La desventaja de los diagnósticos apresurados es que suelen traer consigo tratamientos equivocados. Por eso es riesgoso disipar la diferencia entre lo urgente y lo importante en el quehacer político, y a pesar de que predecir el futuro no es una habilidad posible, lo cierto es que son los momentos de efervescencia donde se hace obligatoria la mesura para evitar que el barco se hunda. Al final, cuando el mar está en calma, cualquiera puede sostener el timón.
En ese sentido, cuatro años después, con dos propuestas constitucionales rechazadas y un costo directo que ha sido estimado en más de $150 mil millones, existe la sensación de que la solución de una "nueva" Constitución para el "estallido social" no solo fue una lectura sometida a la conmoción y los efectos que surgían de la pandemia, sino que abandonó la idea que una Constitución no puede, por sí misma, convertir los malos tiempos en buenos.
Desde luego, esto no implica descartar la percepción ciudadana de la necesidad de cambios. Pero con lo acontecido en los dos frustrados procesos constitucionales parece prudente considerar que hubo un error de percepción a la hora de canalizar la inquietud de los ciudadanos.
Precisamente, tal como no es igual hacer oposición que formar mayorías, tampoco puede considerarse que todo dilema de gobernabilidad tenga raíz en lo constitucional. La educación, la economía, la seguridad, la salud, las pensiones, entre otros, requieren intervenciones puntuales y ágiles por parte de los órganos democráticos. De ahí que las Constituciones se establezcan como límites al poder público y no como formas de legitimar programas de gobiernos específicos.
De tal modo, cuando se trata de separar la paja del trigo, después de estos procesos constitucionales, lo primero que debe advertirse es que la Constitución que hoy rige a Chile puede presumir que es quizás la única en el mundo que ha superado con éxito dos procesos democráticos para derogarla.
Ahora, esto no quiere decir que sea perfecta, pero sí que, debido a su legitimidad democrática, los contenidos de ese texto constitucional deben ser la base para lo que continua y para evaluar los temas que requieren ser atendidos.
Por consiguiente, si se observa que los procesos constitucionales significaron un rechazo a lo refundacional y a la incapacidad de los sectores políticos para fomentar consensos, lo que viene es atender y revisar, primordialmente, el sistema político: a fin de cuentas, la cohesión de este no pasa inadvertida cuando de justicia y progreso se trata.
En consecuencia, un sistema político que encuentre sus bases en la fragmentación y dispersión posibilita situaciones que debilitan los acuerdos o que, incluso, deja que estos queden sometidos a intereses particulares, donde bien se termina haciendo pasar el lobby por diálogo.
Todo lo anterior, acompañado de una fragilidad constitucional dada por la disminución reciente del quorum para efectuar reformas, entregan herramientas que no son satisfactorias en la búsqueda del bien común ni para resolver, a ciencia cierta, los hechos de inseguridad, el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción e impunidad, la polarización política, el aumento de flujo migratorios y las situaciones de vulnerabilidad.
Es, en virtud de ello, que un sistema político requiere en su formulación y aplicación un trabajo de "ingeniería", donde cada una de las variables y elementos, como si fueran engranajes, se acoplen para que el objetivo se alcance con eficacia y efectividad: partiendo desde el sistema electoral hasta la generación de equilibrio de las funciones, competencias y períodos para ejecutarlas.
No menos importante será que ese sistema político cuente con personas dispuestas a asumir el compromiso de hacerlo funcionar de manera debida, pensando, ante todo, que en los años recientes ese parece haberse fomentado una democracia cansada, que modela frustraciones y que impulsa apresurados "nuevos" diagnósticos.
En definitiva, en lo que viene debe rescatarse el valor de la prudencia, que ayuda a diferenciar entre lo importante y que no puede esperar, de aquello que es secundario y puede esperar, en un marco de diálogo democrático y de búsqueda de acuerdos. Y es este sentido la reformulación del sistema político resulta clave para que aquello sea posible.
Investigador posdoctoral de la Facultad de Derecho y de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.