Informe del CORE revela retrasos de dos años y sobreprecios de 200% en proyectos emblemáticos
CONSEJO REGIONAL. Según el documento la tardanza en la ejecución se debe a fallas en los procesos de licitación, la incorporación de obras adicionales e incumplimientos por parte de la empresa contratista, entre otros motivos.
Casi dos años de retraso en la ejecución de proyectos en promedio, además de un sobrecosto del 200% por sobre el financiamiento inicial, son algunos de los hallazgos de la comisión ad-hoc del Consejo Regional (Core) luego de la investigación de cuatro de los 13 proyectos de obras que actualmente poseen dificultades para su término. La investigación abordó proyectos iniciados entre los años 2014 y 2022 que, a la fecha, no se han podido concluir.
La comisión se abocó al estudió de cuatro proyectos paralizados; la restauración del Teatro Pedro de la Barra, la construcción del Complejo Deportivo Escolar Corvallis, la reposición de la Posta Rural de Peine en San Pedro de Atacama y la construcción de un Cuartel PDI en la Prefectura de Tocopilla. En el informe final, se identifican una serie de problemas que afectan la ejecución de un proyecto, como la rigidez de la etapas de formulación, debilidad en las bases de licitaciones, paralizaciones de obras y demoras en la toma de decisiones.
Según el análisis sobre el impacto financiero y temporal de los proyectos investigados, en promedio demandan casi un 200% del financiamiento original entregado, además de tener un retraso de 2 años en promedio, siendo el complejo deportivo Corvallis el que presenta más tiempo adicional con 41 meses, pasando de necesitar $2.837.641 millones a $4.098.938. Mientras que el Teatro Pedro de La Barra, el que también dobló la necesidad de inversión, subió de $3.011.317 a necesitar más de $6 mil millones para el reinicio de obras tardando 17 meses más que lo planteado originalmente.
"Se requiere en lo inmediato que a corto plazo la Unidad de Control levante un catastro de alertas relacionadas con posibles obras en riesgos de paralización. Este registro debe ser comunicado al Gobierno Regional y consejeros, además se solicita llevar a cabo un seguimiento constante de los procesos de licitación", sostiene en una de sus recomendaciones el informe.
Profundizar hallazgos
El consejero regional Fabián Ossandón (ind.-PR) fue uno de los integrantes de la comisión, manifestó que, "después de una exhaustiva recopilación de información, reuniones con diversos organismos públicos y privados y análisis detallado, logramos identificar desafíos significativos. Es preocupante que cuenten con un 200% más de recursos y peor aún, que los proyectos aún no se hayan entregado a la comunidad".
Además, agregó que seguirán investigando para resguardar el uso de recursos. "La comisión busca que estas situaciones no se repitan. Por lo mismo se propusieron acciones que nos permitan realizar diversas gestiones en esta temática. Es importante manifestar que mi compromiso es que los recursos de nuestra región se inviertan de manera responsable", dijo Ossandón.
Andrea Merino (PS), también fue parte de la comisión, declaró que ya está en marcha la búsqueda de soluciones. "Tomamos ya varios acuerdos. Como se logró identificar en donde están la mayor demora que al final afecta a las personas directamente en su calidad de vida, esto no es un tema de recursos ni de voluntades, sino que de burocracia y alguna normativa y eso fue lo que se buscó identificar para llevarlo hacia los niveles que correspondan y poder subsanarlos", indicó Merino.
Sobre el proceso con mayor tardanza, la consejera explicó que sería la etapa de licitación, por ende, afirma que quizás se necesitará cambiar la normativa vigente para lograr acotar el tiempo de entrega.
De igual forma, durante el pleno ejecutado ayer por el Core, se aprobó que la comisión constituida por cuatro consejeros seguirá funcionando por los próximos seis meses para continuar profundizando en los hallazgos.
Sin embargo, para el consejero Gustavo Carrasco (PPD) la postura que debería encaminar dicha comisión es la de buscar soluciones para los que ya están retrasados como los próximos. "Esta comisión se extendió por un plazo de seis meses, pero de acuerdo a mi visión sería con el hecho de buscar soluciones, entendiendo que los nudos críticos los tenemos identificados. El trabajo se debe enfocar en decir de qué forma vamos a encontrar dichos nudos que se presentan especialmente en la administración pública. Tenemos proyectos emblemáticos que quedaron pospuestos y hasta ahora no vemos soluciones", cerró Carrasco.
"Esto no es un tema de recursos ni de voluntades, sino que de burocracia y alguna normativa y eso fue lo que se buscó identificar".
Andrea Merino, Consejera Regional