El viernes pasado se presentó el segundo informe de la auditoría de la Contraloría General de la República por el denominado "Caso Convenios" en el Gobierno Regional, en el marco de los escándalos a nivel nacional por este tipo de millonarios traspasos de fondos desde entidades públicas a fundaciones.

¿El resultado? De acuerdo con lo presentado en el pleno del Consejo Regional, varias situaciones fueron catalogadas como "complejas".

El objetivo del informe, se explica en la presentación, fue "efectuar una auditoría a las transferencias de recursos que el Gore ha efectuado a entidades privadas, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 31 de julio de 2023", lo que abarca iniciativas de la administración anterior. Para esta nueva versión, la muestra consideró 13 proyectos, incrementando los 10 que fueron parte de la primera etapa.

La presentación estuvo a cargo del jefe de la Unidad de Control Regional, Cristian Pérez.

Parentesco

Quizás el punto que más resalta a primera vista de lo informado por la auditoría es que "se evidenció en la inspección realizada la existencia de relaciones de parentesco entre funcionarios del GORE con la Fundación Ecorayén y Campamento de Ideas, lo cual era una inhabilidad contenida en las bases para postular a los fondos del 8%, evidenciando una falta de verificación de las inhabilidades impuestas".

En respuesta, el Gobierno Regional instruyó una "investigación sumaria (antes de la auditoría) y genera una propuesta para corregir en el proceso 2024 la detección y control de inhabilidades e incompatibilidades en la asignación de recursos", según se desprende de la presentación.

El informe también hace una observación en el plazo en que se ejecutan los presupuestos, concentrado en los últimos trimestres: "La forma concentrada de ejecutar el presupuesto por parte del GORE, afecta la eficiencia y eficacia en el desarrollo de las funciones que le son propias, principios que resultan obligatorios para la administración".

Falta de cauciones

En tanto, en la sección de aspectos de control interno, se establece que "la auditoría cuestionó que en la transferencia al Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería (CICITEM), no se haya exigido un instrumento financiero por el resguardo de los recursos".

Como respuesta, el Gobierno Regional indicó "que a la época de la celebración del convenio en comento la normativa aplicable no previó el deber genérico de solicitar el otorgamiento de la caución como requisito previo para la transferencia de fondos. Igualmente solicita a la organización entregar una garantía por los fondos".

Además, se detalla que "en nueve de los 13 convenios realizados, la garantía solicitada eran pagarés, los cuales no considera CGR como instrumentos idóneos".

"Al igual que en el cuestionamiento anterior, el GORE señala en su contestación, que en la época en que se suscribieron los convenios aludidos, la exigencia de una caución, no era obligación. No obstante, ha instruido (…) la obligación de incluir en los acuerdos que se suscriban -o en los ya firmados, mediante anexos-, por transferencias superiores a 500 UTM, cauciones que permitan su cobro inmediato a fin de asegurar y resguardar el cumplimiento de los fines que allí se estipulen".

Unidad jurídica

Consultado sobre el conflicto por parentesco entre las fundaciones y funcionarios del GORE, Bryan Romo, jefe de la Unidad Jurídica del Gobierno Regional, explica que "el estado del sumario está en tramitación, ya ha sido asignado un fiscal y ya se encuentran realizando las primeras diligencias" . Romo agregó que las pesquisas son reservadas, pero que "esperamos que avance rápidamente y se pueda determinar si hubo alguna falla administrativa por parte de algunos funcionarios frente a la situación detectada por la Contraloría".

Sobre solicitar boletas en proyectos ya finalizados, Romo argumenta que "al momento de celebrarse todos estos convenios no existía una obligación de exigir boletas de garantía a la fundaciones y organizaciones sociales, muchas de las cuales dentro de la muestra son organizaciones muy pequeñas, juntas de vecinos por ejemplo, y por lo tanto, no era la práctica habitual del gobierno regional".

"Sin embargo, en aquellos proyectos que siguen en ejecución, sí se va a exigir una boleta de garantía antes del término de los proyectos, pero efectivamente en aquellos que ya están terminados y que están rendidos, no sería posible exigir una boleta garantía, así mismo lo ha dicho la Contraloría rectificando que es una situación referente a hechos que ya están consolidados", concluye.

Probidad, ante todo

El consejero Patricio Tapia (DC) destaca que la importancia para el Core "conocer el trabajo que se está realizando por parte de la Unidad Control del para ir clarificando de la mejor manera estas auditorias, y a partir de aquello el Gobierno Regional deberá subsanar las observaciones establecidas en el informe de Contraloría, además de ir mejorando los procedimientos".

La consejera Carolina Moscoso (PSC), por su parte, comenta que los hallazgos "dejan en evidencia irregularidades de control interno y materias específicas en calidad de 'complejas' que deben ser subsanadas en tiempo y forma solicitada por el ente fiscalizador".

Para Moscoso, "las más graves a mi juicio es la falta de verificación y control de las inhabilidades entre funcionarios del GORE y directivos de fundaciones, porque estas se encuentran contenidas en las bases del fondo del 8%, si bien el ejecutivo instruyó una investigación sumaria, de igual forma queda en duda el proceso de detección".

Sobre este punto, el consejero Víctor Guzmán (PC) sostiene que a futuro se debe "pedir que esas fundaciones se dejen fuera de cualquier concurso al interior del GORE".

"El GORE y el CORE quieren apoyar a la región, pero debe salvaguardar el buen uso los recursos. La probidad es primordial", recalca el consejero.

Mientras, la consejera Katherine San Martín (ind.) se enfoca en el caso específico de Cicitem: "En el análisis mencionaron a Cicitem en dos ocasiones, lo que hace que estemos atentos al funcionamiento, Así como también el porqué de la ejecución presupuestaria tardía. ¿Es necesario concentrar el gasto solo meses antes de cerrar el año?" y subraya que "se trata de planificar y optimizar el gasto".