La sala de la cámara alta rechazó un proyecto de ley presentado por un grupo de senadores de Chile Vamos que proponía un sistema de reemplazo de las penas privativas de libertad (cárcel) por reclusión domiciliaria total, para personas que padecen una enfermedad terminal; dependencia severa (no pueden valerse por sí misma), y para los hombres mayores de 70 años o mujeres mayores de 65 años. La propuesta era aplicable en cualquiera de estos casos, independiente de la condena que hubiera recibido el potencial beneficiario, el grado de cumplimiento de la misma y del delito cometido.

Esta mala propuesta era una paradoja, una oportunidad perdida y un ardid. La paradoja está en que, por un lado, la derecha puja por subir las penas, encarcelar migrantes, restringir la libertad provisional, y adoptar otras medidas restrictivas de la libertad, y al mismo tiempo, promueve que salgan de prisión personas que pueden haber cometido crímenes atroces, sin poner ninguna condición para ello; ¿cómo se entiende esto?

No podemos negar que existen situaciones en que la acción punitiva del Estado puede y debe ceder en favor de derechos subjetivos y bienes sociales de mayor valor. La sociedad y los poderes públicos deben hacer esta ponderación y determinar las situaciones en que aplica esta subordinación del interés público, sus bordes y los casos de frontera. Se trata de un debate necesario que afecta a personas que se encuentran en situaciones límites y que requieren con urgencia una respuesta institucional frente a casos que exigen un trato humanitario que haga realidad el valor de la dignidad humana. Haber llevado a votación este proyecto de ley, sin el más mínimo nivel de acuerdo, fue una frivolidad de quienes promovieron esta idea. Con esta decisión se ha perdido una importante oportunidad.

El ardid está en que la derecha quiso pasar "gato por liebre". Este proyecto de ley fue tramitado y aprobado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde la derecha tiene una mayoría relativa circunstancial; aprovechando esta situación, se puso en discusión el proyecto fundado en su aparente carácter humanitario y asegurando que estaba alineado con los convenios y estándares internacionales en materia de DDHH. Sin embargo, los impulsores de esta iniciativa omitían que los principales beneficiarios de esta ley, en caso de ser aprobada, serían las personas condenadas y encarceladas por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, situación que es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así, se mostraba una propuesta con un profundo sentido humanitario, pero su efecto concreto era la liberación de los más crueles violadores de derechos humanos.

En democracia ningún debate puede estar vetado y tampoco debería ser clausurado, pero los actores políticos debemos actuar con particular responsabilidad en aquellos temas que afectan la dignidad, el dolor y la memoria de las víctimas. Desde el Senado debemos trabajar para construir los consensos técnicos y políticos que permitan abordar estos temas de manera serena y ponderada, y alcanzar los más amplios acuerdos; ese es el rol de la política.

Abandonado por su sector político y demonizado por la entonces oposición después del estallido social de octubre de 2019, el doble ex Presidente Sebastián Piñera Echenique (2010-2014 y 2018-2022) había tenido un curioso revival en las últimas encuestas, lo que de cierta manera puede leerse o entenderse como un dejo de justicia sobre su legado, marcado más por las tragedias que por un pasar tranquilo. Debió hacer frente al terremoto y tsunami de febrero de 2010 en las postrimerías del gobierno de Bachelet I y gestionar una reconstrucción de dimensiones jamás vistas en Chile. Ese mismo año tuvo su peak político con el rescate de los 33 mineros, enfrentó la delimitación marítima con Perú en La Haya, dictó la Ley de Unión Civil, chocó con una enérgica resistencia callejera encabezada por un grupo de dirigentes universitarios de apellidos Boric, Vallejo y Jackson, y habló de los "cómplices pasivos" de la Dictadura.

De su segunda administración solo se recuerdan dos cosas: el estallido social de octubre de 2019, con las acusaciones que recibió por supuesta violación de derechos humanos, y la pandemia, cuyo manejo fue tan criticado por las actuales autoridades, pero que hoy es vista por todo el mundo como un modelo de manejo sanitario.

El mejor Piñera, finalmente, era ése, el de la acción. No el del estadista tipo Lagos que se situaba en un púlpito superior, sino el del líder ejecutivo de chaqueta roja, libreta marca Colón, regla y lápices Bic de colores, que gustaba de embarrarse los zapatos y meterse donde ninguno de sus colaboradores osaba hacerlo. No por nada sus cercanos recordaron ayer que esta misma semana había coordinado reuniones telemáticas para proponer un plan de ayuda para los damnificados por los incendios en Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué.

Murió en su ley, qué duda cabe, dejando un legado de una riqueza inescrutable y a buena parte de la población huérfana de sus planes de acción para enfrentar catástrofes y desgracias naturales.