No es para nada descabellada la moción del Colegio Médico de Antofagasta de solicitar la declaración de Emergencia Sanitaria Oncológica en la región, ello tras el estudio del Minsal que la sitúa en el primer lugar en tasa de mortalidad por esta enfermedades el país.

El cáncer ha sido un enemigo histórico en esta parte de Chile y siempre se ha abordado con demora, cuando ya ha avanzado a un nivel que las muertes se tornan incontrolables. Pasó con las afectaciones producto del arsénico en el agua, que muchos años después y tras la presión ciudadana se logró enfrentar el tema con la instalación de plantas de tratamiento.

Eso lo conocimos y algunos lo vivieron, por ello hoy que vemos como este mal avanza sin control es necesario tomar medidas que apunten a descubrir y combatir las razones de la mayor prevalencia y en lo inmediato entregar una buena atención a quienes la padecen, poniendo énfasis en la detección temprana y un mejor tratamiento.

En ambos casos se requiere de una inversión, la que deberá hacerse para el bienestar de la población.

Es allí que se entiende la posición del Colmed de Antofagasta, porque este tipo de decretos permite a los municipios realizar algunos cambios presupuestarios para destinar recursos con ese propósito.

Claramente que la tarea no será solo de los jefes comunales y sus dispositivos de Salud. El Minsal tiene que reorientar su labor y generar políticas que vayan directamente a combatir este grave problema que aflige a la región y que requiere de una intervención más decidida.

Los casos aumentan porque la tarea está mal hecha y eso se remedia con un mayor compromiso de los directos involucrados y toda la sociedad. Lo peor es la inacción y de ello debemos ser todos parte, exigiendo y generando apoyos y soluciones.

En el oscuro caldo de la corrupción y la depredación, nació la actual Ley de Pesca, conocida como Ley Longueira. Un parto viciado por el soborno a parlamentarios que consagró la explotación desmedida de nuestra mar por unas pocas familias privilegiadas del sector pesquero industrial. Hoy, mientras se debate la posibilidad de legislar una nueva ley que corrija las injusticias, la pregunta que debemos hacernos es: ¿realmente avanzaremos hacia un modelo más equitativo y sostenible?

La iniciativa presidencial presentada a la cámara de diputados para su discusión deja entrever que el cambio prometido es más un espejismo que una realidad. En una época donde la conciencia ambiental y la justicia social deben primar, la propuesta parece aferrarse a viejas prácticas, ignorando por completo la existencia de pueblos originarios pescadores, como los camanchacos (changos), los lafkenches (mapuches de la costa), los Kawéskar. (Alakalufes), y los Selk'nam (onas).

La grave omisión de reconocer el derecho ancestral a la trashumancia de los pueblos originarios marinos es un retroceso flagrante. La trashumancia, práctica milenaria que permite a estas comunidades desplazarse según las migraciones de los peces, es ignorada, mientras se concede a la industria depredadora el privilegio de moverse a su antojo. ¿Cómo puede esta propuesta ser considerada justa cuando se trata de los pueblos originarios como simples pescadores artesanales, limitando su derecho a seguir las estaciones de pesca más productivas?

El castigo desproporcionado propuesto para los pescadores artesanales, en el cual podrían perder su permiso para trabajar si no laboran un año, no solo equivale a un atentado contra sus derechos humanos más básicos, sino que también representa una privación arbitraria de un derecho ancestral que estos pescadores han ejercido desde mucho antes de la creación del estado chileno. ¿Es acaso justo penalizar a estas comunidades, específicamente a los pescadores pertenecientes a los pueblos changos, lafkenches, Kawéskar y Selk'nam, al ignorar sus tradiciones y su conexión histórica con la pesca, especialmente cuando la realidad económica y climática puede obstaculizar su actividad en determinados períodos?

Además, la propuesta perpetúa la venta del 100% de la cuota de merluza austral y congrio dorado, cuotas que históricamente han sido objeto de especulación. La sobreexplotación de la merluza por el sector industrial debería obligarnos a replantearnos su explotación y reservarla exclusivamente para los pescadores artesanales y los pueblos originarios marinos, quienes han demostrado un vínculo más sostenible con nuestro entorno marino.

En resumen, una nueva Ley de Pesca no puede ser considerada positiva si excluye a los pueblos changos, lafkenches, Kawéskar y Selk'nam. La equidad, la sostenibilidad y el respeto a los derechos fundamentales deben ser la piedra angular de cualquier legislación que pretenda regir el uso de nuestros recursos marinos. Es hora de abandonar viejas prácticas y abrazar un enfoque que promueva un equilibrio armonioso entre la actividad humana y la preservación de nuestro precioso ecosistema marino.