La excandidata a gobernadora regional metropolitana y a senadora Karina Oliva quedó sujeta a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional tras ser formalizada ayer por el delito de fraude de subvenciones junto a otros 10 exmilitantes de Comunes.
La Fiscalía Sur, que lleva la investigación de este caso, los acusa de la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas en el marco de la campaña de Oliva, por servicios no prestados o con montos abultados. Con esto, según la acusación, buscaban disfrazar los gastos electorales para solicitar devoluciones improcedentes al Servicio Electoral (Servel), perjudicando al Fisco. Dicha defraudación habría superado los 293 millones de pesos, mientras que en segunda vuelta se habría intentado defraudar 110 millones de pesos.
Junto a Oliva enfrentaron la audiencia su expareja y expresidente de Comunes, Jorge Ramírez; Camila Ríos, exsecretaria ejecutiva del partido; el exadministrador electoral Martín Miranda; Jean Flores Quintana, José Robredo Hormazábal, Diego Corvalán Pérez, Juan Pablo Sanhueza Tortella, David Castillo Palma, Marcelo Riffo Sáez, Diego Corvalán Pérez y Ailine Ramírez Amaro.
Ramírez y Ríos quedaron con las mismas medidas cautelares que Oliva. Sanhueza, Robledo, Riffo, Castillo, Romero y Ramírez fueron calificados como coautores del delito consumado y frustrado de fraude de subvenciones y quedaron con firma mensual. Corvalán quedó sin cautelares y Flores no compareció, pues no fue notificado.
Descargos
A la salida del tribunal, Oliva alegó inocencia y dijo que es víctima de una persecución política: "Muchas veces me lo he preguntado, porque no entiendo por qué, y espero que al final de los 100 días de investigación también se sepa cuál fue la intención de allanar la sede del partido en que yo era militante, que fue 48 horas antes de la elección a senadora (en noviembre de 2021), que nunca había ocurrido en democracia".
"El Servicio Electoral ha sido contundente en decir que la cuenta está aprobada, que está en regla, que está en norma, que sólo tuvo problemas el administrador electoral de impericias y no de actos dolosos", agregó la cientista política.
Por su parte, Ramírez calificó de irrisorios los cargos: "Se me acusa de una cuestión que es imposible. Se dice que yo, con dos o tres personas más, definíamos los candidatos y las candidatas. Quiero recordar que Karina Oliva es candidata porque ganó una primaria, no porque yo la haya nominado. Eso parece que se les olvidó a algunos. Los candidatos y las candidatas los nómina y los denomina el consejo general de los partidos políticos, no los presidentes".
"Hay antecedentes"
El abogado Cristián Ramírez, representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa, sostuvo que "aquí existen antecedentes que dicen relación con delitos que constituyen perjuicio al erario público, al Fisco, al Estado. En consecuencia, hoy estamos en esta audiencia haciendo valer nuestros antecedentes".
"El Consejo presentó querella por el delito de fraude de subvenciones, que va en la misma línea de la formalización que hoy día hemos escuchado del Ministerio Público y cuyos antecedentes se están exponiendo en la audiencia", detalló Ramírez.