Redacción
Alto impacto ha tenido la detención de 55 personas, muchas de ellas titulares de empresas, en el caso que el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha calificado como el fraude tributario más grande de la historia de Chile, que involucra un monto de 240 mil millones de pesos producto de la emisión de más de 100 mil facturas falsas. Ayer las pymes exigieron penas de cárcel para los involucrados y diputados pidieron la creación de una comisión investigadora para profundizar en estos hechos.
De acuerdo con la información que se conoció en el inicio de la formalización contra los imputados, cuyo plazo de detención fue extendido y para 28 de los cuales se pide prisión preventiva, se trata de un caso que involucra principalmente a pequeñas y medianas empresas (pymes), creadas por una organización criminal compuesta por siete clanes que operaban en 10 regiones del país y están imputados por delitos tributarios, asociación ilícita, fraude aduanero y lavado de activos.
En las diligencias que terminaron con las detenciones de los líderes de este grupo fueron allanados 83 domicilios.
Penas reales
Ante esto, Héctor Sandoval, presidente de Conapyme dijo a Emol que "es un tema súper complejo porque en Chile tendemos a generalizar todo y cuando dicen que son empresarios, son los grandes empresarios y también las pymes quienes salimos afectados. Por lo tanto, si se trata de un acto delictual, sin duda son delincuentes y aquí tiene que caer el máximo rigor de la ley".
El líder gremial enfatizó en que "no nos pueden estar enlodando a todos los emprendedores y los que queremos hacer grande el país por gente que tiene malos hábitos. Además, no se trata de un pequeño error; se trata de un fraude debidamente creado y llevado adelante por mucho tiempo. Lo único que se merecen es la cárcel y que eso, ojalá, no contamine al resto que trabajamos honradamente".
En esa misma línea, Jorge Welch presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) comentó que "el que delinque debe irse preso. Simple". Y la vez deslizó críticas hacia el sistema tributario: "Esto es también un llamado a reflexionar en porque ocurren estos delitos, y si la estructura 'alambicada' de nuestro sistema tributario genera espacios para estas 'avivadas'. Mientras más simple y parejo, más fácil que no ocurran estas cosas".
Comisión
Paralelamente, desde el ámbito político, la bancada de diputados del Partido por la Democracia e independientes solicitó la creación de una comisión investigadora que analice el actuar de una serie de entidades públicas que se ven tocadas luego de que se detuviera a 55 empresarios por su posible vinculación con el megafraude.
Según los legisladores, se busca revisar "los actos realizados por el Ministerio de Hacienda, el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, la Comisión para el Mercado Financiero, entre otros", en relación con la correcta fiscalización y debido control en el marco de sus competencias en este caso.
La diputada independiente, Camila Musante dijo que "es tremendamente importante que desde el Congreso Nacional, a partir de esta comisión investigadora, determinemos quiénes fueron los responsables y cómplices de que se hayan estado robando a un país completo, delante de las narices de los chilenos desde 2015".
AMarta González, jefa de la bancada PPD-ind., sostuvo que "la noticia que hemos conocido sin duda tiene escandalizado a nuestro país. En este Chile tan desigual en donde necesitamos mejorar la educación pública, las condiciones de las y los trabajadores de la educación, de la salud, en donde tenemos un déficit de vivienda brutal, es realmente lamentable, vergonzoso que tengamos esta clase de empresarios que sin escrúpulos tienen esta concentración de riqueza a través de hechos ilícitos".