Hace una década, quienes hoy nos gobiernan enarbolaban banderas en contra de la educación particular subvencionada, vociferando "contra el lucro, el copago y la selección", demonizando a sus sostenedores, tratando a sus apoderados de arribistas y haciendo lo posible para "bajar de los patines" a sus alumnos, quienes representan más de la mitad de la matrícula del sistema escolar. Han pasado casi 10 años y la reforma hoy nos enfrenta a una grave crisis de cobertura escolar.

Cuando hablamos de cobertura nos referimos a la capacidad física instalada para atender la demanda de cupos en el sistema escolar. Hasta antes de la Ley de Inclusión, cada año se creaban nuevos colegios a la par del crecimiento demográfico del país. Mediante el sistema de subvención, los privados se constituyeron en un socio estratégico del Estado, brindando oportuna respuesta a los alumnos que requerían matrícula a medida que la población crecía. Sin embargo, desde el año 2018 se dejaron de crear colegios subvencionados y más de 600 cerraron sus puertas.

Por causa de esta ley si un colegio nuevo quiere recibir subvención, no puede funcionar en un inmueble arrendado, lo cual hace imposible la creación de nuevos establecimientos ya que, al estar constituidos como personas jurídicas sin fin de lucro, sus sostenedores no pueden acceder a financiamiento bancario para construir un inmueble educacional propio.

Por otra parte, la misma ley exige a los sostenedores antiguos que funcionaban en un inmueble rentado, a hacerse dueños de este recinto escolar. Sin embargo, el sistema quedó tan mal diseñado que luego de 6 años, menos del 10% de los colegios del país han logrado adquirir su infraestructura bajo esta modalidad, lo cual demuestra el más absoluto fracaso de esta política pública. El problema es que, en tanto el colegio siga arrendando, la ley le prohíbe al sostenedor hacer ampliaciones con cargo a los fondos que administra. De este modo, pese a que en muchos casos los colegios cuentan con recursos propios para construir nuevas salas y aumentar sus cupos, la ley les prohíbe hacerlo.

Seamos francos. Este escenario no es un misterio para quienes diseñaron el sistema. Su objetivo siempre fue frenar el crecimiento de los colegios subvencionados, pues creían que así generarían un aumento en la matrícula del sector público. Pero ¿qué hacemos ahora frente al grave problema de sobredemanda que tenemos, impulsado por el crecimiento demográfico y una ola migratoria nunca antes vista? Porque convengamos que el sistema público no tiene el dinamismo del sector privado para responder con la velocidad requerida a las necesidades de nueva infraestructura escolar. Si ya no hay lucro en los colegios subvencionados, no tiene sentido limitar su posibilidad de crecer, salvo por caprichos ideológicos.

Permítanme proponer tres medidas concretas para reactivar los cupos en el sistema subvencionado: 1) Que se acepte de forma permanente el arriendo de infraestructura escolar. De este modo, los colegios que no tengan recursos propios para construir un nuevo establecimiento podrán recurrir a terceros que les provean de un inmueble donde funcionar, pagando un arriendo razonable por dichos recintos. 2) Que se autorice a los sostenedores que hoy arriendan a construir ampliaciones o mejoras en los inmuebles donde funcionan con los fondos que administran, las que tendrán que descontarse del precio de venta en caso que el colegio adquiera el inmueble. 3) Que se genere un mecanismo ágil para regularizar los inmuebles escolares, evitando trabas en la obtención de permisos o recepciones definitivas de obras.

Estas medidas permitirían activar rápidamente la creación de cupos en el sistema subvencionado lo cual solucionaría el problema de la demanda insatisfecha en la educación escolar. Por esto hacemos un llamado a las autoridades y parlamentarios para avanzar en esta línea, dando respuesta a las familias de los miles de niños, niñas y adolescentes que hoy no tienen donde estudiar.

De lo contrario, la crisis de cupos irá creciendo año tras año.

La falta de cupos para que los niños y niñas antofagastinos cumplan con la obligatoriedad de cursar enseñanza básica y media se ha convertido en un problema agudo y persistente. Desde hace varios años, la ciudad ha enfrentado dificultades en este sentido, con cifras alarmantes que evidencian la magnitud del desafío. En 2023, se reportaba que 323 estudiantes estaban en lista de espera para matricularse, y aunque la cifra actual no está disponible, se estima que ha aumentado considerablemente.

Este problema se agrava debido a la falta de planificación para anticipar la explosión demográfica que ha experimentado la región, así como el incremento en el ingreso de familias migrantes. Las escuelas y liceos existentes se encuentran desbordados, y la situación se ve agravada por la ausencia de inauguraciones de nuevos establecimientos educativos en más de una década, lo que perpetúa la crisis.

Los expertos señalan que una posible solución radica en permitir el ingreso de privados y flexibilizar los actuales amarres. El Estado, que actualmente no puede hacer frente a la carga, corre el riesgo de que la justicia intervenga para corregir legalmente el problema, como ya ha sucedido en casos anteriores.

Es evidente que los niños no pueden esperar indefinidamente una solución. Es urgente que se tomen medidas concretas para abordar este problema y garantizar el acceso de todos los niños y niñas antofagastinos a una educación de calidad.

Es conmovedor leer testimonios de estudiantes que tienen sus útiles y uniformes, pero que con tristeza ven pasar a quienes tienen cupos y ellos deben seguir a la espera anclados a la esperanza que el sistema de selección (SAE), resuelva algo que no ha hecho antes.

Son ellos los que merecen una respuesta del Estado y de sus actuales gobernantes, los mismos que antaño vociferaron por una educación digna.

El Presidente Milei se define e identifica a sí mismo como un león, que simboliza la fuerza, decisión, ser capaz de avanzar sin transar y negociar desde una posición totalmente dominante. Esta definición evoca la clásica caracterización de halcones y palomas de la política norteamericana refiriéndose a posiciones más agresivas y avasalladoras de unos, y conciliadoras y dialogantes de otros.

Milei aprovechó la popularidad inicial que le dio su triunfo y desplegó una estrategia de león (halcón), con un DNU y una ley Ómnibus que intentaron poner la máxima presión al Congreso y a la clase política en general, con un discurso que daba muy poco espacio a la negociación. La apuesta era todo o nada, y los resultados han sido pobres, viéndose obligado a recortar sistemáticamente casi la mitad de los artículos de la ley Ómnibus, a lo que se agrega una compleja relación con los gobernadores provinciales y el poderoso jefe de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Parece que es urgente ajustar o al menos calibrar la estrategia. Las palomas lideradas por Franco y Caputo impulsan el Pacto de Mayo como un gran acuerdo nacional que busca sacar la presión del debate desde el Congreso y llevarla a los gobernadores y líderes políticos, usando para ello incentivos tributarios para las provincias. Esta apuesta es arriesgada, pero puede implicar un espacio de diálogo que descomprima la situación en Argentina.

El primer encuentro de los gobernadores con Posse, Franco y Karina Milei, es un primer triunfo para el gobierno. Con 19 gobernadores confirmados incluido Kicillof, está por verse si se llega al Pacto de Mayo para reconfigurar una relación más dialogante en la política Argentina que permita implementar las reformas que alivien la crisis que vive el país.