"Faltó visibilizar con mucho más fuerza el daño que ha hecho el ingreso clandestino"
El debate por la crisis migratoria que enfrenta el país volvió a resurgir tras el reciente informe de la estimación estadísticas migratoria, que proyectó al cierre de 2022 en 1,6 millón el total de población extranjera, de acuerdo a registros del INE y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), entre otros.
Álvaro Bellolio, exdirector del Sermig en la administración anterior, aborda con El Mercurio de Antofagasta la evolución del panorama migratorio en el país.
El Gobierno anunció hace unos días la denominada Política Nacional de Migración y Extranjería, que busca promover una migración ordenada, segura y regular. En su opinión ¿cuáles serían los avances en la materia adoptadas por las actuales autoridades y los eventuales retrocesos que pudiesen haber surgido?
-La política había sido adelantada a mediados de año con un resumen, y avanza en lo que es prioritario para la actual administración, la cual es entregarle visa a quienes ingresaron clandestinamente y cumplen requisitos como participar en el registro biométrico y conseguirse un contrato de trabajo. Con ello, se espera que este 2024 tengan más de 150 mil solicitudes de visa bajo estos criterios de extranjeros que ingresaron ilegalmente a Chile.
Sobre esto mismo, cómo evalúa la implementación del proceso de empadronamiento biométrico, para extranjeros en condición migratoria irregular, en que según se ha informado cerca de un 90% de los participantes corresponden a venezolanos.
-Los ciudadanos venezolanos ingresan clandestinamente a Chile desde Perú o Bolivia, donde viven hace meses o años, por dos razones principales. La primera es que pueden trabajar de manera sencilla en Chile en aplicaciones de reparto, comercio informal y otras; y la segunda, que entrar clandestinamente a Chile es sencillo y no tiene consecuencias, pues igual te van a dar una visa. Este segundo punto es ratificado por la política migratoria y la acción de gobierno, puesto que de los casi 100 mil ingresos clandestinos entre los años 2022 y 2023, expulsaron a menos de 360 por esta falta; y al resto, con el registro biométrico y consiguiéndose un contrato, igual le dan una visa.
Usted ha insistido en qué resulta inentendible que siga vigente la resolución de abril 2022 que prohíbe devolver a los extranjeros no bolivianos que ingresen por Bolivia ¿Cómo lograrlo, si las autoridades bolivianas hasta el momento impiden estas reconducciones?
-En las primeras semanas del funcionamiento de la nueva ley de migraciones, que entró en vigencia a mediados de febrero del año 2022, Bolivia recibió a extranjeros de todas las nacionalidades que fueron reconducidos. Fue cuando pidieron hablar con las nuevas autoridades que dejó de aceptar a extranjeros no bolivianos, y lo que hace el Ministerio del Interior, fue prohibir, a través de una resolución, que ni siquiera intenten hacer cumplir la ley.
La relación con Bolivia no es sencilla, pero con voluntad, gestión y capacidad de negociación se puede, como ocurrió en febrero de 2022. Pero hoy el gobierno simplemente tiró la toalla porque no hay voluntad real de impedir el ingreso clandestino.
De acuerdo a las denuncias y autodenuncias por pasos no habilitados de la PDI, disminuyó este registro en 2022 y también se advierte hoy una menor presión migratoria fronteriza comparado al período más crítico de la crisis migratoria ¿Cuáles son sus proyecciones a corto y mediano plazo en cuanto a los flujos migratorios?
-Entre 2022 y 2021 disminuyó un 5%, y ahora para este año, a octubre, la disminución era de un 10%... No es mucho pensando en la cantidad de recursos que se necesitan al poner a las FF.AA. en frontera, y parece que los parlantes no han sido muy efectivos. Ahora bien, mientras no se reduzcan las dos principales razones para que los migrantes ingresen clandestinamente, la facilidad para trabajar y que no hay sanción y les dan visa igual, ningún control fronterizo va a resolver el tema.
Habitualmente se cuestiona la incidencia del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, en el que usted participó, sobre la explosión migratoria registrada durante su mandato. Con la perspectiva que otorga la distancia ¿Pudo haberse mejorado algo?
-Justificaron el ingreso clandestino y la migración descontrolada, argumentando que la migración es imparable y que los extranjeros que ingresan clandestinamente son "obligados" a entrar a Chile. Este argumento ignora que los migrantes buscan países con mejores condiciones y que los casos que se han presentado en Chile es que la irregularidad es una elección, no una obligación. Un claro ejemplo es la migración haitiana, donde en 2017 entraron 130 mil personas como turistas en los vuelos LAW, y al desbaratar esa red de tráfico y solicitar visa de turismo, hoy el flujo es muy bajo; y no existe ningún reporte, dato o evidencia de que sigan entrando 130 mil al año de forma clandestina como afirman los defensores de que "vienen igual".
A su vez, sus organizaciones y fundaciones que aplauden o incentivan la migración descontrolada, ya sea como falsos turistas o ingresos ilegales, con la lógica de un derecho absoluto a migrar, y una vez dentro, el hacinamiento y el aumento de los campamentos son el resultado esperado. Entendiendo esto, faltó visibilizar con mucha más fuerza el daño que ha hecho al país el ingreso clandestino, la aparición de nuevos delitos asociados a las bandas de crimen organizado, y aún hay temas pendientes, como la toma de control de las cárceles por parte de extranjeros ligados a las bandas mencionadas.
¿Qué opina de las asesorías y estudios de abogados, en que participan ex autoridades del gobierno anterior, dedicados a asesorar a extranjeros en su condición migratoria? Sería pertinente, considerando, que algunos de ellos justamente aplicaban políticas de control migratorio.
-Usualmente en la prensa se comenta que exasesores que estuvieron menos de la mitad del periodo anterior hoy asesoran a extranjeros sin antecedentes penales, pero acá hay dos cosas clave. Las políticas migratorias y la nueva legislación están asociadas a la aprobación de la ley, que tomó 8 años, 3 congresos, y más de 7 comisiones, pasó por la Cámara de Diputados, el Senado y el Tribunal Constitucional, y por varios subsecretarios. A su vez, las responsabilidades están asociadas a las autoridades y parlamentarios, no a asesores.