Homicidios con armas de fuego, en la vía pública y entre personas que no se conocían previamente, son algunos de los datos que destacaron durante la cuenta pública 2023 de la Fiscalía Regional, la primera del persecutor Juan Castro Bekios en el máximo cargo del Ministerio Público de la zona.

De acuerdo con las cifras presentadas por Castro Bekios, en líneas generales, el año pasado cerró con un leve descenso en los homicidios. Además, en la instancia el fiscal regional entregó detalles de la marcha de la Fiscalía en los ejes de Gestión Jurídica, Términos, Atención de Usuarios y Gestión Administrativa, además de esbozar los principales metas y desafíos del Ministerio Público en la región, entre los cuales está el combate al crimen organizado y la corrupción.

Sobre esto último, el persecutor mencionó el "Caso Convenios", una causa que tiene raíces en la Región de Antofagasta, luego del destape del millonario traspaso entre la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva. A la fecha se registran tres imputados formalizados: el exseremi Carlos Contreras, el exrepresentante de DV Daniel Andrade, y la concejala Paz Fuica. Todos militantes RD y en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en delitos de fraude al Fisco.

"El 'Caso Convenios', su investigación y el curso que ha seguido en nuestra región, es un ejemplo palpable de nuestro compromiso con la verdad y la justicia. Es, además, una muestra clara de que no claudicaremos en la protección de nuestro país contra cualquier forma de corrupción", sostuvo en un momento de su discurso Castro Bekios.

Cifra desconocida

Respecto de la disminución de los homicidios, desde la Fiscalía indicaron que el año pasado cerró con 54 homicidios consumados y 46 frustrados, una leve baja en comparación al 2022, cuando se registraron 62 y 43, respectivamente.

Esta baja, sin embargo, es vista con cautela por el propio persecutor, en conversación con este Diario: "la baja es muy leve. Por lo tanto, es muy difícil determinar si hay algún homicidio, por ejemplo, frustrado, que no haya sido denunciado por el temor de la víctima a ser objeto de represalia. Y que esa herida la haya atribuido a una consecuencia distinta - si es que acudió a un recinto asistencial-y por lo tanto el hecho delictivo que está detrás no haya sido conocido por los órganos encargados de la persecución".

La cifra de no denuncia (o cifra negra) no es exclusiva de la región ni del país, sino que se repite en otros rincones del mundo.

"Es un fenómeno multifactorial, pero uno de los factores que ha incidido (en la región) es la alta migración que hemos tenido, que hace muy difícil dos aspectos: primero, dificulta la denuncia", esto dado a que muchas veces los ciudadanos extranjeros ingresan por pasos irregulares, por lo que "no tienen su documentación y, cuando son víctimas de delito, no se atreven a denunciar por temor, evidentemente, a que salgan perjudicados respecto de su situación y se vean sujetos a una expulsión", comenta Castro Bekios.

A lo anterior añade el incremento de los campamentos, principalmente en Antofagasta y también Calama.

En el caso de la capital regional, el hecho de que se ubiquen en la Cordillera de la Costa impide la existencia de caminos que faciliten el ingreso del Estado, particularmente de las policías, dificultando las denuncias. "O bien, que al vivir en el mismo sector donde están las personas que sí cometen delitos, se vean inhibidas a denunciar por temor a las represalias", añade.

"Evidentemente, es un tremendo desafío", sentencia el fiscal regional. Por lo mismo, argumenta que se buscan maneras de llegar a estas zonas de la ciudad de forma remota con herramientas tecnológicas para que las personas no sientan temor a acercarse. Sostiene que hay "distintos sistemas de mensajería y que permiten el acceso remoto a distintas instituciones y que, por cierto, la Fiscalía ya las tiene. Pero hay que hacerlas de una forma más expedita, más amigable, y que tengan la tranquilidad de que su identidad y seguridad va a estar debidamente resguardada".

Más armas de fuego

En otra arista, en el 38% de los casos de homicidios se utilizó un arma de fuego. A esto el persecutor acota que la mayoría de los homicidios se cometieron "en la vía pública entre personas que no se conocen",

Consultado, Castro Bekios detalla "la mayor cantidad de homicidios se cometían con arma blanca. Y normalmente en contextos en que eran personas que se conocían, donde había ciertas rencillas".

"Y lo segundo, y una hipótesis de bastante cuidado, es que estos (crímenes) pueden estar vinculados al crimen organizado. Teniendo presente esa premisa, las organizaciones criminales muchas veces encargan la comisión de este tipo de delitos a brazos operativos de subestructuras criminales que, por cierto, no son conocidas por las personas que son víctimas. Y estos delitos se cometen, sobre todo, aprovechando los espacios públicos, que son aquellos lugares donde las personas se encuentran muchas veces un poco más vulnerables, prestando menor atención".