Las revelaciones de la militante de RD que facilitó inmueble para sede de Democracia Viva
CONVENIOS. Cecilia Millán La Rivera declaró ante la PDI sobre su propiedad utilizada como dirección de la ONG.
La investigación que lidera la Fiscalía y PDI sobre los delitos relacionados a los tres convenios firmados entre Democracia Viva y la seremi de Vivienda de Antofagasta no sólo está abocada determinar la existencia de actos de malversación, sino también el presunto uso de influencias y conexiones políticas para concretar los millonarios traspasos.
Por esto, el Ministerio Público busca despejar cómo fue que se estructuró la fundación, quienes participaban en ella y cuáles eran sus vínculos en Revolución Democrática (RD), partido del cual era miembro el exrepresentante legal Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, ambos actualmente en prisión preventiva por este caso.
En este marco es que fue citada a declarar Cecilia Millán La Rivera, militante de Revolución Democrática.
Según consignó La Tercera, en la declaración realizada en octubre explica su colaboración al ceder su propiedad para ser utilizada como dirección oficial de la organización no gubernamental Democracia Viva. En su testimonio, detalló los eventos relacionados con este acuerdo y su relación con figuras importantes de la fundación.
La Rivera explicó que renunció a Revolución Democrática en 2020 para unirse a Convergencia Social en apoyo a Gabriel Boric, luego retornó a su militancia en RD. Relató que fue contactada por un compañero de partido para ofrecer su propiedad, ubicada en la comuna de Ñuñoa, como dirección para la fundación Democracia Viva.
"No recuerdo la fecha exacta, me contacta telefónicamente Daniel Andrade, comentándome que quería crear una fundación de nombre Democracia Viva, para trabajar temas de participación social ciudadana, no recuerdo con exactitud la conversación en sí, pero le comenté que no podían utilizar mi domicilio para trabajar como fundación porque es el lugar donde resido, respondiéndome que solo necesitaban la dirección para recibir correspondencia. Dentro de esta conversación, acepté que entregara mi dirección", precisó.
La militante de RD afirmó que su colaboración fue realizada "de buena fe como ayuda social y política", sin que se discutiera un pago por ello.
En su testimonio, detalló encuentros con Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva, y Catalina Pérez, diputada y entonces pareja de Andrade. Millán describió una reunión en una notaría donde acordaron el uso de su dirección, subrayando que nunca se acordó un pago por el arriendo, a pesar de que un contrato sugería lo contrario.
El 29 de ese mes ambos cerraron el acuerdo en una notaría de Providencia. "Leí el contrato donde aparecía que supuestamente me pagaría $10.000 (diez mil pesos), lo que fue una formalidad ya que nunca se acordó que me pagaría por el supuesto arriendo, por tanto nunca recibí esta suma de dinero". El arriendo regiría a partir del 1 de agosto, según detalló en la instancia.
Posteriormente, solicitó la terminación del contrato y la eliminación de su dirección como sede de la fundación, tras verse involucrada en un escándalo público y recibir hostigamientos en redes sociales.
El 22 de junio fue con Andrade a una notaría en Peñalolén para terminar con el contrato de arriendo. "Para redactar el contrato, me asesoré con una abogada, quien especificó que nunca recibí dinero por el arriendo del inmueble y que este nunca fue utilizado por la fundación", indicó.
Después de eso tuvo un contacto más con Andrade para pedirle que sacara del registro de Democracia Viva la dirección de su departamento, como también para revocarle el poder que le entregó a través de la junta de vecinos.