Redacción

El exrepresentante legal de la Fundación Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez (suspendida en RD), Daniel Andrade (exRD), permanece detenido en la cárcel de Antofagasta mientras es investigado por las millonarias transferencias que recibió su ONG desde la seremi de Vivienda. Allí, según escribió en Instagram a fines del año pasado, hace clases de inglés a los reos, por lo que pidió materiales. El juez solicitó a Gendarmería evaluar la actividad y allanó la celda del imputado para revisar si tenía un celular, lo que no fue encontrado.

Los abogados José Figueroa y Juan Pablo Roncone (también escritor) pidieron al Juzgado de Garantía autorización para comprar una pizarra acrílica, plumones y cualquier otro material necesario para que Andrade haga clases a otros reclusos, "en la medida de lo posible" al interior el módulo 90, señaló ayer El Mercurio de Antofagasta.

Esto, en línea con la publicación del imputado el 31 de diciembre del año pasado, en que evaluó sus primeros días en la cárcel, autodefiniéndose como "preso político". Allí, además, señaló que estaba dando un taller de inglés "para el resto de los reos que ya venían con el bichito de aprovechar el tiempo en la cana".

El juez Andrés Santelices, según publicó ayer La Tercera, pidió un informe a Gendarmería sobre las posibilidades técnicas de acceder al requerimiento de Andrade, junto con que los talleres impartidos a la población penal también deben ser evaluados por la institución.

Allanamiento

La publicación en Instagram del exrepresentante de Democracia Viva despertó las dudas sobre si tenía un teléfono celular en la celda, lo cual está prohibido. Por esto, Gendarmería ordenó el allanamiento del lugar, donde no se encontró ningún dispositivo.

Andrade, además, solicitó al Poder Judicial comunicarse con su mamá por videollamada, ya que él está detenido en Antofagasta y ella permanece en La Florida, Región Metropolitana. El juzgado, al igual que con la solicitud docente, pidió evaluar la medida.

En el mismo recinto penal fue internado el exseremi de Vivienda de Antofagasta y exjefe de gabinete de la diputada Pérez, Carlos Contreras (exRD), procesado junto a Andrade.

Un estudio realizado por la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes en el que se encuestó a 1.210 padres y/o tutores de menores y adolescentes escolares de todo Chile reveló que un 42% de los apoderados asegura tener un hijo con problemas de aprendizaje en el colegio o necesidades educativas especiales.

De ese porcentaje, 20% indicó que corresponde a déficit atencional, 12% a una necesidad educativa especial o transitoria, 5% a una condición de neurodesarrollo y 5% a un dificultad en el aprendizaje.

En tanto, un 12% del grupo socioeconómico E tiene niños con dificultad de aprendizaje, mientras que en el caso del grupo ABC1 es un 4%.

Consultados sobre si sienten que el establecimiento educativo de su hijo cuenta con profesionales adecuados "para entregarle lo que necesita aprender", un 75% está de acuerdo y muy de acuerdo, mientras que un 13% señaló estar en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Desglosado por zona, en el norte quienes están de acuerdo o muy de acuerdo alcanzan en 69%, en el centro 75% y en el sur 76%.

En cuanto a quienes están en desacuerdo o muy en desacuerdo, en el norte suman 15%, mientras que en el centro y en el sur llega a 13%.

La académica Antonietta Ramaciotti, directora de la mención Inclusión Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes, indicó que "hay dos situaciones importantes que enfrentar. La primera de ellas es que se hace indispensable que los nuevos profesores puedan responder a las demandas de aprendizaje de todos sus estudiantes, diversificando y haciendo ajustes a las planificaciones, las metodologías y ofrezcan alternativas diversas de evaluación".

"Es indispensable que ellos cuenten con los conocimientos que les permitan comprender mejor las necesidades de sus estudiantes para realizar derivaciones de forma oportuna y al especialista que corresponde", agregó.

Además destacó que los padres valoran las capacidades que hoy existen para atender las necesidades educativas especiales.

Se estima que en el país hay cerca de 3,6 millones de estudiantes en 11.285 establecimientos educativos escolares.

El cobre estaría perdiendo peso frente al litio. Esto, porque los aportes del mineral no metálico a las arcas fiscales volverían a superar los de Codelco, tal como ocurrió en 2022.

Según estimaciones del profesor del departamento de Ingeniería en Minería de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, sobre la base de estadísticas de la Dirección de Presupuesto (Dipres), casi al cierre del año pasado, la contribución del litio al Estado, solo considerando las rentas de arrendamiento de Corfo, estuvo cercana a los US$4.000 millones, por sobre los recursos que entrega el cobre.

El academico explicó que "podría estar cercano a los US$4.000 millones, mientras el cobre completo, incluidas las GMP10 (grandes mineras privadas) y Codelco, sería de un poco más de US$3.000 millones. O sea, el litio está superando en tributación al cobre, esto no me deja de sorprender".

El monto incluso podría ser mayor. Y es que el cálculo utilizó como referencia que en el último tiempo los ingresos por litio han representado en torno al 80% de las rentas del fisco y no contempla el pago de impuestos de SQM y Albemare.

Lagos, sin embargo, hace una advertencia. Según señala, el resultado de 2023 "aparentemente no se va a repetir este año porque el precio del litio está muy bajo, en torno a los US$13.000, y el año pasado estuvo en US$55.000".

Juan Ortiz, economista senior del OCEC-UDP, cuenta con cifras similares. Detalla que "el Consejo Fiscal Autónomo estimó ingresos por el litio para el 2022, asociados al arriendo de pertenencias de Corfo a SQM y Albemarle, por US$ 3.121 millones. Con las cifras antes indicadas y con un tipo de cambio de $839,1 por dólar en 2023, los $3.200 millones (estimados para 2023) serían aproximadamente US$3.800 millones. Es decir, en 2023 los ingresos por litio asociados a los pagos a Corfo serían mayores".

Según las cifras de la Dipres, a noviembre del año pasado la recaudación por rentas de la propiedad del fisco creció y se incrementó la meta prevista para el año, que había sido superada en octubre. Así, en ese mes, el acumulado de ingresos por rentas subió 15,4% a $4.581.775 millones (US$5.150 millones). La meta proyectada era de $4.120.432. b