El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que "hemos oficiado formalmente a la comisión asesora para que revise esos 69" beneficiarios de pensiones de gracia que contaban con antecendentes penales, informe que "se le va a entregar hoy (ayer) al Presidente (Gabriel Boric), para que tome la decisión de cuántos de esos 69 va a revocar". Ayer, al cierre de esta edición, eso no ocurría, debido a que el Mandatario continuaba en su visita oficial a Chiloé, Región de Los Lagos.

"Ningún Gobierno había pedido la verificación de los antecedentes penales a través de la solicitud de los extractos de filiación, lo que nos ha permitido saber que son 69 personas de las 418 las que tenían antecedentes penales", detalló la autoridad.

Sobre el informe de Contraloría que dio cuenta de 58 beneficiados con prontuario por delitos como violación, producción de pornografía infantil y violencia intrafamiliar, entre otros delitos, Monsalve afirmó que "no es el único: Contraloría también hizo una auditoría y una fiscalización a la entrega de pensiones de gracia durante todo 2021".

"Si este informe (de las pensiones entregadas por vulneraciones cometidas durante las protestas del 18 de octubre de 2019) fue catalogado de 'lapidario', el otro debería ser catalogado de 'mortal'. Entonces, sugeriría mirar bien antes de hablar de las responsabilidades de cada cual", agregó el subsecretario.

Esto responde a que, horas antes, el exsubsecretario del Interior de Sebastián Piñera, Juan Francisco Galli, dijo en Tele13 Radio que desde el actual oficialismo "presionaron para que estas pensiones de gracia se aplicaran y las siguen defendiendo".

"Si es que hoy consideran que esas pensiones de gracias están mal otorgadas, eso lo pudieron haber determinado al momento de duplicar el monto de esa pensión, claramente esta es una reacción frente al conocimiento publico", concluyó Galli.

El Ejecutivo a fines de la semana pasada informó que ya estaría la decisión de revocar 25 beneficios, lo que debe ser ratificado por el Presidente.

"no asumen"

El líder de la UDI, Javier Macaya, recordó que hace unos días la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que las pensiones no se podían revocar, lo que, después de un proyecto de la oposición, cambió, aunque legalmente existía la opción.

"Hoy día esto de tirar la pelota al Gobierno anterior es más antiguo que el hilo negro. O sea, es un Gobierno que no asume responsabilidades sobre sus actos y utiliza todas las facultades que tiene, lo hizo con los indultos, lo está haciendo con esto, de manera negligente, o peor aún, con otro tipo de intereses", señaló el timonel.

En 2019 "se legitimó la violencia como forma de conseguir un objetivo político, y el INDH fue cómplice de aquello, y quienes estaban en ese momento en la oposición también fueron cómplices", agregó Macaya.

El diputado Nelson Venegas (PS) reveló ayer que dio positivo a un test de drogas efectuado de manera voluntaria a integrantes de la Cámara de Diputados debido al consumo de un medicamento prescrito por un médico general y además informó su renuncia a la Comisión de Ética de la corporación por esta causa.

A través de una videodeclaración pública, el legislador comentó que "voluntariamente, como en ocasiones anteriores, y sin nada que ocultar, me sometí al test de drogas aleatorio como diputado de la República, en los cuales anteriormente no he tenido ninguna dificultad".

"El resultado del test será informado dentro de los próximos días por el secretario de la Cámara de Diputados y Diputadas, como una falta al reglamento de la corporación", adelantó el legislador.

Tras ello, Venegas aclaró que "el resultado se debe a que actualmente estoy en un tratamiento médico para bajar de peso, con un medicamento denominado Sentis, prescrito por un profesional y adquirido con receta médica en una farmacia".

El diputado precisó que "Sentis forma parte de la familia de las metanfetaminas, situación que yo ignoraba. Hago presente que he renunciado a la Comisión de Ética de la Cámara, pues es esa instancia la que debe conocer el caso y quiero dar garantías de total transparencia en esta resolución".

"No consumo droga, y reitero que voluntariamente me sometí al test, con total confianza. Espero que se esclarezca este malentendido a la brevedad" finalizó el parlamentario.

"no informó"

Al ser consultado por este caso, el secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, dijo que el parlamentario no informó de su tratamiento.

Esta información coincidió con el ingreso por parte de las diputadas Paula Labra (independiente-RN) y Pamela Jiles (PH) de proyectos de ley que buscan que sea obligatorio que todas las autoridades públicas, desde el Presidente de la República hacia abajo, se sometan periódicamente a exámenes de laboratorio de detección del consumo de drogas.

"Le solicitamos al presidente Boric que impulse esta iniciativa, ya que si el gobierno reacciona con indiferencia, esto sería al menos sospechoso", señaló Labra.

La Contraloría General de la República descartó "omisiones" en la Ley del Lobby por parte de los ministros de Estado que sostuvieron reuniones en la casa del lobista y exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett, pero que no registraron a tiempo estos encuentros en la legislación.

Los secretarios de Estado cuestionados fueron los de Interior, Carolina Tohá; de Economía, Nicolás Grau; del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara; de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; Agricultura, Esteban Valenzuela; y de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Todos ellos sostuvieron citas de diferente índole en el domicilio de Zalaquett, incluidas algunas con empresarios pesqueros en el marco de la creación de una nueva ley de pesca.

"Luego del análisis efectuado, esta Contraloría General advierte que, en la especie, se configuran algunas de las exigencias legales y reglamentarias para considerar que las citadas actividades constituirían lobby, en tanto se desarrollaron a instancias de una persona que figura registrada como sujeto activo, con la participación de autoridades que poseen el carácter de sujetos pasivos y, además, se abordaron temas propios de las respectivas Secretarías de Estado", expuso el organismo.

"Sin embargo, a la fecha no consta que en tales reuniones se hubieren requerido u obtenido decisiones a que alude el artículo 5° de la Ley de Lobby, como lo exigen la ley y la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General ya reseñada", añadió el ente fiscalizador.

Nuevas medidas

"En consecuencia, a la luz de lo sostenido en los precitados dictámenes, referidos a situaciones de similar naturaleza, y teniendo presente el principio de certeza jurídica, no resulta posible observar las omisiones de registro que se reclaman en base a una interpretación administrativa distinta a la aplicada en la jurisprudencia obligatoria que esta entidad de control mantenía vigente para toda la administración al momento de la ocurrencia de tales hechos", sentenció la Contraloría.

Aunque no existieron elementos para considerar estas reuniones como lobby, de todas maneras Contraloría dispuso nuevas medidas para "perfeccionar los criterios jurisprudenciales de esta Contraloría en la materia, emitiendo instrucciones destinadas a los organismos y servicios públicos de la Administración del Estado y a otras entidades sujetas a su control, sobre aspectos centrales del cumplimiento de dicha ley".