El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda civil en contra de la Fundación Urbanismo Social, con el objetivo de restituir los más de $123 millones suscritos, en el marco de la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios (PAP), sumando así un nuevo capítulo en una de las aristas del "Caso Convenios".

La demanda, ingresada por el CDE al segundo Juzgado de Letras de Antofagasta, indica que el CDE interpone "en juicio de hacienda en contra de la fundación denominada Fundación Urbanismo Social (…) solicitando se la condene a restituir al Fisco de Chile suma de $123.670.385". Esta deuda a restituir, además, debe ser "debidamente reajustada conforme a la variación de Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas (…) entre el 12 de enero de 2024 y la de fecha de pago efectivo", además de las costas.

Convenio PAP

El convenio se remonta a 2021, cuando la seremi y el Serviu cerraron dos acuerdos con la fundación para transferir recursos para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en los campamentos Alto Las Cruces, Altos de Sucre, Fénix y Familias Unidas, ubicados en la comuna de Antofagasta.

El objeto de ambos convenios era disponer la entrega de recursos que posibilitaran a la fundación, gestionar estudios previos y sus respectivos diseños de arquitectura e ingeniería, conjuntamente, con lo necesario para la viabilidad de nivel técnico y social con el objetivo de formular la estrategia de radicación por urbanización en dichos asentamientos.

La demanda es un nuevo paso que dio el CDE en cuanto a esta arista del "Caso Convenios", y forma parte de las acciones posteriores a que se retuvieran los recursos depositados en la cuenta corriente del BCI perteneciente a Urbanismo Social para cautelar los $123 millones aunque, luego de la notificación realizada por el receptor judicial, solo fueron hallados $16.340.801.

En la presentación del CDE, se argumenta que Urbanismo Social "no dio cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones que asumió en cada convenio antes singularizados", y que la Seremi de Vivienda "les puso término en el ejercicio de las facultades pactadas" en los respectivos convenios, en donde además se determina que "la demandada debe restituir al Fisco de Chile la suma total de $123.670.385".

Ante la acción judicial, desde la fundación indicaron que "los $16 millones que permanecen resguardados en la cuenta corresponden al único saldo que Urbanismo Social debe restituir al Estado, tras haber ejecutado casi en su totalidad los dos convenios suscritos. El Serviu Antofagasta revisó y aprobó técnicamente todas nuestras rendiciones hace meses, pero la seremi de Vivienda de la región -sin siquiera haberlas revisado- decidió no aprobarlas administrativamente".

Mientras, el seremi (s) de Vivienda, Alfonso Legunda, sostuvo que las acciones del CDE "se enmarcan en el proceso regular del término de convenios por incumplimientos de las obligaciones pactadas en ellos. El CDE es la institución que representa los intereses del ministerio en los tribunales de justicia, por lo que, al no reintegrarse los fondos requeridos, el paso natural es el requerimiento judicial".

Campamento de ideas

Siguiendo la misma línea de Urbanismo Social, el CDE también solicitó una medida prejudicial en contra de la asociación Campamento de Ideas, con la intención de retener los fondos transferidos en el marco del PAP.

¿El resultado? de los $203 millones que se solicitaba su devolución, en la cuenta del Banco Santander de la organización solo habían $57.689.237, información que fue comunicada el 27 de febrero.

Campamentos de Ideas también contrajo dos convenios con la seremi de Vivienda. El primero para la administración y acompañamiento social y comunitario conjuntos de vivienda de uso provisional Pirita, Jade y Los Topacios, en campamentos Sol Saliente y Villa Esperanza de la comuna de Antofagasta. El segundo contrato era para labores de conservación y seguridad del barrio transitorio 13 de mayo.

Pedro Céspedes, abogado de Campamento de Ideas, comentó que el 27 de febrero "tomamos conocimiento de manera informal de una retención de dineros de nuestra cuenta corriente, que supuestamente dice relación con alguna acción judicial o prejudicial que aún no se nos notifica desde el Consejo de Defensa del Estado. Cabe señalar que los dineros embargados en la cuenta pertenecían a uno de los proyectos que se estaban terminando, y que dichos fondos estaban destinados a pagar las obras de finalización del proyecto 'Mantención sistema domiciliario de alcantarillado' del barrio transitorio Luz Divina VII, cuyo estado de pago fue justamente aprobado ayer (27 de febrero) por el Serviu".

"En este sentido, debemos señalar que Campamento de Ideas, desde 2021 ha ejecutado el 100% de los convenios que en algún momento se adjudicó por parte del Minvu Antofagasta, con contraparte técnica del Serviu, todos aprobados técnicamente por este último y aprobados financieramente hasta diciembre de 2022", subraya Céspedes.

"Sin embargo, durante 2023, Minvu cambió drásticamente su ejercicio de revisión a partir del estallido del 'Caso Convenios', y rechazó una serie de rendiciones que hemos realizado, como en derecho corresponde, con las devoluciones en la cuenta del Minvu de aquellos proyectos ya finalizados. Dicho rechazo lo ha fundado el Minvu en que el Serviu no emitió la resolución aprobatoria de carta gantt, presupuesto y ficha de inversión, cuestión que es ajena a las labores que ha realizado Campamento de Ideas".

Sobre lo anterior, Céspedes resume. "Es decir, Minvu rechaza las rendiciones de nuestra asociación por incumplimiento de Serviu. En este sentido, estamos evaluando acciones legales tanto en contra de Serviu como Minvu por la diversidad y gravedad de los perjuicios que se han provocado hacia nuestra organización".

"En paralelo, los dineros que hemos devuelto dicen relación con montos no ejecutados en los diversos programas que la asociación ejecutó y que consideramos no controversiales, los que hasta hoy suman $31.978.310", concluyó el representante legal.