Contraloría oficia a La Moneda por 58 pensiones y Tohá apunta a Piñera
PENSIONES DE GRACIA. Entre los beneficiarios hay condenados por delitos como estafa, tráfico de drogas, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.
La Contraloría informó ayer que 58 de los 419 beneficiados con pensiones de gracia, por vulneraciones a sus derechos durante las manifestaciones del 18 de octubre de 2019, cuentan con antecedentes penales, algunos incluso más de diez condenas, por delitos como estafa, tráfico de drogas, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.
El ente fiscalizador, además, constató que 19 expedientes de beneficiarios enviados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no presentan antecedentes médicos, o son poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño, o una fecha anterior a octubre de 2019.
De estos 19, nueve fueron subsanados en la auditoría, mientras que ante los diez casos objetados, la Contraloría solicitó verificar antecedentes complementarios que respalden los relatos que dieron origen a la acreditación del INDH, datos que deberán ser enviados al Ministerio del Interior y el ente contralor durante los próximos 60 días hábiles.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que "por supuesto que aquí hay un procedimiento que no estaba bien pensado, no sólo respecto a las pensiones del estallido, estamos analizando las pensiones de gracia hacia atrás".
"En Chile hay 18.000 pensiones de gracia, y nunca ha sido un requisito para entregarla los antecedentes penales. Entonces, esto es algo que tiene que modificarse a futuro", agregó la secretaria de Estado.
Pornografía infantil
Tohá sostuvo que el Presidente Gabriel Boric "apenas conoció el tipo de delito en los cuales tenían participación algunos de los beneficiarios, tomó una serie de definiciones en la semana pasada", mientras era enviada al Congreso la propuesta de modificación al reglamento de las pensiones de gracia, con tal de poder revocarlas.
La titular del Interior señaló que el Mandatario "dejó firmada la pensión de gracia de una persona con antecedentes de pornografía infantil, que inmediatamente ese caso se debía revocar y no era uno de los casos con este daño permanente y grave, como es la pérdida del globo ocular", tipo de lesión que se pretende establecer como criterio para continuar o no entregando los dineros con fines reparatorios.
"La enorme mayoría son otro tipo de daños", no lesiones oculares, indicó Tohá, sumado a que las personas con antecedentes no serían 58, como afirmó Contraloría: "Son 61".
Gobierno anterior
La ministra afirmó que "este procedimiento (para otorgar las pensiones) no era el correcto, que debimos haberlo regulado de otra manera en la Ley, pero no fue nuestro Gobierno el que definió este procedimiento, estaba definido ya cuando nosotros llegamos".
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó que los beneficios se entregaron a través de una "resolución del 4 de enero del 2022 y que no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales. (...) Si usted me pregunta si eso fue un error, yo le diría que sí fue un error, pero yo no dicté ese procedimiento", sino que su antecesor, Juan Francisco Galli, en el Gobierno de Sebastián Piñera.
El Presidente puede revocar
El informe de Contraloría sobre las pensiones de gracia señaló que, "dado el carácter netamente discrecional de la facultad para conceder la respectiva pensión de gracia, debe concluirse que la autoridad otorgante puede igualmente dejarla sin efecto, tal como ha ocurrido", por lo que, como ha señalado la oposición, no sería necesaria la modificación al reglamento solicitada por el Ejecutivo. Diputados aprobaron informe de comisión donde se asegura que hubo irregularidades en la entrega, que fue rechazado por FA y PC.