La Sala del Senado rechazó ayer el proyecto de ley que buscaba que los presos mayores de 70 años o que tengan alguna enfermedad terminal pudieran cumplir su condena con medidas alternativas de cárcel.

La iniciativa, impulsada por Chile Vamos, buscaba regular el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para que personas que padecen una enfermedad terminal, un menoscabo físico grave o que tengan una determinada edad, puedan completar las condenas en sus domicilios.

La decisión fue tomada con 21 votos a favor y 23 en contra, en una sesión marcada por protestas de familiares de detenidos desaparecidos. Esto impedirá que una iniciativa en el mismo sentido, que habría beneficiado a 776 personas, no se podrá presentar durante el plazo de un año.

"No a la impunidad"

Debido al posible beneficio a criminales de lesa humanidad, que en su mayoría superan los 70 años, el senador socialista Fidel Espinoza -cuyo padre fue asesinado durante el régimen de Pinochet-, destacó que "el Senado ha dicho que no a la impunidad, no a los violadores de derechos humanos, no a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, que atentaron contra la vida de miles de nuestros compatriotas de las maneras más atroces que haya conocido la historia de nuestro país".

Juan Ignacio Latorre (RD) advirtió que "la derecha no tenía los votos, sólo hizo un punto político; aprobaron en una mayoría circunstancial en la Comisión de Derechos Humanos pero en Sala, como requería quorum, no fue aprobado y eso lo valoro".

"Engaño"

Desde la oposición, aunque votó a favor, el senador UDI Iván Moreira cuestionó la estructura de la iniciativa y manifestó que "no se puede jugar y engañar a la gente, especialmente a aquellas personas que están en (la cárcel) Punta Peuco".

"Por sacar un aplauso fácil presentaron un proyecto que no tenía los votos, que técnica y jurídicamente dejaba abiertas las puertas para todos. Si queremos un proyecto de humanidad, tiene que ser focalizado en aquellas personas mayores que tienen enfermedades terminales", remarcó.

El legislador gremialista insistió que "lamentablemente, la irresponsabilidad y el engaño a los militares de parlamentarios del sector nos llevó a no poder aprobar este proyecto".

Gobierno satisfecho

Tras la votación, el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo haber quedado con "una sensación extraña, porque ayer en la discusión de la Sala se notaba el pesar, y creo que da cuenta de ciertas aproximaciones y fracturas que es necesario abordar razonablemente, y no del modo en que se hizo en este caso".

Cordero añadió que "la impresión que tenemos es que hay una disonancia o cierta discrepancia al interior de la oposición, entre aquellos que deciden promover un proyecto de aplicación general, y otros que más bien están preocupados de las situaciones de salud", puesto que "la manera en que estaba planteado este proyecto era en exceso amplia".

De hecho otro de los grandes cuestionamientos a la propuesta es que podía también beneficiar a violadores, narcotraficantes o asesinos. "Lamento haber llegado a una discusión en Sala de estas características. El Gobierno sigue teniendo la convicción política y jurídica de que un proyecto de estas características es completamente improcedente", dijo Cordero.

El Ministerio del Interior presentó ayer el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile, en el que al confrontar el primer semestre de 2022 con el mismo periodo de 2023, se reveló una disminución del 3% de los asesinatos.

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, explicó sobre la cifra que en 2022 "contábamos con una frecuencia de 651 casos, con una tasa del 3,3 cada cien mil habitantes. Y el año 2023, con una frecuencia de 633, con una tasa del 3,2 cada 100 mil habitantes".

Ambos periodos consideran un total de 181 días, lo que al ser analizados da un promedio de 3,4 asesinatos por día durante el 2023 mientras que en 2022 hubo 3,5 homicidios diarios.

Ante ello, Vergara destacó que "esta disminución confirma el quiebre de un alza que fue bastante significativa, particularmente durante los últimos años".

Sin embargo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aunque destacó la disminución de este tipo de ilícitos, reparó en que el resto de año hubo situaciones preocupantes que podrían traducirse en las cifras anuales.

"Todavía es temprano para saber si frenamos (la tasa de homicidios) el año 2023, porque solo tenemos datos del primer semestre. No podemos dar por hecho que eso haya sucedido. Los datos del primer semestre muestran ciertamente un indicador positivo, pero en el segundo semestre tenemos que ver esos números para evaluar el año", afirmó.

Desde la oposición, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), pidió al Gobierno "que no se burle de la gente mostrándoles cifras totalmente añejas de hace un año, cuando saben perfectamente que los dos últimos meses Chile ha sufrido más de 100 homicidios, que es un récord histórico y devastador. Quieren convencernos de que las cifras son buenas para tapar la realidad de Chile, donde es un serio problema la impunidad".

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, se refirió ayer a las críticas que han surgido frente al régimen de arresto domiciliario como medida cautelar ante los casos de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y la excandidata a diputada del Biobío, Camila Polizzi, quienes han usado sus redes sociales para ostentar sus comodidades mientras enfrentan procesos judiciales por sonados casos de posible fraude.

Ante esto, Blanco comentó que si bien no puede referirse a casos pendientes, en términos generales "es una materia de que genera controversia en la opinión pública y que debe ser estudiada".

El magistrado agregó que "es discutible, porque yo, si estoy en mi casa, probablemente puedo hacer lo que yo estime. Mientras esté en las reglas de convivencia y de moralidad, soy libre de hacer en mi casa lo que yo quiera. Ahora, es distinto si yo decido a lo mejor subirlo a las redes sociales y compartir esas imágenes con otras personas. Obviamente va a quedar resquemor en aquellas personas que dicen 'pero cómo puede estar cumpliendo una prisión preventiva de esa manera'".

"A lo mejor hay medidas que no son convenientes o adecuadas, pero eso no me corresponde en este momento a mí. Solamente lo digo por lo que ustedes me están preguntando, pero habrá que estudiarlo en los debates que se tienen que dar por si alguien quiere proponer una reforma al respecto", precisó el juez.

Respecto al debate sobre la prisión preventiva, el presidente de la Suprema indicó que "el 85% de las peticiones de prisión preventiva son acogidas por los jueces de garantía. Y sobre el 15% que no son acogidas en primera instancia, alrededor de la mitad de esos son revocadas por la Corte. Por lo tanto, eso supone más del 90% de prisiones preventiva".