Al igual que los dos primeros imputados por el Caso Democracia Viva, Daniel Andrade y Carlos Contreras, la formalización de la tercera acusada, la concejala Paz Fuica, se extendió por dos jornadas. Finalmente tras la audiencia, la edil quedó con prisión preventiva durante los cinco meses que se decretó para la investigación, puesto que el Juzgado de Garantía consideró que su libertad constituye un peligro para la sociedad.

La concejala quedó recluida en el Centro Penitenciario Femenino de la ciudad.

Fuica, cercana a la diputada Catalina Pérez y suspendida de su militancia en RD, es acusada por la Fiscalía como autora de tres delitos por fraude al fisco en la arista de Democracia Viva en el denominado "Caso Convenios", la raíz de los escándalos por los millonarios tratos entre fundaciones y organismos estatales, en este caso la seremi de Vivienda.

La defensa

Karina Trujillo, abogada defensora la concejala, comenta a El Mercurio de Antofagasta que "nuestra hipótesis es que doña Paz Fuica no tiene ninguna participación en los tres delitos, o dos delitos, según sea la interpretación, de fraude al fisco que se le está imputando como autora. A juicio nuestro, el Ministerio Público, si bien invocó una serie de antecedentes para poder pedir la prisión preventiva, estos resultaban insuficientes, poco serios, no concluyentes al momento de definir la existencia del delito y la participación de Paz. Básicamente, la mayoría, decía relación con el fraude entre Contreras y Andrade".

"Había muy poca información respecto de Doña Paz Fuica, y era una información más bien de carácter indiciaria. Ni siquiera eso, una transcripción de una línea de una conversación telefónica, como también había una declaración en particular, pero tampoco nada que pudiera acreditar que hubo un acuerdo previo entre Andrade, Contreras y Fuica para cometer este fraude", afirma la abogada.

Ahora, Trujillo adelanta que acudirán a la Corte de Apelaciones para revisar la medida cautelar: "Sí, lo haremos (apelar). Tenemos el plazo de cinco días, es decir, hasta el miércoles. Y en cuanto a las actividades posteriores que realizaremos, primeramente, vamos a revisar bien los antecedentes, pues tenemos muy poco tiempo para hacerlo, son 11.500 hojas, 21 tomos. Entonces ya teniendo un conocimiento más cabal de todo, ahí ver qué estrategia y qué diligencias solicitamos al Ministerio Público."

¿Cómo está la concejala y también qué va a pasar con su cargo? ¿Ella mostró inquietud sobre eso?

- Absolutamente. Dice la ley que cuando el funcionario es sentenciado, un efecto es la suspensión. Sin embargo, si está en prisión preventiva, no va a poder ir a las sesiones de Concejo (...). Obviamente está preocupada porque, además, si lo miramos en términos reales y objetivos, ella no es un peligro para la seguridad de la sociedad, ni siquiera implica un peligro de fuga, porque tiene domicilio conocido, trabajaba en la municipalidad, se presentó cuando le llamó a la policía. Entonces claramente esto es perjudicial.

"Evidentemente está sumamente afectada, porque ella mantiene su presunción de inocencia, que al final se traduce en una mera declaración de principios. Ahora quedó muy afectada cuando el tribunal resolvió, porque la verdad es que nosotros teníamos esperanza de que el tribunal entendiera que los antecedentes eran insuficientes".

¿Y el cargo?

Una de las interrogantes que se abrió es qué pasará con el cargo de Fuica. ¿Queda inhabilitada por ser imputada por fraude al fisco? No es tan sencillo, explican expertos consultados por este Diario. La sola formalización no implica que un concejal o concejala quede fuera de sus funciones.

Francisca Barra, profesora de Derecho Penal de la Usach, explica que, a nivel general, "no es inmediata la suspensión en el cargo. Primero, la suspensión del cargo, durante el tiempo que dure la investigación, puede ser solicitado, por ejemplo, por el alcalde u otros concejales, al Tribunal Electoral (Tricel). Y eso se hace con un escrito fundamentado en el que haces presente, por ejemplo, infracciones a los deberes que esta persona tenía en relación a la comisión del delito que se está investigando. Es el Tricel el que tiene la competencia para suspender de un cargo a un funcionario, o incluso sacarlo del cargo.

Un proceso que dura mucho tiempo, sentencia Barra: "Es un procedimiento contencioso. Se presenta el requerimiento ante el tribunal, luego el concejal tiene derecho a defenderse. Se presentan cientos de informes y después el tribunal decide. Entonces es algo que toma tiempo".

¿Y qué pasa con una prisión preventiva? Lo mismo, comenta la académica. "En definitiva, esta autoridad no va a poder ejercer el cargo y la función porque va a estar privado de libertad. Entonces, ¿qué debe ocurrir ante eso? Es que ellos (los concejales) soliciten la inhabilidad, o como concejo ellos resuelvan qué es lo que van a hacer con una persona que no se encuentra en ejercicio".

"Igual es un poco delicado el tema, porque la persona recién está en prisión preventiva y todavía la ampara el principio de inocencia", recuerda Barra.

Como sea, junto con lo anterior, hay que considerar el poco tiempo que queda de administración municipal, con unas elecciones edilicias a la vuelta de la esquina.