las obligaciones es remitida a la ley.
f. Garantizar decisiones fundadas en criterios técnicos.
El Capítulo establece la necesidad de garantizar que las decisiones tomadas en ámbito ambiental respondan a criterios técnicos. En la propuesta se establece que tanto las "instituciones administrativas" ambientales como los procedimientos de evaluación ambiental tendrán que ser "de carácter técnico". La introducción de estos requisitos implicaría, por lo tanto, una revisión de la actual legislación e institucionalidad ambiental, en particular de la normativa sobre el SEIA.