Redacción

El 9° Juzgado de Garantía de Santiago decretó ayer -en la tercera jornada de formalización -arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con testigos o coimputados contra la exalcaldesa de Maipú y exbailarina del programa televisivo Mekano, Cathy Barriga, imputada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público durante su gestión municipal, cuestionada por el gasto millonario en regalos como collares de cristal y peluches. Al salir del centro de Justicia, Barriga comenzó a publicar videos en sus redes sociales.

A "quienes participaron de todas las actividades", como deportes, capacitaciones, Día de la Madre, apeló la exjefa comunal tras la jornada en que arriesgaba prisión preventiva mientras se investiga el destino de más de $31.000 millones, "necesito de todas ustedes para que me puedan enviar esas fotografías (... de los collares de cristal Swarovski) del sol: acá (en tribunales) se está cuestionando que eso no se entregó".

Barriga también le habló a los niños y jóvenes que "recibieron este apoyo tan importante de los útiles escolares, ya sea de colegios municipales, subvencionados o particulares", sumados a los que "recibieron a Renacín y Smapina", los cuestionados peluches "mascota" de Maipú.

Antecedentes suficientes

Minutos antes, el juez Hugo Salgado rechazó la petición de prisión preventiva realizada por la Fiscalía para los 120 días que durarán las pesquisas, porque "falta precisión, falta investigación para en definitiva ver si estos más de $30.000 millones se le pueden imputar a ella como un delito de fraude".

Sin embargo, "hay antecedentes más que suficientes para poder, ahora, determinar que sí existe el delito de fraude en esta etapa preliminar", señaló el magistrado. Sin embargo, para afirmar que Barriga es un peligro para la sociedad, agregó el juez, "no basta con que sea un delito grave o que sean varios delitos. (...) No hay un peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de que cometa nuevos delitos, no creo que se pueda solamente presumir porque esté siendo ahora formalizada por estos fraudes".

"Doña Cathy", además, indicó Salgado, "no tiene antecedentes penales anteriores, ni se han señalado antecedentes que puedan resultar serios para pensar que va a cometer delitos estando en libertad".

Respecto de que su libertad podría entorpecer el desarrollo de la investigación por eventuales amenazas contra testigos, el juez afirmó que "antecedentes serios de alguna amenaza que pueda realmente llevarse a cabo, no veo". Y, sobre el peligro de fuga, Salgado señaló que Barriga asistió voluntariamente a las audiencias y "tiene dos hijos, es una persona conocida, no le sería muy fácil eludir la acción de la Justicia".

Junto la exalcaldesa, su exdirectora de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplac), Ana María Cortés, quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional porque, en palabras del juez, "falta precisar en qué actividades participó ella directamente, o intervino para alterar estas partidas, presupuestos, certificados de disponibilidad y cuánto es lo que se le puede atribuir como copartícipe".

"perjuicio exorbitante"

La fiscal de alta complejidad y crimen organizado, Constanza Encina, dijo que "no estamos conformes con la resolución del tribunal. Sí consideramos muy positivo que el tribunal consideró que los antecedentes eran muchos, dio por acreditados los presupuestos materiales, el delito de la participación, eso para nosotros es fundamental".

Pese a ello, "no compartimos en absoluto los argumentos que dio el tribunal respecto a la necesidad de cautela, y es justamente lo que nosotros vamos a apelar y vamos a alegar en la Corte" de Apelaciones, anunció la persecutora, porque "el monto del perjuicio fiscal es exorbitante".

Uno de los argumentos de la defensa de Cathy Barriga para evitar la psisión preventiva fue que "es madre de tres hijos y cuidadora de dos de ellos, el otro ya es mayor de edad, tiene alrededor de 23 años. Pero uno de esos niños tiene un cuadro médico", lo cual la deja en "calidad de madre cuidadora".

En medio de la investigación por el Caso Convenios y en especial por las aristas de transferencias de dinero a las fundaciones En Red Social y Enlace Urbano, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un operativo en distintas regiones del país para visitar las oficinas de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) de Vivienda y también las del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu).

En concreto, los uniformados acudieron a los despachos de las regiones de Arica, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, La Araucanía, Los Ríos y la Metropolitana.

En definitiva, la instrucción era levantar información digital, recolectar documentos y buscar elementos relevantes para el caso, llevando a cabo un registro e incautación voluntaria por parte de las brigadas de delitos económicos y de anticorrupción.

La Fiscalía Regional de Tarapacá, a cargo del fiscal regional, Raúl Arancibia Cerda, y el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, solicitó el operativo.

Ríos explicó que "son dos fundaciones que iniciamos la investigación en el mes de agosto del 2023, desde aquel momento hemos estado haciendo una serie de diligencias en nuestra comuna".

"Desde el mes de diciembre se entregó la responsabilidad al fiscal regional de Tarapacá y a quien habla, para continuar a nivel nacional la investigación de ambas fundaciones, lo cual implicaba a nueve regiones. El día de hoy se están realizando diligencias en ocho de estas de manera simultánea", añadió.

El persecutor jefe de Iquique también se refirió a la fórmula de hacer la incautación en distintas regiones a la vez y reveló que fue para "asegurar la diligencia, que no se alerten entre los servicios y asegurar la adecuada coordinación para que se desarrolle correctamente".

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, comentó que "desde que el fiscal de la comuna de Iquique, en Tarapacá, resolvió llegar al ministerio, nosotros nunca entendimos bien por qué lo hacía, porque esa misma información la podía haber solicitado".

"Bueno, eso se aclaró, en fin. Hoy día está, efectivamente, haciendo visitas, porque hasta ahora no han sido allanamientos, esas son visitas en ocho regiones, una de las cuales es la Región Metropolitana, donde hasta donde sabemos, la PDI ha pedido un computador e información sobre dos fundaciones, En Red y Enlace Urbano", sumó.

El secretario de Estado insistió en que las diligencias fueron por "dos instituciones que el propio Minvu denunció en el caso de Tarapacá, porque descubrimos una serie de inconsistencias que no podíamos investigar a fondo y tenía que hacerlo el Ministerio Público, y por eso hicimos la denuncia".

Minvu rompe convenios

La seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta terminó anticipadamente tres convenios con fundaciones y pidió la restitución de más de 1.110 millones de pesos.

Urbanismo Social, Tomarte y Movimiento Firma son las organizaciones que son parte de la investigación de Fiscalía y que habrían sido contactadas por el exseremi Carlos Contreras y la concejala Paz fuica para el programa de Asentamientos Precarios.