Pensiones de gracia

En estos días, la ciudadanía ha quedado conmocionada por la entrega de pensiones de gracia a delincuentes con condenas por la comisión de delitos de diversa índole y gravedad, como producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, alega que varias de ellas fueron entregadas durante la administración pasada y la certificación de estas corría por cuenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Esa conducta tan repetitiva de este gobierno, la del mea culpa y mirar para el lado cuando algo sucede, resulta ya agotadora, y en este caso pareciera que el subsecretario desea imitar a aquel que mandó a Cristo a la crucifixión, o como se dice popularmente, hacer un Poncio Pilato: lavarse las manos de lo acometido.

Rafael Astudillo G.

Informe de Contraloría

El último informe de la Contraloría no deja indiferente a nadie. El "financiamiento" indirecto por parte del Ejecutivo a personas con condenas previas de estafa, tráfico de estupefacientes, robo con violencia, homicidios, violencia intrafamiliar, producción de pornografía infantil, abuso sexual, entre otros delitos, sobrepasa todo parámetro de moralidad, dejando claro dos posibles afirmaciones: primero, tenemos autoridades tan incompetentes que no son capaces de leer los antecedentes de las personas que otorgarían las pensiones de gracia o, segundo, eran conscientes de aquello y de todas maneras lo hicieron. Entre ambas es preferible la primera, pero sólo porque simplemente una es menos vergonzosa que otra.

Felipe Jara S. Fundación para el Progreso

Frontera norte

Una pregunta: ¿dónde se inicia y termina la responsabilidad de funcionarios fronterizos en el norte, o más bien su servicio público? Al no controlar la frontera norte, en este caso Colchane, donde se quiso implementar la técnica del megáfono o sensores fronterizos, sólo tendremos como resultado el ingreso ilegal sobre todo de personajes que sólo vienen a delinquir al país. Ya nada escapa a mi capacidad de asombro. Este país a cada hora, minuto y segundo da mucho que hablar.

Alberto Gallegos

Ingreso sin control

Cuando un turista o ciudadano nacional llega al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, debe someterse a una serie de trámites y revisiones. Por ejemplo, si porta productos de origen vegetal y animal, debe declararlos ante el SAG. De lo contrario, ello puede traer consecuencias.

Sin embargo, ante la falta de control migratorio en la zona norte, es posible ingresar al país sin ningún tipo de control.

No me explico tanta desidia gubernamental frente a esta situación que expone a la población nacional a todo tipo de riesgos, incluyendo la entrada de delincuentes y narcotraficantes.

René A. Zapata Valiente

Niñez e inseguridad

Agustina tenía 10 años. Vivía en la comuna de Maipú. Falleció la segunda semana de enero, cuando el auto donde iba recibió un impacto de bala. Un mes antes, otras cuatro niñas y niños murieron por encontrarse en fuego cruzado: Anthony (5), Mayra (13), Dilan (3) y Giordano (14). Víctimas de la crisis de seguridad, niñas y niños están viviendo su día a día bajo las balas: en 2022, 54 niños y niñas murieron en medio de crímenes de distinta índole. En 2023, 38 fallecieron en medio de balaceras y situaciones de violencia. Esto es un drama, pero es algo esperable dadas las condiciones de inseguridad de los barrios.

Como nos ha mostrado el Observatorio Niñez de Fundación Colunga a partir de la encuesta Casen 2022, del total de niñas y niños que viven en Chile, 11,3% lo hace en hogares donde ha presenciado al menos una situación de tráfico de drogas, balaceras o disparos en el último mes, cifra que se sube a 18,5% en el caso de niñas y niños que viven en hogares en pobreza multidimensional.

La crisis de seguridad está afectando a niñas y niños de manera transversal. En la medida que los tomadores de decisiones y la comunidad no la enfrenten con un enfoque del bienestar de la niñez, seguirán expuestos a una violencia constante y progresiva; seguirán sometidos a crecer e ir al colegio en barrios y zonas controladas por el crimen organizado; expuestos al riesgo de sufrir un desenlace fatal un día cualquiera y expuestos también al estigma creciente de vivir en barrios inseguros y a la temprana exposición frente a una cultura que valida la violencia y el conflicto con las normas como un mecanismo viable de integración.

Es la sociedad en su conjunto la que tiene que reaccionar.

Arturo Celedón Director ejecutivo Fundación Colunga