SANTIAGO.- Brasil otorgó a Chile un crédito de libre disponibilidad por 50 millones de dólares, según informó ayer el presidente del Banco Central, general Eduardo Cano, quien acaba de retornar de Río de Janeiro. Cano agregó que el acuerdo fue suscrito con el Banco Central brasileño. El empréstito será usado en apoyar la balanza de pagos que debe hacer nuestro país.
El Intendente de Valparaíso confirmó que en esta ciudad la viruela ya se encuentra prácticamente erradicada gracias a la vacunación de la población. Respecto a los 2 o 3 pacientes que se atienden, como promedio, últimamente en el lazareto de Playa Ancha, estos corresponden a personas que vienen de otras regiones del país, pero no son por contagios en Valparaíso.
"La Ley Cholito no soluciona nada, al contrario, empeora el problema".
Carlos Guerra
Director Centro Regional Estudios y Educación Ambiental, UA
El segundo informe emitido por la Contraloría Regional acerca de las transferencias y convenios que celebró el Gobierno Regional desde enero del 2021 a la fecha, arrojó resultados que obligan a poner acento en aquellas medidas que limitan el gasto público discrecional hacia instituciones privadas.
Si bien, en su informe la Contraloría reiteró problemas anteriormente detectados, como la falta de cauciones en la transferencias a corporaciones o la ausencias de comprobantes de ingreso, fueron hallazgos como la adjudicación de proyectos a instituciones que cuentan relación de parentesco con funcionarios del Gobierno Regional o la asignación infundada de proyectos a fundaciones que carecen de experiencia en la implementación de iniciativas adjudicadas, los que aparecen como los temas más sensibles para la actual administración regional.
El terremoto que significó el destape de casos como Democracia Viva y que se ramificó a los Gobiernos Regionales donde ahondó en la disposición de recursos del 8% de los presupuestos regionales. Sin embargo, hay que precisar, la situación no se originó recientemente. Históricamente las Intendencias Regionales dispusieron de recursos del 5% que podían ser utilizados a libre albedrío y con un bajísimo nivel de reportabilidad. Asignaciones directas, sin visación del Core, y en algunos casos, incluso lejos de la Contraloría, formaban parte de la administración regular de la ejecución. Una situación que se agudizaba en situaciones de emergencia, como inundaciones en el altiplano o el periodo de la pandemia. Pero que hay existido, no sirve de justificación de irregularidades.
Hoy día, una opinión pública más alerta exige mejores estándares en la gestión pública de recursos. De ahí que las medidas que, a nivel local, adopte el Gobierno Regional constituyen un primer paso a transparentar de mejor forma, cómo se invierten y fiscalizan los recursos públicos de la región.
Hoy nuestro país enfrenta una crisis de seguridad, principalmente centrada en los delitos más violentos, que tienen como especial protagonista la niñez más vulnerada en espacios que deberían ser protectores como la familia, la escuela y la comunidad.
Según datos de la Fiscalía, en 2022 se registraron 54 Niños, Niñas y Adolescentes que perdieron su vida en conflictos asociados a la delincuencia (aún no tenemos datos 2023), 57% de ellos fueron protagonistas de acciones delictivas. En la misma línea, según el Observatorio Niñez de Fundación Colunga, 1 de cada 3 niños ha presenciado tráfico de drogas, balaceras o disparos. Aumenta la participación de niños en delitos violentos y en bandas organizadas; 1 de cada 3 miembros de estas bandas, según informa Carabineros, son adolescentes. Cifras de la Defensoría Penal Pública: en 2021, un total de 110 niños fueron imputados por el delito de homicidio, mientras que en 2022 el número llegó a 146, lo que equivale a un 32% más.
Con este escenario se va dibujando claramente una estrategia del crimen organizado de involucrar a niños en delitos violentos, así rompen la cohesión en los territorios donde operan impunemente mientras el Estado no resuelve importantes nodos críticos como los 14 mil niños que no cuentan con tratamiento necesario para Salud Mental, o los 35 mil en espera de un programa ambulatorio en Mejor Niñez, o más de 50 mil niños excluidos del sistema escolar y cerca de 1 millón en ausentismo crónico.
La niñez está siendo acechada por el crimen organizado que permea sus espacios de protección. Se requiere con urgencia levantar una Agenda Temprana de Prevención Social que fortalezca aquellos ámbitos erosionados por el delito. Es necesario apoyar la crianza de padres y cuidadores, el reingreso al sistema escolar y fortalecer la cohesión de los vecinos por el desarrollo positivo de la niñez. Se necesita una oferta completa, oportuna, de calidad y con evidencia que realmente sea capaz de prevenir tempranamente y cambiar trayectorias delictivas cuando se inician.
Tenemos en ciernes una verdadera catástrofe en la infancia más vulnerada víctima del crimen organizado, hay herramientas legales en la Ley de Protección Integral de la Niñez que el legislador le dio al Ejecutivo. Debemos llegar antes y dejar de llegar tarde. Hoy, la vida y el futuro de cada uno de ellos depende del liderazgo para enfrentar este desafío. Un niño son todos los niños del mundo.