Gobierno de Milei denuncia a organizaciones para que paguen los costos que generan marchas
ARGENTINA. Ejecutivo busca que 14 agrupaciones se hagan cargo de los 60 millones gastados en costos del operativo de seguridad por manifestaciones del miércoles.
Redacción
El Gobierno de Javier Milei denunció a organizaciones sociales por la supuesta comisión de "extorsión" y "defraudación" al Estado en el manejo de planes de asistencia estatal y demanda a 14 agrupaciones que paguen 60 millones de pesos argentinos por los costos del operativo de seguridad del miércoles pasado, día de la primera movilización contra el nuevo Ejecutivo, confirmaron fuentes oficiales.
"Hemos realizado la denuncia en los tribunales federales por los delitos de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales", anunció el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa matinal en la Casa Rosada.
Según Adorni, las autoridades identificaron y denunciaron a 32 personas pertenecientes a diferentes organizaciones sociales convocantes de la marcha contra el plan de choque económico del Gobierno. La causa ya está siendo tramitada en el juzgado federal N.º 7 en lo Criminal y Correccional y está a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal federal Gerardo Pollicita.
El caso surgió después de que el Gobierno habilitara días atrás una línea telefónica para tramitar denuncias de amenazas de dirigentes sociales contra beneficiarios de planes de asistencia, quienes supuestamente fueron obligados a participar en la protesta bajo la amenaza de no cobrar las ayudas si ni lo hacían.
La línea recibió 15.900 llamadas, de las cuales 1.100 "encuadraban con esa tipología" de delito, según las autoridades.
Además, serán cargados a las organizaciones sociales los costos del operativo de seguridad desplegado para controlar la protesta del miércoles, durante la cual unas 3.000 personas marcharon por el centro de la capital argentina para mostrar su rechazo a las políticas de ajuste y recorte del gasto público del Gobierno de Milei.
"esta será la factura"
De acuerdo a un informe del Ministerio de Seguridad, se emplazará a 14 organizaciones sociales a pagar 60 millones de pesos argentinos por el dispositivo desplegado. La cifra a cobrar corresponde al consumo de combustible y el "promedio de horas/hombre" empleadas en el operativo, en el que intervinieron efectivos de la Policía federal y Gendarmería.
"Esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales. Vamos a intimarlas para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía", anunció Adorni.
Consultado sobre la eventual convocatoria de un paro general por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT, sindicato peronista), el portavoz de la Presidencia puntualizó que para el Gobierno no es un "hecho cierto" que pueda existir un paro general de los principales sindicatos del país. El Ejecutivo mantiene abiertos "los canales de diálogo de manera permanente", precisó.
Tras conocerse en la noche del pasado miércoles el decreto de urgente necesidad (DNU) con el que el presidente Milei pretende sentar las bases para la reconstrucción de la economía argentina mediante la desregulación económica y la reversión del déficit fiscal, arrecian las voces de rechazo hacia el plan de estabilización, ya que las centrales obreras consideran que las medidas del Ejecutivo recortan derechos sociales y laborales.
La CGT, que hasta ahora se ha mantenido al margen de las movilizaciones, convocó una marcha para el miércoles 27 de diciembre en la que exigirá la derogación del decreto, que fue publicado en el boletín oficial, pero sin fecha de entrada en vigencia.
En el lado opuesto, las asociaciones empresariales manifestaron un contundente respaldo al ajuste fiscal y la desregulación que plantea el Gobierno de Milei.
Tanto la Asociación Empresaria Argentina, como la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio, mostraron su apoyo al decreto, que busca transformar en sociedades anónimas "todas" las empresas estatales para su "posterior privatización", a fin de desregularizar la economía argentina.