El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la prisión preventiva de los imputados Daniel Andrade y Carlos Contreras, en el marco del caso Democracia Viva, luego de dos extensas jornadas de formalización de los primeros acusados por la Fiscalía en la causa matriz que abrió una caja de pandora respecto a los tratos entre fundaciones y entidades públicas.

Contreras, otrora seremi de Vivienda, y Andrade, exrepresentante legal de Democracia Viva, son acusados por el Ministerio Público por tres causas de fraude al fisco, ilícitos perpetrados durante el año pasado en el marco de convenios suscritos entre la cartera y la fundación, con un monto total de $426 millones.

La medida cautelar, solicitada por la Fiscalía y los querellantes, se tomó por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

"El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y los querellantes. Se estimó de que había antecedentes suficientes para estimar la existencia de los tres ilícitos de fraude al fisco y la participación de los imputados también quedó acreditada, a lo menos presunciones fundadas de participación de aquellos", indicó posterior a la audiencia la jueza Sissi Bertoglio-Talap. Y acotó que, "respecto de la necesidad de cautela, se estimó como suficiente la existencia de los antecedentes".

Además, la magistrada detalló que, "en cuanto a los tres delitos de fraude al fisco, la forma en que actuaron concertados los imputados para efectos de la comisión del ilícito, hay una pluralidad de personas involucradas en esta circunstancia y especialmente el bien jurídico tutelado. La razón de aquello es que se decretó la medida cautelar".

Finalmente, la jueza fijó un plazo de investigación de seis meses.

Apelación

Ya desde temprano en los pasillos del juzgado trascendió que, fuese cual fuese la decisión de la magistrada, se iba a apelar la medida cautelar. Y al finalizar la audiencia, el abogado Andrés Bustos declaró que "vamos a apelar a esta resolución. Tenemos cinco días y esperamos que la Corte confirme nuestras peticiones".

El abogado aseguró que el exseremi Contreras "está tranquilo. Obviamente, como cualquier persona que nunca ha tenido un acercamiento al sistema penal, está preocupado".

En esa línea, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, comentó que "esta resolución, en tanto no esté ejecutoriada, es decir, no haya transcurrido el plazo de cinco días, que es el plazo que tiene la defensa para apelar, podríamos entender en términos sencillos que es transitorio". El persecutor complementó que "resulta a lo menos esperable que ambas defensas recurran de esta medida cautelar, y que por lo tanto la resolución vaya a ser conocida, en este caso, por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta".

"No pasa solo por un seremi"

Respecto a la prisión preventiva, Bustos recalcó que "es algo que nosotros no compartimos en atención, sobre todo, por las alegaciones de esta defensa de que las decisiones desde el punto de vista de la aceptación o no de una fundación, no dependen solo de una persona. Hay más personas que sí dieron el visto bueno y revisaron los antecedentes para que se aprobara el acuerdo y los convenios con las fundaciones, sobre todo" Democracia Viva.

"Una cuestión muy importante y que sí quedó resuelto el día de hoy es que las platas de las fundaciones, y sobre todo la plata de Democracia Viva, está, y no la tiene ni Carlos Contreras ni Andrade. La plata está en una cuenta de un tribunal de la República, para que sea efectivamente tomada por el Estado", manifestó. "Aquí Carlos Contreras no se quedó con un solo peso de las platas de las fundaciones, y nosotros vamos a ser bien enfáticos a raíz de la investigación que está abierta".

En ese sentido, Bustos señaló que "un punto muy importante que no fue considerado por el tribunal es que Carlos siempre preguntó y se asesoró por la división jurídica de la seremi. Él preguntó a las personas adecuadas y capacitadas del punto de vista legal para efectos de tomar una decisión. Es más, quedó claro también en nuestro descargo que Carlos Contreras, cuando ve que hay una cuestión que puede ser irregular, pide una auditoría. Por lo tanto, son cuestiones de fondo que sin duda se van a discutir y que se van a acompañar del punto de vista de la declaración y de la investigación que sigue ahora para efectos de poder saldar y exonerar de responsabilidad al exseremi".

Sobre la auditoría mencionada, Bustos dijo que "espero que también la Fiscalía investigue eso". Y reiteró: "Es imposible que un seremi de una región tenga la autonomía y la voluntad para aprobar convenios que son extremadamente complejos del punto de vista, a su vez, económico, legal y de las garantías que se solicitan. La ley dice y establece que esto es tripartito. Por lo tanto, no puede ser que el seremi sea la primera línea a raíz del caso Democracia Viva en atención a estos contratos".

En tanto, la defensa de Daniel Andrade, Juan Pablo Rocone, no emitió comentarios a la salida de la audiencia. Durante la sesión, sin embargo, el abogado detalló que solo se gastaron $131.615.770 -una parte observada por Minvu y Serviu, y que el resto, $294.384.230, son los fondos que estarían a la espera de ser devueltos a las arcas públicas.