La Superintendencia de Salud envió un informe a la comisión del Senado que discute la Ley corta de Isapres, donde afirmaba que los precios de los planes de las Isapres aumentarían entre 7% y 41%, al ser aplicado el fallo de la Corte Suprema por cobros indebidos. No obstante, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, afirmó ayer en el Congreso que "la mayoría de las personas va a tener reducciones de precios, no alzas".

"A la gente le van a bajar los precios en porcentajes importantes, primero por el (fallo) GES y después por el fallo de tablas (de factores). A esos precios, disminuidos en esa forma, es a los que se les aplica esta alza" expuesta por la Superintendencia, detalló el ejecutivo.

Arriagada llamó a la comisión de Salud a observar cómo se comparan los precios antes de los fallos, con los que resulten después del alza, porque "son alzas a los precios finales, pero no necesariamente significa que las personas pagan más de lo que pagaban antes".

El superintendente, Víctor Torres, dijo ayer que "el alza que podría sufrir el precio base, como alza extraordinaria, nosotros proyectamos que debiera ser menor de lo que esta aquí establecido" en el informe expuesto en la víspera, porque "no tenemos hoy día elementos que puedan reducir esa alza, como, por ejemplo, la medida de adelantamiento de adecuación precio base 2024", que tiene como plazo límite el 31 de marzo.

La deuda de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) en abril fue calculado en US$1.400 millones, aunque esta semana se estimó que es de US$1.066 millones, debido a que se aprobó que ningún plan podrá costar menos del 7% de la cotización legal, ya que no se generarán deudas por ese concepto.

El presidente de la comisión, senador Juan Luis Castro (PS), pidió mayores precisiones sobre el porcentaje máximo en que las Isapres podrán subir sus planes, para evitar así el surgimiento de un "mercado secundario" en el sector privado. Algunos centros de salud ya ofrecen seguros complementarios.

La instancia legislativa comenzó ayer la votación de las indicaciones al proyecto de Ley corta, y se propuso despacharlo a la Sala del Senado en una semana, es decir, el próximo martes, para su discusión y votación.

En esta línea, la comisión aprobó ayer los artículos sobre el consejo consultivo, "que se crea para asesorar a la Superintendencia de Salud en la revisión de planes de pago y ajuste para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema", explicó en X la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

"También comenzó la votación de la modalidad de cobertura complementaria de Fonasa (Fondo Nacional de Salud), aprobándose los primeros artículos. Estamos en tierra derecha en la creación de esta cobertura, que implica una mejoría en las opciones para afiliados a Fonasa, que son el grueso de la población", añadió Aguilera, ante la migración de afiliados.

A un costado de la Autopista Acceso Sur, entre las comunas de Puente Alto y San Bernardo, fueron encontrados ayer por la mañana dos cuerpos amarrados de manos y pies y con impactos de bala.

"Tenemos como antecedente preliminar que se trata de dos personas masculinas, que están ejecutadas derechamente por armas de fuego y que estarían en similares condiciones a los encontrados en Rinconada de Maipú, respecto de que también estarían atados", señaló el fiscal Héctor Barros, coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, en relación con un hecho similar ocurrido en Rinconada de Maipú hace menos de un mes.

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI y el ECOH llegaron al lugar del suceso para las primeras indagatorias, donde se estableció que ambos eran mayores de edad.

"Conforme al examen realizado se estima que la hora de muerte habría sido la madrugada de hoy (ayer), indicó el subprefecto Óscar Alvarado, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana.

Agregó que "se trata de un doble homicidio de dos personas de sexo masculino, las cuales no han sido identificadas ni existen documentos que permitan hacerlo. Son ambos mayores de edad y presentan múltiples impactos balísticos en el cuerpo".

Por último, reveló que "la evidencia balística encontrada en el lugar nos permite presumir que el hecho habría ocurrido en el sector".

Las reuniones de ministros y políticos con ciudadanos son lo más normal y deseable del mundo y sería ridículo que cada vez que un ministro se encuentra con alguien o decide ir a una reunión social en la que tropieza con este o aquel, deba registrarlo y hacerlo público, como si la ley de lobby fuera una especie de gran hermano simbólico al que hubiera que revelarle todo.

¿Significa lo anterior que, entonces, las reuniones sostenidas por los ministros en la casa de Pablo Zalaquett -amenizadas con bocadillos y bebidas en las que, según se ha sabido, cada uno se presentaba brevemente como si fuera una reunión de curso- no merece crítica alguna y que las que se han formulado desconocen el valor del diálogo?

Por supuesto que no.

Porque ocurre que Pablo Zalaquett no es un ciudadano cualquiera, es un lobista. Y quienes se reunían periódicamente en su casa, tampoco son gente de a pie. Eran personas que son custodias de intereses colectivos, empresarios, lideres gremiales, directores de empresas. Y los invitados gubernamentales no estaban allí por ser sujetos entretenidos o enigmáticos a los que valía la pena conocer (la mayoría no parece serlo) sino porque son funcionarios estatales cuyas decisiones conciernen, afectan, favorecen o lesionan, a aquellos con los que se encuentran. En suma, en esas reuniones había invitados que eran titulares del poder estatal (los ministros); otros que tienen a su cargo intereses privados que es su deber custodiar y que están concernidos por las políticas y decisiones de los primeros (empresarios, directores de empresas, líderes gremiales) y un sujeto, el anfitrión que favorecía esos encuentros, era alguien que ejerce de lobista (y al mismo tiempo un alcahuete, no sexual sino político).

Al margen de la interpretación que admita la ley de lobby -si extensiva para alguien preocupado de la transparencia, restringida para aquel que participó de las reuniones- no cabe duda de que los ministros y ministras que asistieron a esos encuentros hicieron mal, no obraron correctamente.

Para advertirlo basta hacerse dos preguntas.

La primera sobre la base de una observación de Kant que se encuentra en La Paz perpetua. Allí Kant observa que todo lo que no es susceptible de publicidad es injusto. La pregunta entonces es la siguiente: si los encuentros eran perfectamente inocentes, objetivamente inocuos ¿por qué no fueron públicos y solo se supieron luego de una investigación periodística? Se dirá que la ley de lobby no obliga a informar las reuniones sociales de las autoridades; pero, como se acaba de mostrar, en este caso no eran reuniones sociales, sino políticas entre la autoridad y sujetos concernidos por sus decisiones en la casa de un lobista.

La segunda también pertenece a Kant y es el famoso imperativo categórico: obra en conformidad a una máxima que pueda ser universalizada, que todos puedan seguir. Pues bien ¿qué sería de la democracia y de la confianza de los ciudadanos en ella, si todas las autoridades que custodian los intereses públicos se reunieran siempre a puertas cerradas con aquellos cuyos intereses son afectados por sus decisiones, en tanto los sujetos comunes y corrientes, ajenos a esas reuniones -y a los bocadillos y las bebidas, por supuesto- permanecen ajenos y a ellos solo se les habla en discursos, cadenas televisivas y, cuando la autoridad está de humor, en conferencias de prensa?

Lo que alarma en todo esto es que los ministros y ministras -también el presidente que salió del paso parafraseando al Padre Hurtado- se resistan a reconocer la gravedad del problema, la que no deriva del hecho que haya habido transacciones ilícitas en esas reuniones, sino porque ellas, como práctica, dañan la confianza pública.