El fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo sus críticas a la forma en que se aplica la medida cautelar de arresto domiciliario como alternativa a la prisión preventiva y anunció que propondrá cambios a esta norma.

El jefe del Ministerio Público ha cuestionado la forma en que el Poder Judicial decidió mantener bajo control a la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga y la excandidata a alcaldesa de Concepción Camila Polizzi, ambas imputadas por delitos económicos y quienes mientras cumplen la cautelar han generado controversia por subir fotos desde la piscina o en clases de yoga.

Ante ello Valencia explicó dijo en Mesa Central de Canal 13 que actualmente el arresto domiciliario se abona a la pena total de una eventual condena por lo que "si (el imputado) estuvo 5 años con arresto domiciliario y esa persona es condenada a 7 años, estos 5 años previos de arresto en su casa se le abonan y cumple 2. Esto lo hemos visto en casos de estafas piramidales en los cuales los imputados han cumplido, a veces, la totalidad de la pena que se les impuso mediante el arresto domiciliario que cumplieron en sus casas".

Otra de sus críticas es que las defensas de las personas imputadas usan el arresto domiciliario para extender el proceso judicial: "La forma como está regulado hoy día el arresto domiciliario implica en los hechos eludir las normas de control judicial acerca de la conveniencia o inconveniencia de que una persona cumpla la pena en libertad por la vía de estos abonos automáticos y dilatando los procedimientos indebidamente".

Por ello anunció que durante la cuenta pública del Ministerio Público propondrá modificaciones para esta medida cautelar. Entre ellas, que el arresto no pueda ser abonado a la pena total y que se establezcan restricciones mayores antes de decidir su otorgamiento.

La Cámara Alta votará hoy el proyecto de ley corta de isapres, con el que se busca que las prestadoras de salud privadas cumplan con el fallo de la Corte Suprema que las obliga a ajustar el precio de sus planes a la tabla de factores y devolver el dinero a sus afiliados por cobros excesivos, sin poner el riesgo la continuidad de estas empresas.

La Superintendencia de Salud fijó la deuda en 1.180 millones de dólares y la medida del Gobierno, que ya pasó por la Comisión de Salud y Hacienda del Senado, propone como alternativa que las isapres soliciten un reajuste extraordinario de los precios bases de sus planes, alzas que podría llegar hasta el 40%, lo que afectaría a las rebajas realizadas con anterioridad en fallos de la Corte Suprema.

Pese a que la indicación del Gobierno fue rechazada en la Comisión de Salud, en la discusión posterior en Hacienda fue aprobada.

Esto fue criticado por el senador Iván Flores (DC), quien manifestó en radio Cooperativa que con ello la deuda la tendrán que solventar los afiliados porque "hay un alza sin tope. Las isapres están obligadas a devolver, pero a su vez van a poder aumentar los precios sin tope. Las isapres que son mejores van a poder ajustarlo razonablemente y las que están desesperadas, quién sabe en cuánto saldrá".

La oposición insiste en la mutualización de la deuda, propuesta que fue rechazada por el Ejecutivo, pero que buscarán reponer para reducir el déficit.

"La Corte no ordena la forma o mecanismo de cálculo de aquellos cobros en exceso, ni tampoco la cuantía de estos eventuales cobros. De allí entonces que el Comité de Expertos determinó que con la aplicación de la tabla única de factores, hubo afiliados que pagaron de más y otros de menos. Por tanto, el mecanismo de cálculo para determinar los eventuales cobros en exceso debe ser sistémico, considerando ambas situaciones", argumentó el senador Sergio Gahona (UDI).

El Juzgado de Garantía de Rengo decretó ayer la ampliación de detención a los cuatro ciudadanos venezolanos imputados por el homicidio de dos personas en un asalto a un camión de frutas en Malloa, Región de O'Higgins. Junto con ello, el gremio de los transportistas anunció que se sumará a la querella anunciada por el Gobierno y exigió a La Moneda tomar medidas urgentes contra la delincuencia.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público por diligencias pendientes, como la autopsia de las víctimas y el peritaje en el sitio del suceso, en la Carretera de la Fruta, donde el vehículo de carga fue atacado cuando regresaba desde el mercado Lo Valledor en la Región Metropolitana: los dos adultos que iban a bordo fueron asesinados y un adolescente que los acompañara resultó herido a bala.

La fiscal María José Díaz precisó que "hoy el tribunal estimó que la detención fue ajustada de derecho. El Ministerio Público, en razón de las diligencias que se encuentran pendientes por la gravedad del hecho, pidió la ampliación de la detención por el plazo de tres días".

Tras esta determinación los sospechosos fueron trasladados a Santiago para que esperen en la Cárcel de Alta Seguridad la continuidad de su formalización, para lo cual Carabineros dispuso de un operativo junto a Gendarmería.

Dolor y ultimátum

Durante la audiencia de ayer familiares, amigos y colegas de las víctimas acudieron a los alrededores del tribunal para exigir justicia. Entre ellos el vocero de la Asociación Gremial de la Región de O'Higgins (Asgro), Camilo Jiménez, dijo que "en virtud de hechos delictuales ocurridos en la comuna de Malloa, donde dos personas quedaron fallecidas, uno de ellos camionero, y un menor de edad con impacto de bala, hacemos un llamado a las autoridades, y le damos 72 horas para que den solución real al tema delictual en nuestro país".

El hijo de uno de los camioneros asesinados, Francisco Mora, dijo a Mega que "todavía no logro asimilar que mi papá no va a volver a la casa. No lo voy a ver más por actos de unos delincuentes que ahora están siendo formalizados. Es doloroso, es doloroso saber que antes de ayer estaba con mi papá, normal, y al otro día recibir la noticia que le dispararon".

Y Patricia Caroca, también familiar de una de las víctimas, señaló a radio Cooperativa que esperan justicia porque "mataron a dos personas, aunque no nos van a devolver a nuestro primo, la justicia ya sería un alivio para nosotros porque el dolor de la familia es muy grande".

Gremio se querella

Ante este crimen, el Gobierno anunció que ingresará una querella contra los detenidos, una acción judicial a la que también se sumó la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC): "Nuestra confederación se hace parte de la querella contra los responsables de estos brutales y cobardes homicidios", dijo su vocero Diego Ramírez.

El gremio lamentó "la desprotección en que se encuentran miles de transportistas que a toda hora usan las carreteras y caminos y están expuestos a asaltos mortales a manos de criminales armados".

La CNDC expresó también su "solidaridad a las familias de las víctimas" y añadió que "este hecho constituye una línea roja ante la cual no es posible ignorar. No esperamos impunidad".