Actores políticos evalúan implementación de estado de emergencia comunal
SEGURIDAD. El municipio de Calama anunció esta medida ante alza de delitos. Antes habían adoptado esta iniciativa las comunas de La Florida y La Reina. Ayer también lo hizo Zapallar.
El estado de emergencia de seguridad comunal anunciado hace unos días por el municipio de Calama, en medio de la alta violencia delictual que enfrenta el país, representó la primera medida de este tipo fuera de la Región Metropolitana (ayer también se sumó Zapallar), donde antes habían decretado medidas similares las comunas de La Florida y La Reina.
Una estrategia que detalló el alcalde Calama, Eliecer Chamorro (Frvs). "Este decreto va a permitir que se puedan generar acciones en el mediano y corto plazo. Por ejemplo, contratación de guardias civiles, como excarabineros y exPDI en forma escalonada. Seguros contra robos en las sedes sociales como de adultos mayores, que también han sido afectados por la delincuencia. Se van a implementar operativos focalizados territoriales con el apoyo, que siempre hemos tenido para este tipo de trabajo; pero ahora con más intensidad de Carabineros y Fuerzas Especiales (…) Además, se va a intensificar el esfuerzo de inversión en al menos seis camionetas más de seguridad con patrullajes mixtos. Se van a implementar puntos fijos de control", detalló Chamorro hace unos días al anunciar esta medida.
De acuerdo a datos del Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos -órgano ejecutivo de la Subsecretaría de Prevención del Delito-, Calama se ubica en 2022 entre las principales tasas de homicidios consumados por cada 100 mil habitantes (14,9). Más atrás se ubica Antofagasta (6,6) en este registro, que abarca las 27 comunas con mayor cantidad de casos de víctimas de homicidios consumados el año pasado.
Para Marcelino Carvajal (PPD), alcalde de la comuna de Mejillones y también presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta (Amra), este tipo de medidas pueden surgir ante la "desesperación" que enfrentan algunos municipios y comunidades por los actuales niveles de inseguridad. "Algunos municipios están llegando a eso, pero a nosotros las figuras legales son las que nos complican, porque tenemos plantas municipales. Tenemos capacidad de incorporar a contrata a cierta cantidad de honorarios, con un límite. Entonces, ¿cómo creamos la figura para hacerlo? Los grandes municipios lo hacen a través de programas y para eso tiene que contar en el presupuesto. Yo creo que este es un programa de emergencia y no sé si la Contraloría lo acepta. Es algo nuevo y, claro, todo el mundo quisiera tener más seguridad; pero hay reglamentos y normas que establece la administración municipal; y el Estado tiene reglas concretas", dice.
Hace una semana el ahora ex contralor general de la República Jorge Bermúdez planteaba que no existe en el ordenamiento jurídico chileno una institución o una categoría como un estado de emergencia local o comunal, a propósito de una situación de inseguridad pública debido a la criminalidad.
Aporte de medida
Para el diputado Jaime Araya (Ind-PPD), quien a lo largo del año presidió la Comisión Investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte, los estados de emergencia comunal pueden contribuir. "Son herramientas que han planteado los alcaldes frente al fenómeno delictual que nos amenaza, y desde ese punto de vista, creo que pueden ser un aporte en la medida que permitan movilizar medios humanos y materiales para contribuir en las tareas de seguridad; obviamente dentro del ámbito que corresponde a los municipios".
"Hay que entender que las autoridades públicas que tienen capacidad ejecutiva, son quienes pueden ayudar muchísimo en instalar presencia del Estado en los barrios, que es la principal demanda ciudadana, y en eso los alcaldes pueden tener un gran protagonismo: y naturalmente frente a las ausencias de otros organismos públicos resulta lógico una medida de esta naturaleza", explica Araya.
En tanto, Katherine López (UDI), exgobernadora por la provincia de Antofagasta en la administración anterior, reconoce que deben sumarse fuerzas para enfrentar la expansión delictual. "Hay alcaldes que destinan su gestión a priorizar las medidas necesarias para mejorar la calidad de vida de su comuna. El uso de cámaras y drones, destinación de más funcionarios más capacitados, así como brindar los recursos y facultades para un trabajo coordinado con Carabineros, entre otras medidas. No es suficiente. Como exgobernadora encargada de la Seguridad Pública, sé realmente de la falencia para reducir los índices de delitos de alta connotación social. Estoy muy de acuerdo en un estado de emergencia porque existe una alteración al orden público en cuanto a la delincuencia que se está escapando de las manos de este gobierno, quien mantiene un prejuicio de tomar medidas reales para enfrentar a los delincuentes. Mi postura es enviar a los militares a la calle en cooperación con nuestras policías", opina.